Pedro Castillo ahora se lanza al Senado: ¿Es viable postulación de golpista o solo un anuncio para la tribuna?

Pese a ello, ha sido incluido como candidato al Senado por Juntos Por el Perú (JP) para las Elecciones Generales del 2026, de acuerdo a lo anunciado por el congresista de dicha agrupación, Roberto Sánchez, quien postula a la Presidencia.

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Castillo, se suma como invitado a Juntos por el Perú debido a que no se encuentra afiliado. De acuerdo al Registro de Afiliaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualmente figura en la organización política que él mismo fundó, el Partido Todo con el Pueblo.

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Sin embargo, la postulación de Castillo Torres podría tener los días contados debido a la aplicación de las leyes, no solo electorales, sino también penales y hasta congresales.

El juicio oral en su contra por el golpe de Estado podría estar concluyendo -en primera instancia- y emitiendo su sentencia condenatoria o absolutoria los primeros días de diciembre.

Mientras que, desde el 23 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones iniciará el proceso de filtro de las listas presentadas para postular a las elecciones del 2026 a fin de establecer si cumplen con los requisitos; por lo que si Castillo es sentenciado antes de esa fecha, quedará excluido de acuerdo a las normas electorales.

Sumado a ello, el vacado exmandatario enfrentará un juicio político en el Congreso de la República que podría inhabilitarlo para el ejercicio de cargo público, debido al Golpe de Estado.

Castillo Terrones no solo afronta uno de los casos más graves, que podría convertirlo en el primer presidente de la historia reciente de nuestro país, en ser condenado por rebelión o, conspiración para la rebelión; sino que, además, afronta otros procesos penales vinculados a presunto crimen organizado y corrupción durante su gobierno.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema concluiría este viernes con los alegatos de cierre en la última etapa del juicio oral seguido contra Pedro Castillo, Bettsy Chávez (ex presidenta del Consejo de Ministros), Willy Huerta (exministro del Interior), Aníbal Torres (ex jefe del gabinete de asesores de la PCM); y los efectivos policiales, Manuel Lozada (Jefe de la región policial de Lima), y Justo Venero (Jefe de la Unidad de Servicios Especiales).

El tribunal supremo escuchará a las defensas de la exministra Chávez Chino -asilada actualmente en la de la residencia de la Embajada de México-, y se espera que también haga uso de la palabra la defensa del vacado Castillo Terrones.

De no concluirse con los alegatos finales de la tercera implicada Celestina Mamani Molinero, esto se realizará la audiencia del próximo martes.

Ya emitieron los alegatos de cierre la fiscalía, la procuraduría, y la defensa de los acusados Torres Vásquez, Lozada Morales y Venero Mellado.

Concluida esta etapa, cada uno de los acusados podrá hacer uso de la palabra para sus alegatos materiales.

Esto se produciría en las audiencias programadas para los días 18 y 24 de noviembre, con lo cual el tribunal quedaría expedito para emitir la sentencia en los subsiguientes días.

La Sala Suprema adelantó días atrás que este juicio oral tiene previsto fecha de audiencias hasta el 28 de noviembre, por lo que la sentencia podría ser emitida ese día o en los primeros días del mes de diciembre, teniendo en cuenta la complejidad del caso.

El jueves, concluyeron sus alegatos finales la defensa del exministro del Interior, Willy Huerta, el abogado Hayrton Arizaga Hidalgo, quien solicitó la absolución para su patrocinado.

Según el abogado, Huerta Olivas acudió a Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, porque fue convocado a horas de la mañana por el mismo Castillo Terrones.

Además, no participó de ninguna reunión previa al mensaje de la Nación que dispuso el cierre del Congreso, por lo que desconocía el fondo del mensaje.

Finalmente, rechazó que Huerta Oliva haya tenido alguna coordinación con los mandos policiales, con miras a cerrar el Congreso, tras la emisión del mensaje.

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel, por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en contra de Castillo Terrones.

