Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de la semana del 26 al 31 de mayo.

Esta afirmación es falsa
La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) cuestionó en sus redes sociales que el COEN no operara de inmediato, luego del terremoto de 8 grados que azotó Loreto y otras regiones del país. Subió imágenes, en las que mostró una oficina vacía. Sin embargo, el organismo se había mudado de la sede del Ministerio de Defensa.

“El COEN ya no se ubica en la sede del Mindef, sino en el Indeci. Función en el puesto de comando de la FAP por la emergencia de El Niño costero”, aclaró la institución.

El COEN publicó su primer mensaje en Twitter a las 3 a.m., 20 minutos después del fuerte sismo.

Ese mismo día, Vilcatoma también publicó fotos del terremoto de Chile de 2014, afirmando que se trataba de imágenes enviadas por ciudadanos de Yurimaguas.

Esta afirmación es falsa
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, no allanó la oficina de Chávarry o de otro fiscal supremo a inicios de este año, sino la de Juan Manuel Duarte, quien fue asesor del ex fiscal de la Nación. Fue este ambiente, ubicado en el noveno piso del Ministerio Público, el que fue lacrado en el marco a la investigación por presunto lavado de activos a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

El abogado penalista Carlos Caro explicó que la inmunidad de que goza Chávarry “es personal” y que esta solamente protege su libertad. Agregó que esta no se extiende a terceros, como su ex asesor.

“Es inmunidad es personal, no es patrimonial, incluso [el fiscal con autorización de un juez] pudo allanar su oficina, revisar su escritorio y su computadora”, remarcó a El Comercio.

Esta afirmación es verdadera
El fiscal Vela se presentó ante la Comisión Lava Jato del Parlamento el 8 de agosto de 2018. En esta sesión- en la que estuvo junto al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry- el coordinador del equipo especial se comprometió a que el acuerdo final de colaboración con Odebrecht sería de “público conocimiento”.

“Tenemos el compromiso que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento, no solo el primigenio, el negociado por el doctor [Hamilton] Castro, sino también el acuerdo final y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto y, además, al judicial, porque luego de llegar a ese entendimiento tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial. De esta manera, que no tendremos la última palabra en ese aspecto, sino que la tendrá el Poder Judicial”, remarcó Vela en aquella oportunidad.

Sin embargo, el proceso de colaboración eficaz, según el inciso 7 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2017-JUS, “solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado –en su oportunidad- y el juez en los requerimientos formulados”. Es decir, Vela incurrió en un error al prometer hacer público el acuerdo final.

El ex procurador Yván Montoya explicó a El Comercio que le reserva es una excepción a la regla de la transparencia de la información pública. Agregó que esta medida temporal se justifica por fines ulteriores [la lucha contra la corrupción]. “En algún momento [el acuerdo] podrá ser público, pero hay que cuidar la oportunidad porque es información sensible”, subrayó.

La abogada penalista Vanessa Valverde advirtió que el acuerdo, si el Poder Judicial lo aprueba, puede ser dado a conocer siempre que las investigaciones que se desprenden de este hayan concluido.

Esta afirmación es falsa
El tercer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política del Perú establece textualmente que “junto con el presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismo requisitos y por igual término, dos vicepresidentes”.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma explicó a El Comercio que el presidente Vizcarra “tiene plena legitimidad que le viene de las urnas por haber sido elegido primer vicepresidente” y de la Carta Magna “que señala que en casa de vacancia a él le corresponde ocupar el cargo”.

García Toma también indicó que el gobernante de facto es quien accede a poder a través de un golpe de Estado, fruto de un fraude electoral o sin cumplir las reglas de sucesión. “También cuando pese a haber ingresado en el marco de la Constitución, posteriormente se aparta de ella, como Fujimori [tras el autogolpe de 1992]”, remarcó.

Esta afirmación es falsa
Durante su presentación ante el Congreso, el ex fiscal de la Nación afirmó que el equipo especial Lava Jato tuvo un “trato diferenciado” al abordar la investigación a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán con respecto a la pesquisa contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. No obstante, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar una orden de 36 meses de prisión contra la ex autoridad capitalina, tal como lo hizo en octubre del año pasado con la ex congresista.

Chávarry también cuestiona que la prisión preventiva de Villarán de la Puente sea de 18 meses, mientras la de Fujimori Higuchi de 36 meses. Pero esta es una decisión adoptada por el Poder Judicial.

El fiscal superior Rafael Vela sustentó el último lunes la apelación que hizo el equipo especial, al cual el fiscal supremo acusa de falta de equidad, para que la ex alcaldesa cumpla 36 meses de prisión preventiva.

Finalmente, el Poder Judicial aumentó de 18 meses a 24 meses el tiempo que Villarán deberá estar recluida.