Elecciones 2018: hay 91 candidatos por Lima y regiones con sentencias

Una vez terminada la inscripción de los candidatos a las elecciones municipales y regionales de octubre, una revisión detallada a sus hojas de vida permite conocer sus antecedentes. La cifra de postulantes con sentencias en los distritos de Lima asciende a 53 (de 692 candidatos), mientras que entre los aspirantes a gobernadores esta llega a 38 (de 367 candidatos).

La ley obliga a consignar en la hoja de vida sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, incluidas las que tienen reserva del fallo, así como las sentencias que declaren fundadas las demandas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar.

El incumplimiento de obligaciones alimentarias es el rubro en el que más casos se acumulan: 16 demandados entre los candidatos distritales en Lima y 19 entre los aspirantes a gobernadores regionales. Algunos registran más de una demanda, como Jesús Paredes Cervantes (Rímac), quien consigna seis fallos por alimentos: tres procedentes, uno fundado, uno en proceso y uno archivado.

El candidato Víctor Vilela (Independencia) fue sentenciado por incumplir con la pensión de alimentos. Su condena de un año de prisión suspendida fue dictada en abril del 2017. Es decir, la terminó de cumplir hace dos meses.

Además, son tres los candidatos que tienen demandas por violencia familiar.

—¿Quedan fuera?—
En la lista de candidatos distritales con antecedentes también figura el ex alcalde de Breña José Gordillo, quien consigna una sentencia dictada en agosto del 2017 por abuso de autoridad. Gordillo registra que el fallo está “en cumplimiento”.

En las regiones, Absalón Vásquez (Cajamarca), Pablo Fuentes (Puno) y Jacinto Gómez (Tacna) registran condenas por peculado. Asimismo, los candidatos Javier Vega (Lima Provincias) y Víctor Raúl Paredes (Los Olivos), por el delito de colusión.

Estos candidatos podrían estar impedidos de postular según una norma dada por el Congreso en enero pasado. Según esta ley, no pueden postular los condenados por los delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. La norma se aplica para sentencia consentida (cuando no se interpone recurso) o ejecutoriada (cuando se agota la vía judicial).

Hasta la fecha, solo el Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna ha solicitado la sentencia completa del candidato Jacinto Gómez para determinar si la norma le alcanza. Esto debido a que la ley tiene más parámetros: su aplicación se da para condenas por “la comisión, en calidad de autor, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios”.

En el caso de Absalón Vásquez se suma el impedimento de postular para los deudores de reparaciones civiles al Estado. Pese a deber más de S/1 millón por peculado, según el registro del Ministerio de Justicia, Vásquez ha solicitado al JEE de Cajamarca que no se le aplique la norma.

Existen otros casos como el de Walter Aduviri (Puno), quien postula pese a una condena de 7 años que, si bien fue ratificada en segunda instancia, aún está en proceso de casación, con lo que la ley no le alcanza. Aduviri ni siquiera consigna la condena en su hoja de vida.

—Mayor rigurosidad—
Alejandro Rospigliosi, uno de los fundadores del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, recordó que, así como Aduviri, son varios los candidatos que no registran sus condenas. “Por mentir en su hoja de vida, el JNE los puede denunciar por falsa declaración”, recordó el abogado.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, consideró que se debe evaluar si la actual normativa cumple su propósito o si requiere ser más estricta. “La norma fue un avance pero, a la luz de este proceso, es necesario evaluar si hay que elevar la valla. Puede ser para ampliar los delitos o para no esperar una sentencia condenatoria firme”, refirió Távara.

Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, recordó que los partidos cuentan con la herramienta de la Ventanilla Única del JNE para revisar los antecedentes de las personas que quieren postular.