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Mañana el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses formulado por el fiscal José Domingo Pérez contra el ex primer ministro Yehude Simon por el Caso Odebrecht.
El integrante del equipo especial presentó ayer el requerimiento ante el despacho de la jueza María Álvarez Camacho, la misma magistrada que dispuso la detención preliminar contra Simon Munaro.
El Comercio pudo acceder al pedido de prisión preventiva, en el que también ha sido incluido Pablo Salazar Torres, exgerente del Proyecto Especial Olmos.
A Yehude Simon se le imputa la presunta comisión de los delitos de lavado de activos en organización criminal y colusión. Según la tesis fiscal, Simon habría favorecido a Odebrecht en la concesión del proyecto Olmos cuando era presidente regional de Lambayeque, a cambio de aportes ilícitos para su campaña electoral del 2006.
—Pronóstico de la pena—
De acuerdo al pedido de prisión preventiva, la fiscalía estima que a Simon le corresponderían 28 años y 4 meses de pena privativa de la libertad.
Uno de los requisitos para imponer prisión preventiva es que los delitos imputados sumen penas mayores a los 4 años de prisión.
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La fiscalía sostiene que en el caso de Simon “la pena superaría ampliamente el quantum de los cuatro años exigidos por la normativa”.
Por el delito de lavado de activos agravado, el pronóstico de pena es de 13 años con 4 meses. Mientras que por el delito de colusión, es de 15 años. Aquí se establece la sumatoria de penas.
Respecto a Pablo Salazar Torres, a quien se sindica como el receptor de los aportes de Odebrecht para Simon, la fiscalía estima una pena de 24 años con 4 meses, también por los delitos de lavado de activos agravado y colusión.
En el pedido de prisión preventiva, la fiscalía especifica que al expresidente regional se le atribuye el delito de colusión “al haberse concertado con el superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata para la adjudicación de la concesión, la firma del contrato, así como para la suscripción de la segunda adenda para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase Olmos”.
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Al mismo tiempo, se le imputa la conversión, transferencia y tenencia ilegal de US$300 mil, dinero proveniente de actos de corrupción con la empresa Odebrecht.
“Han sido obtenidos como consecuencia del ejercicio indebido del cargo público, [...] ocasionando con ello perjuicio patrimonial al Estado”, se lee en el requerimiento fiscal.
Defensa
En declaraciones a El Comercio, Edwin Espinoza, abogado de Simon, dijo que su patrocinado no se ha retraído de la justicia durante la investigación y cuenta con arraigo en el país.
“Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es corroborar. ¿Qué necesidad hay de tener detenido en una cárcel a una persona mayor de 72 años?”, dijo el abogado.
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