Para Chávez Chino, Huerta Oliva, Lozada Morales y Justo Venero la fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel por el mismo delito y 15 años de cárcel para Torres Vásquez.

Pero además, en caso el tribunal se decante por una presunta “conspiración para la rebelión”, solicitó que se les imponga la pena de 19 años y 30 días a Castillo Terrones.

Mientras que, para Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada y Venero, la fiscalía pidió 11 años, 5 meses y 15 días de pena por el presunto delito de “conspiración para la rebelión”.

Junto a ello, ha requerido tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público; así como una reparación civil ascendente a S/ 65’419,038.53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria entre todos los acusados.

Este jueves, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales remitió a la Comisión Permanente el informe que propone inhabilitar a Pedro Castillo, por el plazo de 10 años, por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La propuesta de sanción política también incluye a Betssy Chávez y al exministro Willy Huerta.

El informe, aprobado en mayoría, recoge las Denuncias Constitucionales N° 547 y N° 575, donde se concluye que Castillo Terrones cometió 18 infracciones contra la Constitución por los actos previos y durante el Mensaje a la Nación con el que pretendió subvertir el orden constitucional.

Ello, señala el documento, se vio reflejado en la decisión de “disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, lo que el grupo congresal consideró un acto de ruptura del orden constitucional.

Todo ello, según el informe, fue secundado y apoyado por los exministros Chávez Chino y Huerta Oliva.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, señaló que no se trata de una “persecución política”; sino que, por el contrario, el Congreso ejerció sus atribuciones conforme a la Constitución.

La Comisión Permanente ahora deberá agendar el informe para su análisis y aprobación, y posteriormente ser derivado al Pleno del Parlamento para su debate y votación.

Cabe recordar que la segunda legislatura del 2025 culmina el 15 de diciembre próximo, aunque podría ampliarse por algunos días más.

Por otro lado, el próximo 23 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará la calificación de fórmulas y listas para las elecciones 2026, verificando requisitos e impedimentos señalados en la ley electoral.

De acuerdo a la normativa electoral, están impedidos de postular las personas con sentencia condenatoria, en primera instancia, que se encuentre vigente por cualquier delito doloso y figuren como deudores, ya sea alimentarios o de reparaciones civiles.

Además, quienes hayan sido condenados en el pasado o recientemente se les haya impuesto sentencias por tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, se encuentran impedidos permanentemente de postular a elección de cargo público; incluso cuando hayan sido rehabilitados.

De tal forma que, si Castillo Terrones llegase a ser condenado a pena efectiva antes del 23 de diciembre, quedaría excluido de la lista de candidatos al Senado por Juntos por el Perú o de cualquier otro partido político.

En diálogo con El Comercio, el abogado especialista en Derecho Electoral del Instituto Aklla Perú, José Tello Alfaro, explicó que en este momento, Castillo sí se encuentra habilitado para integrar una lista como candidato al Senado, e, incluso, hacer campaña desde prisión, pues la ley electoral no lo prohíbe; teniendo en cuenta que aún se encuentran vigentes sus derechos de participación ciudadana.

“Al día de hoy sí está habilitado, pero si sale una sentencia condenatoria en primera instancia del Poder Judicial o una inhabilitación del Congreso, el señor Castillo queda fuera”, señaló.

Recordó por ejemplo, el caso del expresidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, quien durante las elecciones del 2016 se encontraba cumpliendo prisión preventiva y fue autorizado para dejar el Penal de Ancón por algunas horas a fin de desplazarse hasta el Centro de Convenciones de Lima.

Señaló que no existe ninguna normativa que restrinja la participación de Castillo Terrones e incluso de Betssy Chávez, en este momento, de ser considerados en una lista para postular a cargo de elección popular.

Puntualizó que diferente es lo que ocurre con el expresidente Martín Vizcarra y Arturo Fernández, quienes ya se encuentran inhabilitados y ni siquiera deberían haber sido incluidos en la lista para pasar las elecciones primarias de los partidos.

