Dos Parlamentos, un mismo objetivo: interpelar a ministros de Educación

Dos días después de que el Gabinete liderado por Walter Martos lograra el voto de investidura en el Congreso, el titulares de Educación Martín Benavides se presenta este jueves ante el pleno para responder un pliego interpelatorio, impulsado por un bloque opositor a las políticas del sector que viene desde el periodo disuelto y ya apuntó a cuatro ministros.

Suman 10 las mociones interpelación presentadas contra ministros de Educación en los últimos 20 años. De estas se aprobaron seis, aunque en uno de los casos no se ejecutó porque la ministra renunció al cargo.

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Si analizamos los cinco casos donde las mociones cumplieron su cometido de llevar al ministro al pleno a responder un pliego interpelatorio, tres se dieron en los últimos cuatro años: Jaime Saavedra, Flor Pablo y Martín Benavides. En el caso de Saavedra, el anterior periodo disuelto llegó hasta la censura.

Hasta el 2016, el último antecedente que se tenía data de 1966 cuando el Senado censuró al ministro Carlos Cueto Fernandini, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde.

La moción presentada por el senador aprista Carlos Enrique Melgar decía que el titular de Educación había incurrido en una descortesía para con el Senado. Los archivos indican que se produjo un fuerte intercambio de palabras entre el ministro y los parlamentarios apristas. La censura fue política, y casi 55 años después, las cosas no parecen haber cambiado mucho.

Suman seis los ministros de Educación en los últimos cuatro años. Los dos únicos que no afrontaron mociones de interpelación fueron Idel Vexler y Daniel Alfaro.

En el caso de Marilú Martens, se aprobó la moción en su contra, pero renunció al cargo antes de la fecha prevista para su presentación ante el pleno.

Tanto el periodo disuelto como el actual coinciden en tener como primer ministro interpelado a un titular del Minedu. Lo único que ha cambiado entre un periodo y otro es la bancada que impulsó la moción: en el 2016 fue Fuerza Popular contra Jaime Saavedra, y en el 2020 figura Acción Popular contra Martín Benavides.

El vocero acciopopulista, Ricardo Burga, no descartó impulsar una censura tras la sesión de interpelación de este jueves.

Abanico de intereses

Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sostuvo que existen varios intereses afectados dentro del rubro de educación que conllevan a los parlamentarios a ejercer presión política a través de interpelaciones o censuras.

Sin embargo, indicó que son complejos de delimitar, debido a que si revisamos los pliegos interpelatorios, muchas de las preguntas no tienen que ver con el contexto que se vivía en el momento de aprobada la moción.

“Hay un tema claro de afectación de intereses, donde se sienten amenazados y utilizan la interpelación como herramienta. La interpelación contra Patricia Salas empieza por un incendio en un almacén, pero se terminó preguntándole sobre textos de Sendero Luminoso”, recordó Cuenca.

En efecto, el tema del terrorismo en los textos escolares ha sido una constante en los pliegos interpelatorios. En el 2019, la pregunta 18 del pliego presentado contra la ministra Flor Pablo fue: “¿Le parece correcto que en los textos escolares se haga referencia a Sendero Luminoso y al MRTA, sin anteponerles los términos de “Organización Terrorista”, aceptadas internacionalmente para identificarlos exactamente como tales, lo cual hace justicia a las miles de víctimas en acciones terroristas?”.

También se podían encontrar preguntas como la siguiente: “Hace pocos días señaló usted a todos los medios de comunicación, en referencia al denominado “enfoque de género”, que: “queremos personas tolerantes y que no discriminen”. Al respecto, ¿Considera que las personas que no están de acuerdo con el denominado “enfoque de género”, los millones y millones de padres de familia son intolerantes y discriminadores?”.

El investigador Cuenca señaló que los intereses son complejos, pero que se ha podido identificar algunos con notoriedad, como la resistencia ideológica y al modelo de regulación de calidad, así como intereses políticos de campaña (los que ofrecen creación de universidades), y los netamente comerciales.

“En el ’96 se creó el lucro y no quieren perder el negocio. El licenciamiento de la Sunedu supone una inversión fuerte para la educación de calidad. Entonces hay una afectación a un abanico de intereses”, afirmó.

El tema de la reforma universitaria ha sido el de mayor asedio en el Parlamento. Desde su aprobación en el 2014, la norma ha sufrido -desde el mismo Parlamento- acciones de inconstitucionalidad y distintos intentos de modificaciones. La última acción se registró en el actual periodo legislativo, donde la Comisión de Educación buscó crear una instancia superior a la Sunedu.

El factor político tampoco se puede dejar de lado. Para Cuenca, la interpelación y censura de Saavedra fue una demostración de poder de Fuerza Popular y el Apra contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En general -advirtió el investigador- varias agrupaciones buscan colgarse del tema educativo para conseguir legitimidad y réditos políticos.

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