El expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez intentó sorprender a los operadores de justicia al presentar documentación médica del 2017, para demostrar que se encontraba mal de salud y evitar así que se dictara prisión preventiva en su contra, denunció la fiscalía.
Durante la audiencia, realizada el miércoles pasado por la Sala Suprema Penal Permanente, la fiscal suprema adjunta Sylvia Sack Ramos advirtió que, pese a la antigüedad de los documentos, estos habían sido admitidos y valorados por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. Añadió que estos papeles antiguos fueron considerados entre los argumentos con los que se rechazó el pedido de prisión preventiva contra Torres.
Sack Ramos refirió que los documentos corresponden a análisis realizados al investigado Torres por el laboratorio ROE y un reporte histórico médico del período 2014 al 2017. “Dichos documentos médicos son del 2017, lo cual no ofrece una descripción actualizada de las enfermedades que pudiera padecer el investigado, ya que como se observa en dichos documentos se trata de enfermedades controlables”, señaló la fiscal.
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Para reforzar su cuestionamiento, la fiscalía presentó un informe del Instituto de Medicina Legal que, luego de analizar dicha documentación, concluyó que no se puede determinar el estado de salud actual del investigado, pues se trata de información incompleta y antigua.
La fiscal cuestionó que recién el martes se presentase otra documentación de citas médicas con las que Torres y su abogado Duberlí Rodríguez pretenden actualizar su condición de salud. “Torres trata de sorprender al recién hacerse los exámenes [médicos], mientras que en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria presentó documentos de alta data del 2017. Una persona que está delicada está constantemente atendiéndose, mas no presenta documentos del 2017, que son de cuatro, cinco años atrás”, señaló.
Agregó que no existían arraigos y que hay peligro de fuga de Torres. Por ello, solicitó que se revoque la comparecencia restringida y se dicte prisión preventiva en su contra, ya que, alegó, podría ser asistido médicamente en un penal, de ser el caso.
El abogado Duberlí Rodríguez precisó que sí se ha acreditado notarialmente el arraigo domiciliario de Torres y que ya pagó la caución de S/20 mil que se le impuso en la comparecencia restringida para asegurar su sujeción al proceso. Pidió que se confirme la comparecencia restringida.
En la audiencia del miércoles pasado, el tribunal no solo evaluó la apelación del Ministerio Público contra la decisión de primera instancia de rechazar la prisión preventiva contra Aníbal Torres; también se vio la apelación del expresidente Pedro Castillo Terrones a la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el golpe de Estado del 7 de diciembre.
El tribunal supremo escuchó los alegatos del defensor de Castillo, el abogado Wilfredo Robles, quien solicitó revocar la orden de prisión preventiva e imponer comparecencia restringida.
Robles centró su cuestionar en que la prisión preventiva no habría seguido el debido proceso, puesto que el Congreso no realizó adecuadamente el levantamiento del antejuicio para que la Fiscalía de la Nación pidiera la prisión preventiva para el expresidente.
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Alegó que no se había cumplido con argumentar adecuadamente los hechos que configurarían los delitos imputados contra Castillo (rebelión, grave atentado contra la tranquilidad pública y otros) por el golpe de Estado que dio.
La fiscal Sack Ramos replicó que sí se habían sustentado los graves y fundados elementos de convicción de los delitos imputados y que también se estableció la existencia de peligro de fuga.
Lilia del Río Farro, procuradora adjunta de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que no era parte del debate el pronunciamiento sobre el proceso de levantamiento del antejuicio realizado por el Parlamento, ya que no había sido tema propuesto por las partes apelantes.
Castillo, quien hizo el uso de la palabra, no reconoció que hubiese delinquido y culpó al Congreso y al actual gobierno de la crisis y la violencia desatada tras el golpe de Estado. Además, solicitó poder comunicarse con su familia vía telefónica desde el penal de Barbadillo (Ate). “Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno”, dijo.
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