Kenji Fujimori: las razones del PJ para condenarlo a prisión y la historia del caso ‘Mamanivideos’

En un adelanto de su fallo, el cual será leído de forma completa el 25 de noviembre, el tribunal presidido por la jueza Inés Villa Bonilla también condenó a otros tres acusados: los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y Alexei Toledo, exasesor del menor de los hermanos Fujimori.

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Para Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel se determinó la misma pena, la cual incluye 18 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos y la imposición de 400 días multa, equivalentes a S/52.000.

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Hasta que la sentencia sea revisada por la segunda instancia, Fujimori, Ramírez y Bocángel deberán cumplir restricciones: presentarse ante el juzgado el primer día de cada mes para un registro biométrico, no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, y concurrir a la fiscalía o al Poder Judicial cada vez que los citen. Si las incumplen, se podría ordenar que vayan a prisión efectiva.

Para Toledo se dictaron cuatro años de prisión suspendida, durante los cuales deberá cumplir reglas de conducta similares. Además, tendrá seis meses de inhabilitación y 365 días multa, equivalentes a S/30.112,5. Finalmente, se ordenó a los cuatro sentenciados pagar S/500.000 a la Procuraduría Anticorrupción como reparación civil solidaria.

El caso que llevó a la sentencia contra el hijo del encarcelado expresidente Alberto Fujimori se remonta a marzo del 2018. Fuerza Popular difundió videos grabados por su legislador Moisés Mamani donde se oía a Fujimori negociar votos contra un segundo intento de vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, presuntamente ofreciendo a cambio obras y apoyo del Ejecutivo.

Meses antes, en diciembre del 2017, los tres legisladores hoy sentenciados y otros colegas habían renunciado al grupo liderado por Keiko Fujimori luego de votar contra una primera vacancia. A los días, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. El grupo renunciante se autodenominó ‘avengers’.

Las grabaciones se hicieron conocidas como ‘mamanivideos’. El escándalo llevó a la renuncia de Kuczynski, a la aprobación de una denuncia constitucional contra Fujimori, Ramírez y Bocángel, y a sus suspensiones.

El caso luego pasó a la fiscalía. En enero del 2020, se presentó la acusación contra los cuatro involucrados. El pedido del Ministerio Público fue 12 años de prisión para Fujimori, Bocángel y Toledo, y 11 años para Ramírez.

El juicio se inició en enero de este año. Diez meses después, la sala finalmente leyó la tarde del martes el resumen de su sentencia. En primer lugar, los jueces validaron los peritajes que indicaron que los videos grabados por Mamani –la principal prueba del caso– no fueron manipulados.

También validaron la declaración que dio Mamani durante la investigación, ya que no se le pudo interrogar en el juicio tras su fallecimiento en agosto del 2020.

La acusación era por dos delitos: cohecho (sobornos) y tráfico de influencias. Sobre el primero, los jueces resolvieron que si bien hubo ofrecimientos a Mamani para que vote contra la vacancia, no se identificó durante el juicio a qué proyectos o planes se referían.

“No se cumple la exigencia de idoneidad, entidad, suficiencia, seriedad del ofrecimiento con futura concreción para producir un impacto en la función del congresista Mamani”, indicaron.

Por lo tanto, se les absolvió de la acusación por cohecho. Bajo argumentos similares se rechazó el extremo de la acusación por tráfico de influencias simuladas. Finalmente, la sala analizó la acusación por tráfico de influencias reales. Fue allí donde sí se halló responsabilidad penal de los acusados.

Para esto, la sala verificó que hubo un “acuerdo político” entre los ‘avengers’ y el gobierno de Kuczynski, así como reuniones entre los acusados y funcionarios del Ministerio de Economía en enero y febrero del 2018.

Así, consideraron que “está acreditado que hubo un plan criminal conjunto, un acuerdo común con división de trabajo, produciéndose tráfico de influencias reales”. Esto ocurrió en dos reuniones: el 15 de marzo del 2018, donde estuvieron Fujimori, Bocángel, Toledo y Mamani, y el 20 de marzo, donde estuvieron Ramírez y Mamani.

“En ambos casos se invocaron influencias, ofreciéndole [a Mamani] viabilizar la ejecución de obras en el Ejecutivo solicitándole apoyo con la no vacancia presidencial [...] Está demostrada la llegada que tenía Fujimori con funcionarios del Ejecutivo para acceder a reuniones”, dijo la sala. “Está probada la responsabilidad penal de cada uno de ellos”, concluyeron los jueces.