Por tanto, precisó, “mientras no lo sentencien” o “se emita alguna inhabilitación en su contra”, Pedro Castillo puede postular.

“Castillo, hasta el 23 de diciembre, tiene como fecha límite para presentar su candidatura luego de las elecciones primarias. Luego, pasando la etapa de las inscripciones, al señor Castillo se le puede retirar hasta un día antes de la elección es decir hasta el 11 de abril, si es que lo sentencian en ese periodo, y yo creo que será así”.

José Tello Alfaro, abogado especialista en Derecho Electoral

El abogado y también exministro de Justicia, cuestionó que en las últimas campañas electorales, los partidos políticos hayan adoptado la costumbre de incluir en sus listas a personajes que, por una cuestión legal u otra, estén impedidos de postular, pero que tienen arrastre electoral.

“Esa una mala práctica que, como José Vega Antonio o como Roberto Sánchez, son personas que lideran partidos políticos y que durante este tiempo han lesionado de alguna manera el proceso en cuanto a su legalidad. Por ejemplo, Vega Antonio lanzó la candidatura de Antuaro Humala cuando estaba preso cumpliendo una condena. Igual en las elecciones congresales complementarias del 2020, esa es una mala práctica”, recordó.

Lamentó la lógica política de los partidos que han adoptado la tendencia de “los atrapa todo o Caught all politic”, donde se busca tener más opciones aprovechando el arrastre que tienen personajes controvertidos.

“Y dentro de eso, lamentablemente, figuras disruptivas como Antauro -sentenciado por el Andahuaylazo- y Pedro Castillo son perita en dulce para un partido como Juntos Por el Perú que no tiene mucho arrastre, pero que con ellos se fortalece y puede pasar la valla que es lo que está buscando Roberto Sánchez como líder de ese partido”, anotó.

El abogado penalista Miguel Reyes, señaló a El Comercio que la sentencia contra el vacado expresidente Pedro Castillo, podría emitirse la primera semana de diciembre, teniendo en cuenta que en los próximos días culminan los alegatos finales de los abogados y cierra el juicio con la defensa material de los acusados.

“Yo calculo que con la defensa material estarían terminando la semana del 24 de noviembre al 28 de noviembre, y la norma señala que una vez concluido el juicio la Sala tiene hasta 48 horas para leer el fallo; y si no les alcanza (el tiempo) para leer todo el fallo, harán un adelanto de fallo. Entonces, la primera semana de diciembre ya estarían emitiendo sentencia.”

Miguel Reyes, abogado penalista

En ese contexto, sostuvo que “en el papel” sí es viable que Castillo Terrones sea considerado como candidato en una lista al Senado ante el JNE porque aún no tiene condena.

Recordó que al exmandatario se le procesa por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad, y grave perturbación a la tranquilidad pública. Sumado a ello, se consideraría no solo una presunta rebelión (346 del Código Penal); sino también el presunto delito de conspiración para la rebelión (349 del Código Penal).

“¿Qué pasa entonces? Para mí la probabilidad de condena es un 90.9% por cualquiera de estos dos tipos penales contra Pedro Castillo, tienen una disposición común que está contemplado en el Artículo 353 (CP) que señala que los funcionarios, servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas que sean culpables de los delitos previstos en el título mencionado, serán reprimidos además con inhabilitación de uno a cuatro años conforme a los artículo 36 incisos 1, 2 y 8”, explicó.

Y, de acuerdo a Reyes, el inciso 2 mencionado, refiere que se decreta la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

“Entonces, aún si llegase a ser elegido como senador, no podrá ejercer porque está inhabilitado por lo menos entre uno o cuatro años. Y en este caso, el cargo de Senador es de carácter público, por tanto no puede ejercer, sumado a que estando preso no podrá ejercer precisamente por la privación de la libertad”, anotó el especialista.

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