Partidos que llegaron al Congreso bicameral gastaron más de S/16 millones en la campaña

Según un reporte de la Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, al que accedió El Comercio, los candidatos a las dos cámaras del Congreso bicameral y al Parlamento Andino de los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación reportaron haber recibido, en suma, aportes por más de S/18,8 millones. En cuanto a los gastos registrados, las mismas agrupaciones reportaron más de S/16,09 millones.

Para entender estas cifras, es preciso explicar, en principio, que durante la campaña electoral las organizaciones políticas y sus respectivos candidatos tenían la obligación de presentar dos informes financieros ante la autoridad electoral competente, cada uno correspondiente a distintos períodos.

El primero comprendió el período de marzo del 2025 a marzo del 2026. El segundo correspondió al período que va de marzo a agosto del 2026. En el caso de esta segunda y última entrega, el plazo para hacerlo culminó el 24 de agosto pasado; es decir, el lunes de la semana pasada.

Es preciso indicar que, en el caso de los candidatos al Congreso bicameral y al Parlamento Andino, cada postulante debió presentar su información financiera o, en su defecto, designar a un responsable de campaña para ese fin. En el caso de las fórmulas presidenciales, en cambio, los gastos realizados a su favor se reportan como gastos de la organización política. Por ello, los más de S/16 millones analizados para este reportaje no incluye lo gastado por las respectivas fórmulas presidenciales.

“Me parece que acá existe una importante cantidad de dinero que no ha sido declarado”.

José Tello Presidente del Instituto AKLLA Perú

“Es muy difícil llegar a la cifra exacta porque, en una economía informal como la nuestra, sin formas de hacer una trazabilidad de esos gastos, pues la misma ONPE finalmente no las descubre y terminamos creyendo lo que el partido dice”.

José Manuel Villalobos Abogado especialista en derecho electoral

Así, según el análisis efectuado, Renovación Popular y Fuerza Popular se consolidan como las agrupaciones que más gastos registraron durante la campaña de abril pasado, con S/5,76 millones y S/5,69 millones, respectivamente, lo que las ubica, a su vez, en el primer y segundo lugar del ranking [ver gráfica].

En tercer lugar, se ubica Ahora Nación, con S/2,33 millones, seguido de Juntos por el Perú, con S/1,17 millones. Y más atrás aparecen el Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, que no superan el millón. Registraron S/623 mil y S/513 mil, respectivamente.

Además, las cifras permiten determinar que la elección de diputados fue la más costosa, al significar, en conjunto, S/9,388,924.66. En tanto, la elección de senadores llegó a S/6,559,117.62. Es decir, de los más de S/16 millones declarados en gastos, la elección de diputados corresponde al 58,4% del gasto total, casi el 60%. Y en el caso del Parlamento Andino, los seis partidos registraron un gasto de S/146,146.97, es decir, menos del 1% del total.

En diálogo con El Comercio, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, consideró que “es difícil” saber la cantidad real de recursos que se invierten o gastan los partidos en sus campañas electorales. Agregó que la cifra declarada es la cifra “formal” y que, por el principio de buena fe”, la autoridad electoral la admite como válida.

Sin embargo, esta declaración también “está sujeta a control” posterior por parte de la ONPE, específicamente, de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que podría llevar a cabo auditorías para determinar si esos montos declarados, “en el papel”, son efectivamente correctos o si presentan inconsistencias.

“Ahora, es muy difícil llegar a la cifra exacta porque, en una economía informal como la nuestra, donde muchos de los gastos se hacen en dinero en efectivo, sin el sistema financiero, sin formas de hacer una trazabilidad de esos gastos, pues la misma ONPE finalmente no las descubre y terminamos creyendo lo que el partido dice”, remarcó Villalobos.

En caso de advertirse alguna irregularidad, se trataría de una “falsedad” en la información presentada, por lo que correspondería abrir los procedimientos sancionadores correspondientes e, incluso, podría llegar el caso al ámbito penal por falsa declaración en procedimiento administrativo, agregó. En ese escenario, además, se podría determinar si el dinero “era de fuente prohibida o no”.

En similar línea, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto AKLLA Perú, estimó que en la campaña de abril pasado se habrían utilizado una “mayor cantidad de recursos” y que, por consiguiente, “no hay un sinceramiento” de los ingresos recibidos y, lamentablemente, tampoco respecto a la totalidad de los gastos efectuados. “Me parece que acá existe una importante cantidad de dinero que no ha sido declarado”, remarcó a este Diario.

Un claro ejemplo de esto, mencionó, es lo que ocurrió y ya se ha detectado respecto al partido Juntos por el Perú, con el que postuló a la presidencia Roberto Sánchez, y que no ha consignado en sus dos reportes de campaña entregados a la ONPE los más de S/700 mil que se recibieron de parte de la ciudadanía —sobre todo vía Yape— para el pago de las tasas de las nulidades que promovió Sánchez en el marco de la segunda vuelta. En ninguna prosperó.

Según explicó Tello, ante los informes financieros presentados por las agrupaciones, la ONPE podría efectuar un cruce de información, pedir aclaraciones y los partidos, a su vez, presentar los descargos que consideren pertinentes. Sin embargo, ¿se puede llegar a determinar la cifra real de lo que se gastó en una campaña política? Desde su perspectiva, también se trata de una situación bastante compleja.

“Es complicado porque si no declaras todo lo ingresado y gastado, finalmente puedes tener números irreales, no necesariamente los números que realmente se dieron en la campaña”, aseveró. Sin embargo, apuntó que la ONPE podría iniciar un proceso de fiscalización y, eventualmente, un proceso sancionador por una posible infracción a la norma.

Ambos especialistas coincidieron en remarcar que, en el caso de la campaña presidencial, correspondería asumir responsabilidad al tesorero del partido. En el caso de los postulantes al Congreso, serían los respectivos responsables de campaña inscritos ante la ONPE, aunque también hay candidatos que optaron por asumir ellos mismos ese rol.

Así pues, si bien las EG 2026 fueron históricas por distintos motivos —la cédula de votación más grande, el retorno de la bicameralidad tras décadas, entre otros—, también podrían pasar a la historia por los millones que costó, esta vez, la carrera por llegar al poder.