El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe sobre la libertad de expresión en el Perú, correspondiente al mes de marzo, con tres casos concretos.
Se trata de la ley mordaza encubierta propuesta por el congresista Luis Cordero (Acción Popular), el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del periodista Liubomir Fernández y el eventual levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista Gustavo Gorriti.
Respecto al primer caso, el CPP recordó que la iniciativa de Cordero Jon Tay busca evitar que la información de interés público –comprendida en un proceso vía de colaboración eficaz- llegue a la ciudadanía a través de sanciones administrativas o penales a fiscales que la difundan.
Indicó que dicho proyecto de ley supone una “mordaza encubierta” y es “un absurdo” pretender que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio, ya que la prensa en repetidas ocasiones ha descubierto casos de corrupción en el poder, razón por la cual pidió que se archive la propuesta.
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Sobre Liubomir Fernández, señaló que ha sido presionado y amedrentado por publicar reportajes sobre mafias integradas de policías que estafaron a cientos de personas a través de redes piramidales en Puno. Incluso ha señalado al abogado Enrique Calmet Choque como uno de los responsables.
Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana indicó que el caso es uno de los más recientes de seguimiento y reglaje, razón por la cual solicitó –junto a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad- medidas cautelares a favor del periodista en una carta dirigida a Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.
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En cuanto a Gustavo Gorriti, la CPP indicó que la fiscalía le abrió investigación preliminar al director de IDL-Reporteros y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal, y solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista.
En este punto, dicho gremio periodístico refirió que si bien entiende que todo ciudadano puede ser investigado por el Ministerio Público, le preocupa un eventual levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gorriti, pues podría afectar el derecho a la reserva de las fuentes y abrir una puerta para otros procesos similares.
WUF
