

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se refirió al pronunciamiento del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte respecto a su pedido para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular y dijo que pareciera que se está “favoreciendo o queriendo proteger” a un partido político.
En conferencia de prensa, se preguntó por qué el Ejecutivo no emitió un comunicado similar cuando la Fiscalía de la Nación, hace un año, presentó un pedido similar sobre el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), del etnocacerista Antauro Humala.
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Espinoza Valenzuela consideró que el pronunciamiento del Ejecutivo “es una clara injerencia” a la autonomía del Ministerio Público y pareciera una “confesión tácita” sobre su postura respecto al partido liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
“Eso es una clara injerencia a la autonomía del Ministerio Público. Por qué no hicieron lo mismo los señores de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando la Fiscalía de la Nación, hace un año, presentó un pedido similar sobre el partido del señor Antauro Humala. ¿Por qué no lo hicieron?”, expresó.
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“Pareciera que es una confesión tácita, que se sobreentiende, de los señores de la PCM que están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político, porque si se va a emitir un pronunciamiento de esta naturaleza -y estamos hablando del mismo gobierno-, no lo hicieron el año pasado. Cada uno saque sus conclusiones”, agregó.
Recordó que el Gobierno “ignora” que la Ley de Organizaciones Políticas, que en su artículo 14.1, establece que a pedido del fiscal de la Nación se puede solicitar que se declare ilegal a una organización política “con las debidas pruebas”.
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“Eso nos lleva a la reflexión: ¿quién politiza a la justicia? La Fiscalía de la Nación ha ejercido una atribución que nos da la ley y es por un pedido que nos presentó a fines de marzo una ciudadana, con todo su derecho, y hemos estado trabajando esta carpeta, como muchas que se trabajan, y finalmente se emite una disposición o un pedido”, enfatizó.

El caso
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos” que vulneran la Ley de Organizaciones Políticas.
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En su pedido, la titular del Ministerio Público detalla que, tras una denuncia ciudadana recibida en marzo del 2025, recabó información y elementos probatorios que probarían que el partido fujimorista habría incurrido “de forma sistemática en conductas antidemocráticas”.
Por esto, Espinoza pide aplicar la Ley de Organizaciones Políticas porque habría cometido actos que habrían vulnerado las “libertades y derechos fundamentales”.
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Según la fiscal de la Nación, Fuerza Popular habría promovido atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores, periodistas y medios de prensa debido a sus cargos, posiciones políticas, profesiones y opiniones políticas.
También los denuncia por haber promovido la exclusión de congresistas de sus filas por motivo de disidencia política y/o libertad de conciencia, además de busca exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno entre los años 1990 y 2000.
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Finalmente, advierte que habrían “legitimado la violencia” para lograr objetivos políticos. Todo esto, según Delia Espinoza, configuran “acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto” de la norma sobre partidos políticos para seguir adelante desde el Poder Judicial con la declaración de su ilegalidad.
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