Una mancha oscura y espesa se extiende cerca a la quebrada Piedra negra, fuente de agua de la comunidad kichwa 12 de Octubre en Loreto. Los pobladores indígenas aseguran que no necesitan ver la mancha para saber que se trata de un nuevo derrame de petróleo, solo les basta sentir el olor que les produce náuseas y dolor de cabeza para saber que la pesadilla ha vuelto. El 2 y el 17 de marzo de este año, la comunidad denunció el mismo problema de siempre: otra vez derrames de crudo en la comunidad, otra vez en el Lote 192, una vez más la preocupación por el riesgo que representa para la vida de las personas, animales y plantas.
“Este mes un pozo se reventó porque los tubos son viejos, corroídos, el petróleo se ha caído y está llegando a la quebrada, muy cerca del Río Tigris, es muy peligroso. Todas las empresas que han operado no se han preocupado por el mantenimiento”, dice Hugo Carijano Tapuy, morador de la comunidad 12 de Octubre y exdirigente indígena.
En esta zona de la Amazonía peruana el petróleo siempre esta presente. Solo en marzo se registraron dos derrames en la comunidad y en lo que va del año suman cuatro, indica el monitor indígena de la comunidad, Tom Chung. A su vez, dos reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), uno del 2020 y otro del 2017, dan cuenta de dos eventos más dentro del territorio de la misma comunidad.
Hugo Carijano Tapuy asegura que fue durante las operaciones de Pluspetrol Norte cuando ellos fueron a reclamar por los constantes derrames de crudo y que la respuesta a sus exigencias fue “que nos enviaron a la policía y nos denunciaron”. La petrolera entabló una demanda —cuyo juicio empezó en marzo de este año— contra un grupo de dirigentes indígenas por robo agravado, secuestro y posesión de armas. Y mientras la empresa se concentra en esta acción legal, las comunidades insisten en que ha evadido su responsabilidad sobre los pasivos dejados en el lote 192, además de las multas impuestas por millones de dólares.
A esto se suma que la misma historia de impunidad, de sanciones no atendidas y pasivos ambientales se ha repetido en el Lote 8, según le explicó a Mongabay Latam Renato Pita, especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte – Puinamudt.
El historial de la operación de Pluspestrol Norte figura en la base de datos de multas, sanciones y procesos activos contra empresas petroleras construida por la alianza periodística #ManchadosXelPetróleo. La información abarca los últimos 10 años y se centra en las actividades petroleras en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Solo en Perú, según la base de datos, la autoridad ambiental ha iniciado 143 procesos sancionadores que involucran a 16 petroleras. Además, estas 16 compañías han sido multadas. Pluspetrol Norte lidera la lista en Perú con 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto total de las multas supera los 47 millones de dólares.
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Una operación cuestionada
Pluspetrol Norte manejó el Lote 8 por los últimos 25 años. Esta concesión, ubicada en los distritos de Trompeteros y Urarinas de la provincia de Loreto, cerca de la cuenca del río Corrientes y Marañón, acumuló en ese lapso de tiempo una larga lista de multas y sanciones. En el Lote 192, situado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón en los distritos de Tigre y Trompeteros, la situación no es muy distinta; la operación se cerró en el 2015, dejando un historial de denuncias por derrames y remediaciones no realizadas.
La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico Fronterizo Perú Ecuador (OPIKAFPE), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes (FECONACOR) se han manifestado constantemente en contra de Pluspetrol. En marzo del 2020 denunciaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las malas prácticas de la petrolera y la contaminación de sus territorios, sobre todo durante el tiempo que operó el Lote 192.
El problema que enfrentan las comunidades ahora es que sostienen que es difícil enfrentarse a un fantasma. La empresa Pluspetrol Norte ya casi no existe en el Perú, inició su liquidación en el 2020 y ha empezado a desaparecer después de haber operado 27 años en el país. Su dirección actual en Lima es en una oficina de coworking en Miraflores y no hay memorias institucionales en la web principal del conglomerado empresarial Pluspetrol, con dirección fiscal en Argentina, al que pertenecen las empresas Pluspetrol Norte S.A.C. ,Pluspetrol Perú Corporation S.A., Pluspetrol Camisea S.A., Pluspetrol Lote 56 S.A. y Pluspetrol E&P S.A.
