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En las últimas semanas, como es lógico, toda nuestra atención ha estado centrada en el COVID-19; sin embargo, los plazos establecidos para el proceso electoral 2021 igual siguen corriendo. Urge una discusión sobre cómo enfrentar las elecciones del bicentenario en el contexto de la epidemia, cómo salvar lo avanzado de la reforma política, y cómo evitar retrocesos que tomen como pretexto la situación de emergencia.
Un primer punto es el relativo a la adecuación de los partidos inscritos a los nuevos requisitos: aquí lo más importante es contar con un padrón “realista” de militantes, no solo de adherentes. Relacionado con esto, está el tema de qué hacer con los partidos que estaban realizando esfuerzos para inscribirse, plazo que vence en principio hacia el mes de julio. Dada la cuarentena y con las futuras restricciones a la movilidad, suena inevitable ser flexibles con el requisito de llegar a 24.800 afiliados, más cuando en la propuesta de la Comisión de Reforma Política sugeríamos poco más de la mitad de ese número. Ahora, si se flexibiliza ese requisito para los partidos inscritos, sería injusto excluir a nuevos partidos en condiciones de pasar esas exigencias.
Luego vendrían las elecciones internas de los partidos, previstas en principio para agosto, y luego las elecciones primarias, para noviembre. En efecto, ambas se ven bastante complicadas en este año, pero son fundamentales para asegurar un mecanismo democrático de selección de candidatos, y como un filtro para quitar de la competencia a los partidos cascarón, y no llegar a una elección general con más de 24 candidaturas presidenciales. Si además consideramos las restricciones que habrá para hacer campañas y la prohibición de contratar publicidad en medios masivos, nos daremos cuenta de que sería un sinsentido; más todavía si además mantuviéramos el voto preferencial.
Por ello, la salida es garantizar, como un mínimo indispensable, elecciones internas de todos los partidos para el próximo año, organizadas por la ONPE, sobre la base de un padrón de militantes elaborado por el Reniec, con la información brindada por los partidos; los candidatos deberían elegirse con el criterio de “un militante un voto”; y debería establecerse un mínimo de participación para permitir que los partidos mantengan su inscripción y participen en los comicios generales.
Los resultados de esas elecciones deberían ser vinculantes, y las listas finales de candidatos tendrían que asegurar la paridad y alternancia de género. Bajo estas condiciones, debería también eliminarse el voto preferencial en la elección general. Estas elecciones internas podrían darse bajo la modalidad de voto electrónico no presencial, que ya ha utilizado la ONPE en comicios de colegios profesionales. Además, si fuera necesario, la elección general podría moverse de abril a mayo. Lo que no podemos hacer es tener una elección caótica con candidatos elegidos a dedo, llena de partidos cascarón. Nos jugamos demasiado como para permitirlo.
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