Ilustración: Giovanni Tazza
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/ Ilustración: Giovanni Tazza

El (CPP) rechazó de manera contundente la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca. La medida se da en el marco de una investigación preliminar abierta por el Ministerio Público por presunto delito de cohecho, que también involucra a la fiscal .

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El caso se origina en las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides e investigado en el . Según su testimonio, Barreto habría pedido a los periodistas difundir información negativa sobre la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, Cruz y Prado lo negaron y el propio Girao reconoció posteriormente que no observó un acto ilícito.

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Héctor Villalobos

Para el CPP, el pedido de levantar el secreto de las comunicaciones constituye una “irregularidad” y un “abuso” que amenaza la libertad de prensa y el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. La institución alertó además que este tipo de medidas se está normalizando en el país, con un uso arbitrario de las investigaciones que “huelen a venganza y persecución”.

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Que un fiscal solicite una publicación a un periodista no es un acto delictivo, toda vez que éste no tiene control sobre lo que su interlocutor dice. Sin embargo, sí sería una grave falta ética que el periodista acepte el pedido -algo que tanto Cruz como Prado han rechazado-, pero en ningún caso ameritaría una medida como esta”, se lee en el pronunciamiento.

Organismos advierten que la medida constituye un abuso y amenaza la libertad de prensa. (Foto: Difusión)
Organismos advierten que la medida constituye un abuso y amenaza la libertad de prensa. (Foto: Difusión)

Por su parte, el (IPYS) emitió un comunicado en el que recordó que, aun si los hechos señalados por Girao fueran ciertos, no se justifica abrir una investigación por cohecho contra los periodistas, ni mucho menos levantar sus comunicaciones privadas.

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El IPYS precisó que no busca la impunidad de los periodistas frente a pesquisas legales, pero sí garantizar que la labor informativa tenga las protecciones necesarias frente a medidas que atentan contra la confidencialidad de las fuentes, pilar fundamental del periodismo de investigación.

ANP se pronuncia

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su más enérgica preocupación frente a esta solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas.

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En un comunicado, señaló que la medida “constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la reserva de las fuentes informativas”, pilares fundamentales de la democracia.

“La ANP recuerda que el secreto profesional de los periodistas está protegido por la Constitución y la jurisprudencia internacional de derechos humanos”, manifestó.

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“Intentar quebrantarlo bajo el argumento de una investigación induce a represalias y persecuciones contra quienes cumplen con el deber de informar”, añadió.

Asimismo, remarcó que pretender convertir el vínculo fuente–periodista en un hecho criminalizable sienta un “precedente peligrosísimo” para el ejercicio del periodismo en el país.

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Por ello, la ANP demandó al Ministerio Público que respete las garantías constitucionales del periodismo y desestimen cualquier medida que vulnere la protección de las fuentes informativas.

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