(Foto: El Comercio)
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Giovanna Castañeda Palomino

La investigación del Caso Lava Jato en el Perú no solo está centrada en Odebrecht, sino también en las otras constructoras brasileñas que habrían pagado millonarios sobornos para obtener licitaciones. Tal es el caso de Camargo Correa, empresa bajo investigación preliminar en la fiscalía anticorrupción.

Camargo Correa, en consorcio con sus connacionales Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, se adjudicó el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

El Comercio conoció que, en enero pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a pedido de la fiscalía, congeló los fondos de la mencionada constructora. La orden, validada por un juez en primera instancia, se extendía a su ex representante legal Marcos de Moura Wanderley.

No obstante, tras revisar las apelaciones, una sala superior revocó la medida, cuyo objetivo era garantizar una eventual reparación civil a favor del Estado Peruano.

Así, las cuentas de Camargo Correa y de Moura Wanderley, que sumaban más de medio millón de dólares, quedaron descongeladas.

(Fuente: El Comercio)
(Fuente: El Comercio)

—Admitido y revocado—
La UIF solicitó hace cinco meses al juez Ángel Mendívil, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, la convalidación del congelamiento administrativo de fondos de la empresa y su ex representante.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo del equipo especial del Ministerio Público, investiga preliminarmente desde octubre del 2016 y enero de este año a Josef Maiman y a Camargo Correa, respectivamente, por el presunto pago de sobornos en el tramo 4 de la carretera Interoceánica. El delito imputado es lavado de activos en agravio del Estado.

La constructora brasileña tenía entonces S/23.229,22 y US$465.104,35 depositados en cuatro cuentas bancarias.

Los fondos de Moura Wanderley sumaban S/465,08 y US$3.312,62 en cuentas bancarias, así como 80 certificaciones de participación de notas estructuradas valorizadas en US$1.000 cada una.

La UIF precisó al juez la urgencia de ordenar este congelamiento. En sus fundamentos, incluyó los hechos que hasta ahora maneja el Ministerio Público sobre esta investigación: por ejemplo, las transacciones de dinero ya acreditadas que recibió Maiman [ver infografía] y que coincidirían con el presunto pago de sobornos de Camargo Correa.

Mendívil declaró fundado el pedido y consideró que la medida era idónea, necesaria y proporcional para asegurar la intangibilidad del dinero.

Pero tres meses después se registró un revés para las autoridades. Camargo Correa y Moura Wanderley apelaron el fallo del juez Mendívil. Entre las razones de las impugnaciones, argumentan que la UIF “no se encontraba facultada” para dictar medidas de congelamiento a pedido del Ministerio Público y que no queda sustentado que sus cuentas estén vinculadas a transacciones sospechosas.

El 13 de marzo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, formada por los jueces superiores César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León, les dio la razón: declaró fundadas las apelaciones y dejó sin efecto el congelamiento de las cuentas.

“No existe una fundamentación específica que le corresponda hacer a la UIF, de vincular movimientos bancarios sospechosos que provengan de los sobornos mencionados con las cuentas congeladas”, dice la resolución a la que El Comercio tuvo acceso.

Finalmente, la sala presidida por el juez César Sahuanay consideró que la fiscalía “no es una instancia consultiva” de la UIF y que una medida de congelamiento “no se cumple haciendo suyos” los fundamentos.

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