Cuando los kichwa reclaman por remediación y por su salud, no reciben respuestas, y cómo tenerlas si el Lote 192 está inactivo y las empresas que lo operaban han abandonado la zona. La concesión ha pasado por las manos de empresas como la OXY (Occidental Petroleum Corporation), Pluspetrol Norte y Frontera Energy, quien finalmente devolvió el lote al Estado el año pasado.
El Apu Aurelio Chino afirma que es difícil comunicarse con Pluspetrol Norte y que la nula respuesta causa malestar entre los pobladores indígenas. “Ellos nunca han participado de las mesas de diálogo, nunca han consultado, no han venido cuando se les ha citado a alguna reunión. Nos hubiera gustado que al menos se acercaran, nos den explicaciones”, dice.
Este comportamiento por parte de la petrolera ha llamado la atención de organizaciones internacionales como la OCDE, quien investiga hoy a la empresa tras una serie de denuncias hechas por los pueblos indígenas. A esta se suma la Defensoría del Pueblo, que también se ha pronunciado sobre el caso.
En diciembre del 2020, mientras Pluspetrol Camisea S.A. recibía el premio sostenibilidad de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo por sus prácticas ecoamigables, otra empresa del grupo, Pluspetrol Norte, enfrentaba una serie de problemas legales con el Estado peruano, porque la anunciada liquidación implicaba el abandono de pasivos ambientales y dejar deudas impagas. La Defensoría del Pueblo alertó en febrero del año pasado, mediante un comunicado, sobre estas prácticas a las que llamó un “lamentable, precedente que evidencia la importancia de que el Estado peruano evalúe y adopte con urgencia las medidas correspondientes a fin de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.
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Lote 192: Abandono y multas pendientes
Lo que queda en los territorios que son parte de la concesión del Lote 192 son pasivos ambientales y una tierra manchada por el petróleo. “Nunca mejora la situación, todas las empresas han tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas, tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, afirma Natanael Sandi, monitor ambiental de la comunidad de José Olaya en Loreto. Desde que él tiene uso de razón, el oleoducto y las bombas de petróleo han ocasionado problemas ambientales en la Amazonía. Asegura que ha visto la salud de los pobladores indígenas comprometida, y por eso se formó como monitor ambiental, para reportar los daños causados por el crudo.
La historia del Lote 192 es de larga data y empezó con la Occidental Petroleum Corporation – OXY en 1971. Y no fue hasta casi 30 años más tarde que Pluspetrol Norte SAC. asumió la responsabilidad total de la concesión en el 2000, aunque se vio obligada a dejarla en el 2015 tras acumular una serie de multas impuestas por el OEFA. Un año después, en el 2016, Frontera Energy asumió las operaciones pero dio por terminado su contrato en el 2021, en medio también de un escándalo de multas y derrames por remediar.
De todas estas empresas, Pluspetrol Norte es una de las que ha acumulado las multas más altas por sus operaciones. Mongabay Latam se comunicó con el OEFA, organismo que informó a este medio que “tanto en el Lote 8 y en el 192 (ex 1AB), Pluspetrol se encuentra obligado al cumplimiento de medidas administrativas impuestas, algunas referidas a la remediación de zonas impactadas generadas por su actividad. En el caso del Lote 8, además se encuentra en evaluación del Ministerio de Energía y Minas el Plan de Abandono, que debe contener los compromisos de remediación en la zona”.
Por las deudas acumuladas tras las multas impuestas por el Estado peruano, la petrolera enfrenta un proceso judicial con el OEFA, según ha manifestado Patricia Tipiani, de la Adjuntía de medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. El OEFA informó además a Mongabay Latam que en “la Procuraduría Pública del OEFA, se tiene registrado 40 procesos por el Lote 8 y otros 20 procesos por el Lote 192 (ex 1AB) por el presunto delito de contaminación ambiental, los cuales han sido derivados a la Procuraduría Pública Especializada del Ministerio del Ambiente”.
Mongabay Latam pudo establecer con la base de datos construida para el especial #ManchadosXelPetróleo, el historial de multas y sanciones de la petrolera. En el Lote 192, Pluspetrol Norte acumuló, entre el 2012 y el 2015, sus últimos tres años de operaciones, un total de nueve sanciones de parte del OEFA. En los informes resaltan faltas como el incumplimiento de mantenimiento del ducto, por no revisarse periódicamente las tuberías antiguas. Otros motivos que OEFA considera como faltas graves es el no hacer uso de instrumentos de gestión ambiental adecuados y la falta de remediación ambiental en zonas impactadas por la actividad petrolera. Hasta el 2015, la empresa acumuló más de 3 millones de dólares en multas.
