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El presidente Martín Vizcarra había ofrecido realizar un balance por los cien días desde que declaró el estado de emergencia nacional y las medidas de aislamiento social obligatorio para responder a la pandemia desatada por el COVID-19. Una medida que contribuyó inicialmente a mitigar la propagación exponencial del virus, pero que con el transcurso del tiempo (no mucho, por cierto) ya revelaba las serias falencias de su gobierno en cuanto a capacidad de gestión y adaptación, apertura para rectificar errores y renuencia a convocar a expertos que no pertenezcan a los círculos cercanos del mandatario.