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En diciembre último, el Congreso rechazó admitir a debate una moción de vacancia contra Castillo impulsada por la parlamentaria Patricia Chirinos. (Foto: Presidencia)
/ ALDAIR MEJIAA solo tres meses de que el Congreso rechazara admitir a debate la moción de vacancia que promovió la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), un sector de la oposición presentó una nueva solicitud para destituir al presidente Pedro Castillo. A diferencia de la vez anterior, confían en llegar a los 52 votos que permitan citar al profesor al pleno.
A solo tres meses de que el Congreso rechazara admitir a debate la moción de vacancia que promovió la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), un sector de la oposición presentó una nueva solicitud para destituir al presidente Pedro Castillo. A diferencia de la vez anterior, confían en llegar a los 52 votos que permitan citar al profesor al pleno.
El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que el documento fue presentado con 49 firmas, la mayoría de ellas de Fuerza Popular, Avanza País y la bancada celeste. A estos se sumaron cinco congresistas de Alianza para el Progreso (APP), una de ellos la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones; dos de Somos Perú (Kira Alcarraz y Alfredo Azurín), y uno de Podemos Perú (Carlos Anderson).
“De Acción Popular no hay [ninguno que haya firmado]. Nosotros pensamos que la vacancia es la solución [a la actual crisis política] y no el voto de confianza [al Gabinete Ministerial que dirige Aníbal Torres], vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, la democracia es buscar votos”, manifestó.
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Montoya también dijo que si el Parlamento admite a trámite la moción de vacancia espera que el presidente Castillo acuda al hemiciclo a explicar las denuncias que existen en su contra.
A su turno, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que la nueva solicitud de destitución obedece a que la “permanencia” en el poder del docente “es insostenible”, al recordar que enfrenta denuncias por presuntos actos de corrupción en licitaciones en Provías Descentralizado y Petro-Perú, y de tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
“La vacancia es una salida a la tremenda crisis política, ayudará a darle gobernabilidad al país. El presidente Castillo no da rastro de enmienda. Ojalá que mis colegas reflexionen y podamos llegar no solo a los 52 votos, sino a los 87″, expresó a El Comercio.
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(Infografía: Jean Villalobos | Data: René Zubieta)
¿Quiénes se pueden sumar?
Desde APP, el parlamentario Roberto Chiabra, uno de los firmantes, refirió que es probable que más integrantes de su agrupación se adhieran al proceso de vacancia, al momento que se vote la admisión a debate. Agregó que el primer objetivo es que Castillo Terrones responda de manera amplía sobre las sospechas de corrupción que hoy pesan sobre su gobierno, tras la declaración de la lobista Karelim López ante el Ministerio Público.
“Hay una sospecha de corrupción que el presidente no quiere aclarar, no quiere responde en la Comisión de Fiscalización, no los recibe tampoco, el escenario [en referencia a diciembre] ha cambiado. En ese entonces, no se conocía el testimonio de López, tampoco la presunta existencia de una mafia en Transportes y Comunicaciones”, subrayó a este Diario.
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Al respecto, la portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, refirió, a título personal, que ella está evaluando su respaldo a la destitución de Castillo Terrones. Ayer, también anunció que no brindaría el voto de confianza al Gabinete Ministerial, porque “hay varios ministros que no solo incumplen el perfil para el cargo, sino que, además, tienen serias denuncias”.
Paredes, además, no descartó que un sector de su bancada apoye la admisión a debate de la moción de vacancia, porque se requiere que el jefe de Estado brinde respuestas.
El congresista José Jeri (Somos Perú) explicó que su agrupación aún no ha tomado una postura colectiva sobre el nuevo proceso de vacancia, aunque remarcó que es probable que se pueda dejar a sus integrantes en libertad de decidir en base a su consciencia. “La admisión permitiría que el presidente sustente y aclare las acusaciones que existen contra su administración”, opinó.
Fuentes de Somos Perú indicaron que es probable que a Alcarraz y a Azurín se vaya a sumar un congresista más.
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La solicitud de destitución contra el profesor tiene 20 argumentos, entre los que destaca la declaración que brindó López Arredondo, en calidad de aspirante a colaborada eficaz, ante la fiscalía de lavado de activos. Este testimonio compromete al jefe de Estado en una presunta red de corrupción al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El documento también incluye como causales para la vacancia las contracciones de Castillo Terrones sobre si se reunió o no con la lobista; las denuncias de un “gabinete paralelo”; sus declaraciones sobre brindar una salida al mar a Bolivia, la licitación en Petro-Perú a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo director ejecutivo es Samir Abudayeh.
El paso a paso
La admisión a trámite de la moción de vacancia presidencial se somete a debate y se vota en la siguiente sesión a aquella en la que se dio cuenta.
Para que la solicitud de destitución sea admitida, esta requiere del voto de “por lo menos el 40%” de los congresistas hábiles, es decir, 52.
El pleno del Congreso debe acordar el día y la hora para el debate y votación del fondo del pedido de vacancia. Esta sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, “salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas (104) acuerdo un plazo menor o su debate y votación inmediata”.
El presidente de la República puede ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistido por un abogado, durante la sesión en la que el pleno del Congreso debate y vota la moción de vacancia en su contra, por “hasta 60 minutos”.
El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución (entre ellos incapacidad moral permanente), requiere de una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).
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