A pesar de esta evidencia, el Poder Judicial no falló a favor del OEFA en el proceso legal vigente con la petrolera. “Se va apelar, según tenemos entendido. Por nuestra parte, hemos recomendado al Ministerio de Energía y Minas atender este tema, y que aquellas empresas que tienen sanciones confirmadas, que se rehusan a pagar, ya no puedan suscribir contratos con el estado”, precisa Tipiani de la Defensoría del Pueblo.
Los pueblos indígenas no han parado de denunciar las consecuencias de la contaminación por crudo. “La tierra se contamina, a veces enfermamos, sentimos mareos, dolor de estómago, pero nadie nos da razón”, sostiene Natanael Sandi. Un estudio toxicológico llevado a cabo por CENSOPAS en el 2016, titulado “Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”, aporta argumentos a la versión del monitor ambiental de la comunidad de José Olaya. Se encontraron niveles de arsénico y plomo en el agua de consumo en niveles por encima de los límites máximos permisibles.
Con indignación, el ex dirigente kichwa Hugo Carijano Tapuy se refiere a la historia del Lote 192 y Pluspetrol. Carijano fue denunciado por Pluspetrol y por el Estado por ser parte de las protestas del 2008. Ese año, líderes quechua y kichwa tomaron el Lote 192, exigiendo su paralización, fue un caso emblemático de movilizaciones contra las petroleras en el Perú. “Aunque la acusación contra los quechua no prosperó, el otro proceso contra los kichwa ha seguido su curso, al punto que el 2017 se formalizó y este año inicia el juicio. Se está pidiendo 37 años de cárcel y reparación civil a la empresa. Es un caso de criminalización, de atemorizar a los líderes”, señala Renato Pita, especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte – PUINAMUDT.
Las acusaciones que figuran en el expediente contra Carijano y otros 20 pobladores indígenas son por robo agravado, secuestro y posesión de armas, la Fiscalía pide medio millón de soles y 31 años de cárcel, como asegura el abogado defensor del caso, Dorian Choque. El proceso está en manos de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
“Es una acusación muy débil, no hay elementos de prueba suficientes para generar una presunción de delito. No se han hecho actos de investigación, con medios probatorios para reforzar las acusaciones. Ni siquiera se les ha garantizado el derecho de defensa y no les llegaron las notificaciones. Sin embargo, los abogados de Pluspetrol Norte han aparecido, ellos siguen pendientes del caso”, comenta el abogado Dorian Choque.
Hugo Carijano señala que se trata de un caso más de criminalización. “No hemos hecho nada a nadie, no hemos dañado ninguna propiedad. Nosotros tenemos ahora un juicio y nuestra comunidad sigue igual, no se ha remediado, estamos peor”, afirma exdirigente kichwa .
¿La misma historia en el Lote 8?
El Apu Omar Saquiray, presidente Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), ya no sabe a dónde recurrir para reclamar por los daños a las tierras de su pueblo y por lo que él considera es un continúo sufrimiento. Ha acudido a interminables reuniones con dirigentes, con entidades del Estado, incluso ha conversado con el OEFA, pero asegura que las manchas de petróleo siguen presentes en el agua y el suelo.
“A nosotros esta situación —como pueblos originarios— nos molesta, no podemos vivir tranquilos, siempre hay noticias de un derrame aquí o allá o de charcos de petróleo acumulados por años. Hemos tenido reuniones con Perupetro, con los Ministerios y no se resuelve”, dice el apu Omar Saquiray.
Lamentablemente las preocupaciones del apu siguen sin ser atendidas, mientras señala que las faltas ambientales de la petrolera cada vez son mayores. En la base de datos de #ManchadosXelPetróleo que registra las faltas y delitos ambientales de Pluspetrol Norte en el Lote 8, se detalla un total de 49 multas impuestas por el OEFA. Algunos de los motivos de las sanciones son por no adoptar medidas de prevención para evitar impactos negativos cuando ocurre un derrame, no realizar la descontaminación de las áreas afectadas por el crudo, incumplir actividades de remediación de cuatro sitios contaminados con hidrocarburos, entre otros. Hasta el 2020, la empresa sumó más de 32 millones de dólares en multas.
