Un informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá este lunes si declara inadmisible, una denuncia contra el presidente Francisco Sagasti y la primera ministra, Violeta Bermúdez, por la vacunación secreta de altos funcionarios contra el COVID-19.
Un informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá este lunes si declara inadmisible, una denuncia contra el presidente Francisco Sagasti y la primera ministra, Violeta Bermúdez, por la vacunación secreta de altos funcionarios contra el COVID-19.
La materia de la acusación es el antejuicio y juicio político y establece tres delitos de función: abuso de autoridad, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, la infracción al artículo 1 de la Constitución Política del Perú.
Se le otorga un plazo de tres días al denunciado para subsanar las omisiones señaladas. (Documento)
En los hechos materia de acusación, el denunciante señala que “Martín Vizcarra Cornejo admitió haberse beneficiado con la vacuna contra el COVID-19”, mientras que, en el caso de Violeta Bermúdez, sostiene que “habría propuesto que se nombre como ministra de Salud a la denunciada Pilar Elena Mazzetti Soler y como ministra de Relaciones Exteriores a la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez”.
Asimismo, refiere que “el denunciado Francisco Sagasti Hochhausler, en su condición de presidente de la República, habría incumplido una normativa expedida durante su gobierno, toda vez que fue el primero en vacunarse, dando así un trato discriminatorio, puesto que debió haber recibido la vacuna durante la fase II, como adulto mayor de 60 años”.
Finalmente, indica que las exministras Mazzetti y Astete “reconocieron haber sido beneficiadas con la vacuna contra el COVID-19”.
Ante estos hechos, advierte que “los denunciados habrían abusado y se habrían beneficiado de su cargo, obteniendo beneficios en provecho propio o de terceros”.
Sin embargo, ante la revisión, se determinó que la denuncia “no cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos” en el reglamento del Congreso, “por cuanto el denunciante no ha cumplido con fundamentar jurídicamente la denuncia”. En ese sentido, se le otorga a Marco Falconí, quien presentó la denuncia, tres días de plazo para subsanar las omisiones señaladas.
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