Dina Boluarte: ¿qué implicancias tendría la condecoración de la mandataria al presidente del Poder Judicial?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, condecoró al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz el miércoles último en Palacio de Gobierno. Esto en un contexto en el que la mandataria enfrenta investigaciones fiscales por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo impropio y otros, que eventualmente podrían llegar a juicio oral tras su mandato.

“Con mucho gusto rendimos homenaje a los magistrados y jueces de todo el Perú a través del doctor Javier Arévalo, primer abogado laboralista que alcanza la gran responsabilidad de presidir el Poder Judicial”, dijo Boluarte durante la ceremonia, donde se condecoró también a otras personalidades.

Arévalo brindó un discurso en representación de los condecorados. En este mencionó a la presidenta Boluarte, para recordar que ella promulgó la ley 31699, relacionada a la nueva ley procesal del trabajo, el 28 de febrero del 2023.

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El abogado penalista Vladimir Padilla destacó que el Poder Judicial ya tiene conocimiento de la investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos, conocido como el Caso Rolex.

Ello porque en marzo pasado, el juez Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, autorizó el allanamiento de la casa de la mandataria y de Palacio de Gobierno.

Por esto, en opinión de Padilla, la decisión de Arévalo de aceptar la condecoración de una investigada “es un desatino total”.

El 29 de marzo último, representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron la vivienda de Boluarte, ubicada en Surquillo. Aquella vez, los agentes de la Diviac, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, tuvieron que romper la puerta de la vivienda para poder llevar a cabo esa diligencia.

Colchado fue retirado de la Diviac de manera temporal en abril pasado, cuando se la abrió un proceso disciplinario por publicar la foto de una torta de cumpleaños que haría alusión - según la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP - al allanamiento a la casa de la presidenta.

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Padilla resaltó: “Como presidente del Poder Judicial, [Arévalo] no solo realiza labor administrativa, sino también elige quiénes lo acompañan en la Corte Suprema como miembros provisionales, designa las salas de la Corte Suprema. Tiene poder. Por ejemplo, Juan Carlos Checkley es un juez supremo provisional. En buen romance, él lo ha puesto ahí. ¿Qué podría pensar Checkley ahora que Boluarte ha condecorado a Arévalo? Y si no fuera así, ante la opinión pública ya perdió objetividad”.

Para Padilla, el presidente del Poder Judicial ha vulnerado el deber de imparcialidad. “Para mí es gravísimo. Como funcionario, no necesitas que te pongan medallitas. Y la pregunta es: ¿Por qué ahora te condecora? Lo que está haciendo en estos momentos es indisponer al resto de jueces. Eso desde ya debería recibir el rechazo. De un tiempo a esta parte, sus decisiones han sido bastante desatinadas”, dijo.

“Un juez no solo tiene que ser, sino parecer imparcial. [...] Pueden decir que como presidente del Poder Judicial, Arévalo hace labores administrativas. Pero cuidado, porque no escapa de seguir siendo juez supremo"

Vladimir Padilla, abogado penalista

El abogado penalista Luis Lamas Puccio observó que la condecoración atentó contra la autonomía del Poder Judicial.

“Es cuestionable la actitud de la señora presidenta. Implica atentar contra la autonomía del Poder Judicial y, en alguna medida, intentar generar cierto tipo de presión política al curso de los acontecimientos judiciales, en lo que respecta a su posible participación en hechos delictivos graves”, dijo en diálogo con El Comercio.

Para Lamas Puccio, el acto fue “una burla a la opinión pública y un desprecio a la institucionalidad y al estado de derecho”.

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El abogado precisó que la condecoración no tiene connotaciones en materia de responsabilidad penal, pero sí implicancias en cuanto a la imagen del ejercicio de la función pública. “Hay un cuestionamiento de naturaleza política”, dijo.

La abogada penalista Liliana Calderón agregó que la condecoración fue inoportuna. “No creo que los jueces se vayan a ver condicionados a favorecer a la presidenta. [...] Más que un tema legal, [el cuestionamiento] es político. No fue adecuado ni resultó correcto que la mandataria, que está siendo investigada, ofrezca una condecoración y que el presidente del Poder Judicial la acepte”, dijo.

Recientemente, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima rechazó un recurso presentado a favor de Boluarte, que buscaba anular el allanamiento de su vivienda y Palacio de Gobierno.

En tanto, el Ministerio Público ha requerido al Poder Judicial que confirme la incautación de tres relojes Rolex y una pulsera de diamantes que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entregó a la presidenta.

La fiscalía espera que la resolución judicial asegure dichos bienes y evite su pérdida o desaparición si le son devueltos a Oscorima.

Por el mismo caso, Boluarte está citada a la Fiscalía de la Nación para el 15 de mayo, para que rinda una nueva manifestación.

La mandataria también es investigada por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales en diciembre del 2022 y enero del 2023.