El Lote 8 se encuentra activo desde 1970 y fue operado por Petroperú de 1971 a 1996. Luego fue concesionado a Pluspetrol Norte, empresa que dejó la operación en el 2021 cuando su contrato terminaba el 2024 y tenía pendiente remediar los pasivos ambientales que acumuló en 25 años de trabajo en el área. La petrolera , según el OEFA, no solo busca evadir sus obligaciones frente a la atención de los pasivos ambientales en el lote 8, sino que existe el riesgo de que con la liquidación de la empresa no haya forma de exigir el pago de las multas. Por eso en un comunicado de febrero del 2021, la Defensoría del Pueblo se pronunció también sobre este caso.
“Perupetro presentó una medida cautelar contra Pluspetrol Norte para evitar que se lleve a cabo esta liquidación y nos comentó que realizó un proceso arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional. De acuerdo al contrato era la vía para resolver las controversias que podrían suscitarse y, entre ellas, justamente este anuncio de liquidación”, señala Patricia Tipiani de la Defensoría del Pueblo. A la especialista le preocupa además la salud de los pobladores indígenas, ya que considera que ni la empresa ni el Estado han tomado medidas para salvaguardar sus vidas.
Mongabay Latam consultó al OEFA sobre este caso puntual y contestó que “Pluspetrol ha actuado de mala fe, al acordar su propia disolución con el propósito de alegar que dicha situación generaba la resolución del Contrato. Con ello, la empresa pretende liberarse de sus obligaciones contractuales y legales de remediación y cumplimiento del Plan de Abandono del Lote 8″.
El informe Para prender el silencio: Historia de olvidos, tecnicismos y daños petroleros en el Lote 8, editado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y publicado el año pasado, señala que en “los últimos 22 años, las entidades de fiscalización del Estado han detectado un número sumamente alto y preocupante de derrames en el Lote 8, alcanzando los 18 131 derrames”.
Por eso el Apu Omar Saquiray manifiesta su fastidio. “A nosotros esta situación como pueblos originarios nos molesta, no podemos vivir tranquilos, siempre tenemos que estar enfermos, siempre hay noticias de un derrame aquí o allá o de charcos de petróleo acumulados por años”, señala. “Con Pluspetrol en proceso de liquidación y sin un Plan de abandono, quien va terminar asumiendo el costo de estos pasivos va ser el Estado y eso va tener que salir del bolsillo de los peruanos”, comenta Mario Zúñiga Lossio, antropólogo de PUINAMUDT y acompañante de las federaciones de la Cuenca del río Tigre y El Pastaza
Cuando se le preguntó al área de comunicación de Pluspetrol Corporation por el proceso de liquidación, contestaron que no ven nada relacionado a Pluspetrol Norte. La empresa Estratega consultores que actualmente aparece en SUNAT que asumió la liquidación, tampoco ha contestado a las consultas realizadas por Mongabay Latam.
“Las comunidades estamos hartas porque nadie se hace cargo. Pluspetrol nos ha seguido contaminando por años. Lo peor es que tenemos hermanos denunciados penalmente por defender sus derechos y la empresa los ha tomado como grupos vandálicos”, comenta el Apu de la etnia achuar Omar Saquiray.
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¿Quién se hace responsable de los daños?
El gran dilema es finalmente quién va a remediar los impactos y cómo se van a recuperar las personas expuestas al crudo. Miguel Levano, coordinador de programas de la ONG OXFAM en Perú, explica que “muchas empresas como Pluspetrol, para evadir pagar multas, las judicializan, eso es legal”. Asimismo, Levano añade que “lo peor es que esas sanciones, además, son bajas en comparación con la magnitud del daño ambiental”.
En el caso de Pluspetrol Norte, los más de 47 millones que debe no se acercan a lo que cuesta remediar las zonas afectadas por el petróleo.
“Imagínense que a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Europa, Pluspetrol le ha negado una reunión con nosotros, los líderes indígenas, no quieren hacerse cargo, no van a dar la cara”, dice el Apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP.
“El otro gran tema es que las sanciones no se destinan a remediación, sino a recaudación o a las propias entidades fiscalizadoras”, señala Miguel Levano. Entonces la remediación recae sobre la empresa, la que no siempre utiliza las mejores técnicas o métodos para evitar mayores impactos ambientales. “Se tapa el derrame poniendo tierra, colocando plantas, se puede cavar y se encuentra debajo petróleo”, indica Levano.
La documentación, los juicios y los procesos internacionales entre Pluspetrol Norte y el Estado peruano se van acumulando, mientras las comunidades indígenas afectadas lamentan que los responsables no contesten sus demandas, sino que simplemente desaparezcan dejando las manchas del petróleo en la Amazonía.
El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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