Las delegaciones expresaron su preocupación por el crecimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal | Foto: Difusión
Por Redacción EC
Cerca de 40 defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, líderes indígenas y representantes de organizaciones sociales de seis países de América Latina se reunieron en Lima del 27 al 28 de mayo para compartir experiencias de defensa y resistencia, analizar los desafíos que enfrentan en sus territorios y construir estrategias conjuntas para proteger el ambiente y los derechos de las comunidades.
Cerca de 40 defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, líderes indígenas y representantes de organizaciones sociales de seis países de América Latina se reunieron en Lima del 27 al 28 de mayo para compartir experiencias de defensa y resistencia, analizar los desafíos que enfrentan en sus territorios y construir estrategias conjuntas para proteger el ambiente y los derechos de las comunidades.
El Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, convocado por la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, reunió a participantes en un momento especialmente complejo para la región, marcado por conflictos socioambientales, el avance de actividades extractivas y economías ilegales e informales, así como por el incremento de amenazas contra quienes defienden el agua, los bosques y los territorios.
Uno de los principales consensos alcanzados durante el encuentro fue que la violencia contra las personas defensoras ambientales no responde a hechos aislados. Por el contrario, señalaron que existe una problemática común en distintos países, donde comunidades y líderes locales enfrentan contaminación, amenazas y violencia por defender sus territorios, procesos judiciales prolongados y campañas de estigmatización por expresar su oposición a proyectos extractivos que consideran perjudiciales para su entorno.
“Ser defensor o defensora ambiental no es solo proteger un río o un bosque. Es proteger el futuro de las comunidades, su historia, su cultura y su derecho a vivir en un ambiente sano”, señalaron los participantes durante el encuentro.
Una problemática compartida en toda la región
Las delegaciones expresaron su preocupación por el crecimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal, fenómenos que afectan especialmente a comunidades rurales e indígenas y que incrementan los riesgos para quienes protegen sus territorios.
La situación es particularmente preocupante debido a los altos niveles de violencia registrados en América Latina. Según cifras compartidas durante el encuentro, la región concentró el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales registrados en el mundo durante 2024.
Los participantes también alertaron sobre la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de mecanismos de protección para personas defensoras, problemas que se repiten en distintos países y que afectan directamente la calidad de vida de miles de familias.
En el caso peruano, si bien desde el 2021 se cuenta con un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a través del cual se les puede otorgar medidas de protección cuando existe un riesgo grave e inminente para su vida o integridad, el mecanismo aún presenta muchas deficiencias a nivel jurídico, político y de alcance que afectan su adecuada implementación.
Acuerdos para fortalecer la defensa de los territorios
Además de intercambiar experiencias, las organizaciones acordaron fortalecer la articulación regional para compartir mecanismos de protección, impulsar acciones de incidencia y visibilizar la situación que enfrentan miles de personas que defienden el ambiente en sus países.
Como parte de su declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, entre ellas las del Valle de Tambo, en Arequipa; Cotabambas, en Apurímac; y quienes protegen los bosques secos de Chaparrí, en Lambayeque.
El encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente.
“Defender derechos no es un delito. Defender el agua, los bosques, los ríos y los territorios es una labor fundamental para el presente y el futuro de nuestras sociedades”, concluye el pronunciamiento aprobado por las organizaciones participantes.
Con este encuentro, las delegaciones reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para proteger los territorios y construir respuestas colectivas frente a los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la región.
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