Incertidumbre en el nuevo Jorge Chávez: Estos son los cinco pendientes que retrasan la inauguración del aeropuerto 
La exministra Betssy Chávez, acusada por el “golpe de Estado” - que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022- continuará cumpliendo prisión preventiva hasta marzo del 2026. En consecuencia, afrontará desde el Penal Anexo de Mujeres -donde se encuentra recluida- su juicio oral por este caso, próximo a iniciarse.
Esto, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, rechazó, por unanimidad, el recurso de apelación presentado por la ex presidenta del Consejo de Ministros y confirmó la ampliación de la medida coercitiva impuesta en su contra por 15 meses.
No obstante, el tribunal supremo rechazó el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público a fin de que el plazo de prisión preventiva se prorrogue de 15 a 18 meses.
MIRA: Pena de muerte y la historia de fracasos en el Congreso: 22 proyectos sin éxito desde el 2001
Chávez Chino es acusada como presunta autora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – rebelión y, por ello, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos solicitó que se le imponga 25 años de cárcel.
Se pidió, de igual forma, que se le aplique una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y seis meses. La Procuraduría General del Estado, por su parte, solicitó que pague una reparación civil de S/ 64′419,038.53 a favor del Estado, de forma solidaria.
En el caso también se encuentran acusados el vacado expresidente Pedro Castillo, para quien la fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de cárcel; el exministro del Interior, Willy Huerta, para quien se requiere 25 años; y el exasesor de la PCM, Aníbal Torres, contra quién se pidió 15 años de prisión.
La fiscalía además presentó acusación contra el ex ministro Comercio Exterior y actual congresista, Roberto Sánchez. Sin embargo, la Corte Suprema lo excluyó del proceso penal al declarar fundado su recurso de excepción de improcedencia de acción, por lo que su situación legal se definirá al inicio del juicio oral, programado para el 4 de marzo del 2025.
Durante la audiencia, la defensa pública de Betssy Chávez, la abogada Aurora Montenegro -ante la ausencia su abogado Raúl Noblecilla- sustentó el recurso contra la prisión preventiva de 15 meses, solicitando la libertad inmediata de la exministra.
“La defensa necesaria de la señora Chávez Chino ha fundamentado el recurso de apelación contra el auto, en el que se dicta un plazo de 15 meses adicionales a la prisión preventiva. En ese sentido, solicitamos que este recurso sea declarado fundado y se revoque la resolución, ordenándose la inmediata libertad y se le imponga una medida menos gravosa”, requirió Montenegro.
Luis Zapata, representante de la fiscalía suprema, sustentó su requerimiento para que se amplíe de 15 a 18 meses la prisión preventiva, señalando que el proceso es “complejo”. Indicó que pese a que se ha señalado fecha de juicio oral para el 4 de marzo, la instalación del mismo supone el paso de varios meses; teniendo en cuenta que la prolongación de la medida se contabiliza desde fines del 2024.
Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez irán a juicio por el golpe de estado.
El fiscal precisó que también está pendiente que la Corte Suprema resuelva la apelación que presentó el co-acusado Willy Huerta, contra el auto de enjuiciamiento, en el marco de la Ley 32130 emitida por el Congreso. El exfuncionario cuestiona la inexistencia de una “imputación precisa” en la acusación en su contra.
Por ello, indicó el fiscal, deberá esperarse la resolución de dicha impugnación antes de que se pueda sustentar el requerimiento acusatorio en juicio oral.
Acusación por "Golpe de Estado"
Apelación al auto de enjuiciamiento
La apelación presentada por el exministro del Interior, Willy Huerta, en el marco de la Ley 32130, contra el auto de enjuiciamiento en su contra por el presunto delito de rebelión, por el "Golpe de Estado", fue presentada el 3 de enero del 2025 ante la Corte Suprema; y el 24 de ese mismo mes se dispuso correr traslado de la impugnación a las partes.
Una vez concluido el plazo de cinco días hábiles para que se responda la apelación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá señalar fecha de audiencia para analizar la referida impugnación y posterior a ello, la misma sala tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución.
Tras analizar los argumentos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió rechazar ambos pedidos y confirmar la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, que amplió la prisión preventiva contra Betssy Chávez. La medida se computará desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026.
Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, indicó a El Comercio que no estuvo en la audiencia de apelación porque “nunca iban a participar de un acto arbitrario”.
Según indicó, para la defensa, la prisión preventiva ya concluyó; y, por ende, no esperaban que la decisión cambie en la instancia suprema.
“Esto solo confirma la medida arbitraria. Nosotros, ahora, (estamos) concentrados en seguir peleando por la libertad de Betssy Chávez, vamos a ir en agravio constitucional al TC (Tribunal Constitucional) y el 4 de marzo que empieza el último capítulo de esta novela, y que estamos convencidos que vamos a salir bien librados”, sostuvo.
¿Cuáles son los hechos que se imputan contra Betssy Chávez?
La acusación fiscal le imputa a Betssy Chávez que, en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, fue coautora del delito rebelión.
Los ahora acusados habrían acordado disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales y buscaron concretar la intervención de otros organismos autónomos, como consecuencia de una supuesta reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado.
Para tal efecto, la acusada Chávez Chino, habría aprovechado la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del exmandatario Castillo Terrones, para que este disponga, a través de su mensaje a la Nación, la intervención de dichas instituciones armadas para suprimir el régimen constitucional, con lo que se atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Una vez emitido el referido mensaje, habría buscado darle la legalidad a través de una resolución suprema. Sin embargo, al no tener eco en las fuerzas del orden, al igual que Castillo Terrones, habría buscado escapar y buscar asilo político.
