Pedro Castillo: Crece el rechazo a proyecto de ley mordaza que promueve el Gobierno

En medio de serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo e investigaciones fiscales que involucran al propio presidente, desde el Ejecutivo se ha anunciado la próxima presentación de un proyecto de ley que busca penalizar hasta con cuatro años de cárcel –según ha precisado el primer ministro Aníbal Torres– “la difusión de información reservada” relacionada a una investigación penal, incluyendo “en su etapa preliminar, en su etapa inicial”.

La iniciativa se aprobó en el Consejo de Ministros realizado el pasado viernes y aún se está a la espera de su presentación ante el Congreso de la República. A las diversas voces que han cuestionado tal pretensión, calificada incluso de ‘mordaza’ para la prensa, se han sumado este martes la de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, así como la de exministros de Justicia consultados por El Comercio.

“Que se criminalice este comportamiento, no lo consideramos adecuado. La pregunta que habría que hacerse es qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa”, advirtió Barrios. En entrevista con “Exitosa”, recordó que ya está normando sancionar a jueces y fiscales a nivel disciplinario en sus instituciones por revelar información sensible.

“Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido, más bien, a esclarecer los hechos. Y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor. No limitar a través de una norma. Pero espero pase por el Legislativo”, acotó.

Grave riesgo

La exministra de Justicia, Ana Neyra, explicó a El Comercio que la propuesta –tal y como se ha anunciado desde el Gobierno– sería inconstitucional por afectar los derechos a las libertades de información y de expresión.

No obstante, aunque consideró que si bien las investigaciones deberían ser en principio reservadas, también es cierto que hay hechos que tienen información relevancia e interés público. “La decisión de publicarla puede corresponder a un legítimo ejercicio de la libertad de prensa. Penalizar esto podría estar restringiendo esa libertad de prensa”, subrayó.

Neyra también resaltó el contexto en el que el Ejecutivo lanza la propuesta: investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos que involucran al gobierno y el presidente. “Parece una regulación que favorece al Gobierno. No parece una preocupación por una política de Estado, sino por proteger de una investigación o filtración al presidente o al Gobierno. Es legislar con nombre propio”, advirtió.

Como se trata de una iniciativa legislativa, esta debe pasar por el Parlamento y sus comisiones. Es ahí en donde, para Neyra, hay otra preocupación. “No parece que el Congreso va a ser una limitación para el proyecto, sino que podría eventualmente aprobarlo, porque también quiere evitar que cierta información esté dentro del espacio público. Y esta conjunción podría afectar a la libertad de prensa”, recalcó.

"Parece una regulación que favorece al Gobierno [...] Es legislar con nombre propio".

Ana Neyra, exministra de Justicia y Derechos Humanos

En la lectura del también exministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, la propuesta es inadecuada porque “se está utilizando el poder como parte de la estrategia de defensa del presidente y su entorno”, es decir “para intereses particulares”. “El efecto de la medida es totalmente contrario al ejercicio de las libertades en el Perú, fundamentalmente la libertad de expresión y de prensa”, señaló.

En esa línea, el exministro consideró que el proyecto es una reacción del gobierno frente a una crisis en la que está involucrado, lo que implica el uso de la función pública para generar alguna estrategia que corte el conocimiento de hechos relevantes en las entrañas del poder en el país.

Asimismo, recordó una frase emitida por el papa Francisco en enero del 2018: El Papa: “La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males”.

“Y lo que quiere el Gobierno es silenciar a los medios para que no se puedan difundir los actos de corrupción que están ocurriendo en el Perú”, alertó.

"El efecto de la medida es totalmente contrario al ejercicio de las libertades en el Perú, fundamentalmente la libertad de expresión y de prensa".

Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia y Derechos Humanos

Preocupación internacional

En el Perú, organizaciones periodísticas como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) o el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han condenado el proyecto del Ejecutivo. No obstante, la preocupación se ha extendido a nivel internacional.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión, emitió este martes un comunicado en el que expresa su preocupación y rechazo a la propuesta de ley.

Al incidir en que el proyecto se presenta cuando están en curso investigaciones por actos de corrupción que involucran al Gobierno, exhortó a la Comisión de Constitución del Congreso y a este poder del Estado a archivar la propuesta.

“La referida iniciativa, de aprobarse, tendría un efecto restrictivo en el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación, y por consecuencia directa la sociedad peruana, puedan tener acceso a información fidedigna sobre causas judiciales de interés público, junto a la amenaza de sufrir eventuales procesos o sanciones por ejercer sus tareas de investigación periodística”, indicó la AIR.

Por su parte, el IPYS reiteró su rechazo al proyecto apuntando que la gravedad de la situación del país ha sido ya señalada por el Fiscal de la Nación y un juez de la Corte Suprema, pues “la presunta operación de una organización criminal desde el gobierno, indican, puede socavar los cimientos del Estado democrático”.

“Advertimos que un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Lo consideramos, por el contrario, un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”, indicó el IPYS en un comunicado difundido este martes.

“La sociedad civil debe responder frontalmente a estos embates e impedir que, en una situación de emergencia nacional, los investigados empleen su poder de control sobre las riendas del país para destruir libertades constitucionales y asegurar su impunidad. Esto obliga a debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”, expresó.

Justificación

En medio de todo el debate, el primer ministro Aníbal Torres acusó al Poder Judicial y al Ministerio Público de estar en contra del presidente. “Ustedes ven que ese pequeño grupo que no reconoce el triunfo de Pedro Castillo como presidente siempre está buscando vacarlo. Desde el inicio y actualmente se han sumado otros. Está ahí el Ministerio Público, el Poder Judicial, está un gran sector de la prensa capitalina”, aseveró durante una actividad en Cusco.

Por su parte, el presidente Pedro Castillo no se refirió expresamente al proyecto, pero sí rechazó estar involucrado en actos de corrupción durante un confuso mensaje: “Son 11 meses de gobierno y hasta el momento no nos pueden demostrar que tenemos nosotros una pisca o una evidencia donde quieren encontrarle al presidente: oiga, dígale a tal empresa que me dé tanto. O una llamada telefónica a tal ministro: sí te voy a poner de ministro, pero vale tanto. Acostumbrados a esa historia y hoy nos quieren meter a ese saco”.

A su turno, el vocero de la bancada de Perú Libre, partido con el que Castillo llegó al gobierno, respaldó la iniciativa: “Me parece cien por ciento correcto. Y no es que se le está quitando la libertad de expresión a nadie. Se está salvaguardando la integridad de todos los peruanos que son denunciados. Luego de demostrarse su inocencia, nadie le devuelve el honor”.

Aunque está pendiente conocer los argumentos que esboce el Ejecutivo en el proyecto de ley, lo cierto es que las voces de rechazo al mismo continúan creciendo. De presentarse la propuesta, el tema quedará en manos de un Congreso también muy cuestionado por la ciudadanía.