El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará este miércoles 15 de junio, a las 10:00 horas, el recurso presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo que busca anular la investigación en su contra en la fiscalía de la Nación.
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El jefe de Estado es investigado por la Fiscalía de la Nación de manera preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en agravio del Estado.
La tutela de derechos es un mecanismo que utiliza la defensa de los investigados para cuestionar actuaciones del Ministerio Público o de la Policía Nacional por la presunta vulneración a los derechos constitucionales.
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El pasado 31 de mayo, Castillo Terrones presentó dicho recurso ante el Ministerio Público solicitando que se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva disposición al sostener que la “Carta Magna prohíbe la persecución del presidente de la República -en funciones- en los casos no previstos en su artículo 117″.
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Añadió que según la Constitución solo se puede investigar a un presidente en funciones cuando concurran alguno de los supuestos.
Según el artículo 117 de la Constitución: el presidente de la República “solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
El abogado del mandatario, Benji Espinoza, solicitó al Poder Judicial que anule la investigación preliminar iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y como consecuencia, se deje sin efecto la citación para interrogarlo este 13 de junio.
Cabe indicar que la Fiscalía de la Nación citó a Pedro Castillo a declarar ese día a las 10:00 a.m. por el Caso Puente Tarata III. Su abogado anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si se rechaza la tutela de derechos que busca dejar sin efecto la investigación fiscal en su contra.
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