Ley MAPE: Dirigentes de mineros informales estuvieron en el Congreso en pleno debate del “nuevo Reinfo”

Dos de los dirigentes más visibles del sector de la minería informal asistieron al Congreso el martes 3 de junio, durante el debate en la Comisión de Energía y Minas sobre el predictamen de la nueva Ley MAPE, que propone cambiar la normativa para la pequeña minería y la minería artesanal.

El predictamen fue enviado a cuarto intermedio por falta de consenso entre los congresistas de la comisión. Sin embargo, tras la sesión, una escena no pasó desapercibida: Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), fue visto en el Parlamento y lució alterado.

Según el registro de visitas del Congreso, el dirigente minero ingresó por invitación directa del titular de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). Estuvo allí entre las 3.53 p.m. y las 5.45 p.m.

Franco Bequer reclamó a un grupo de periodistas por no entrevistarlo. Su organización, la Confemin, ha participado activamente en protestas para exigir la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que —en la práctica— ha facilitado la expansión de la minería ilegal.

El registro de visitas del Parlamento también reporta dos ingresos de Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe).

Cajachagua estuvo en el Parlamento la mañana del martes, entre las 10 a.m. y las 11.24 a.m., para —según el reporte oficial— visitar a Guillermo Quiroz, asesor principal del congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso).

Luego, volvió al Parlamento entre las 2.56 p.m. y las 4.36 p.m. por invitación directa del congresista Gutiérrez.

La sesión de la Comisión de Energía y Minas se inició aproxidamente a las 2.30 p.m. y terminó al promediar las 5.30 p.m.

Al cierre de esta publicación, no logramos contactar a Franco Bequer y Cajachagua.

Defensores del “Reinfo recargado”

A pesar de los cuestionamientos técnicos y legales del predictamen, un grupo de parlamentarios insistió con su aprobación, alegando que el proyecto puede perfeccionarse en el camino.

El presidente de la comisión fue uno de sus principales impulsores. Calificó la propuesta como “justa, responsable y técnica” y aseguró que responde a un trabajo iniciado en diciembre pasado.

“Queremos ayudar a nuestros hermanos que durante años han estado dedicados a esta actividad sin poder formalizarse. No es que ellos no quieran”, afirmó.

A Gutiérrez lo respaldaron sus colegas Segundo Quiroz y Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial), así como Pasión Dávila (Bancada Socialista), quien justificó su apoyo en términos políticos: “Si hoy no iniciamos, nunca lo haremos. ¿Vamos a hacer caso a las indicaciones de las grandes o medianas mineras? Es un proyecto que seguramente tiene algunas debilidades, pero estamos para corregir”, dijo.

Argumentos

Los legisladores que respaldaron el predictamen coincidieron en una idea central: la urgencia de aprobar la norma. Para ellos, el nuevo registro (Renapmat) debe ponerse en marcha cuanto antes.

Esa postura fue cuestionada por otros integrantes de la comisión, quienes alertaron que el predictamen no resuelve los problemas de la informalidad, sino que los reproduce e incluso los agrava.

La congresista Diana Gonzales (Avanza País) lo describió como un “Reinfo recargado”.

“Es un premio a la ilegalidad. Discrepo completamente con este nefasto predictamen. Por ello, mi voto será en contra”, anunció Gonzales durante la sesión.

La parlamentaria Nilza Chacón (Fuerza Popular) pidió suspender el debate, una propuesta que fue acogida sin necesidad de votación.

“Si se aprueba sin la debida reflexión, puede marcar un retroceso en la lucha contra la minería ilegal”, advirtió.

En tanto, Karol Paredes (Avanza País) y Ruth Luque (Bloque Democrático) también se opusieron con firmeza. Esta última aseguró que el texto representa un “Reinfo 2.0” que permite la continuidad de operaciones informales bajo una nueva fachada legal. Ambas insistieron en que cualquier intento de formalización debe tener un enfoque territorial, con protección de derechos colectivos y criterios ambientales.

De acuerdo con las legisladoras, el proyecto no representa un avance hacia la formalización, sino que reproduce los problemas del Reinfo, el cual vence este 30 de junio.

Críticas técnicas

Los cuestionamientos al predictamen abarcan diversos frentes. Especialistas han advertido que se incorporan conceptos como “minería tradicional” sin base técnica, lo que permitiría operar en concesiones ajenas sin vínculo laboral. También se establece la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal a quienes se inscriban en el nuevo registro, lo que contraviene un reciente fallo del Tribunal Constitucional.

Otro punto sensible es la figura de la “servidumbre minera”, que habilitaría a terceros a usar concesiones privadas sin acuerdo entre las partes.

El futuro del predictamen

Ante la falta de respaldo, Gutiérrez anunció que se abrirán mesas de trabajo para ajustar el documento. Sin embargo, la presión de sectores interesados en la continuidad del Reinfo sigue latente. Mientras tanto, permanece en curso una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por su manejo del proceso de formalización.

En un contexto de alta tensión política, el Congreso deberá decidir si avanza con una norma que, según sus críticos, legaliza la ilegalidad.

Desde el Ejecutivo

Recientemente, el gobierno de Dina Boluarte introdujo una serie de modificaciones al reglamento de la Ley N°32213 —norma aprobada por el Congreso que amplió la vigencia del Reinfo hasta finales de junio, con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre— y que otorgó al Ministerio de Energía y Minas la conducción del proceso de formalización minera.

Entre los principales cambios del Decreto Supremo N°010-2025-EM, firmado por la presidenta Boluarte y el ministro de Energía y Minas, destaca la eliminación de la posibilidad de que Reinfo sea transferido a un nuevo titular “por sucesión”, es decir, cuando el minero informal registrado fallece y su inscripción pasa a manos de un heredero.

Esta figura había sido incorporada originalmente en el Decreto Supremo N.º 018-2017-EM y fue ratificada por el mismo gobierno en el Decreto Supremo N°09-2025-EM, emitido en mayo.

Por otro lado, tal como detalló El Comercio, a la propuesta legal que el Ejecutivo remitió al Congreso el año pasado para establecer una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, la actual gestión del Ministerio de Energía y Minas incorporó un informe adicional. En este documento, según advierten especialistas, no solo se añaden nuevos conceptos al debate, sino que también se modifican e incluso desnaturalizan posturas.