Comisión de Energía y Minas aprueba dictamen que busca flexibilizar la ley de Petroperú

Con nueve votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 1905/2021-CR, 2108/2021-CR, 4033/2022-CR y 4219/2022-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la Ley que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo y consolidación de la industria petrolera a fin de contribuir con la seguridad energética del país.

Según el numeral “e” de las dosposiciones complementarias del documento, desoués de celebrados los respectivos contratos de hidrocarburos entre Perupetro y Petroperú, esta última quedará facultada a convocar y seleccionar, conforme a ley, socios estratégicos y a realizar las gestiones necesarias para la ejecución del objetivo de la declaratoria.

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En caso de no optar por un socio estratégico, Petroperú sustentará ante los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas el acuerdo de su directorio de no contar con un socio estratégico para realizar lass actividades de exploración y explotación.

La presidencia de la comisión señaló que postergar la decisión generaría inestabilidad en el sector hidrocarburos.

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Así, en su artículo único, el proyecto declara de interés nacional que Petróleos del Perú - Petroperú, mediante negociación directa con Perupetro, suscriba contratos de hidrocarburos para la adjudicación de todos los lotes petroleros ubicados en el territorio nacional para su exploración y explotación al término de la vigencia de los respectivos contratos; así como para el fomento del desarrollo y consolidación del procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos a su cargo, a fin de satisfacer la demanda nacional de combustibles.

A su parecer, Carlos Gonzáles Ávila, experto petrolero y gerente general de Enerconsult, lo que se ha aprobado es todo lo contrario a lo que dice el rol subsidiario del Estado, que interviene donde el privado no lo hace. Lo que dice el dictamen es que el Estado va a escoger lo que más le conviene y va a dejar lo que menos le conviene para el sector privado, y el problema es que Petroperú, en estos momentos, no tiene capacidad financiera para asumir todos los lotes, explicó.

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En segundo lugar, continuó, hay un reglamento de planificación de interesados de solvencia y de capacidad económica para poder asumir los lotes. “No se trata de todos los lotes para Petroperú, se trata de primero saber si Petroperú califica y si para esos lotes hay más de un interesado. Si es así, la ley de contrataciones del Estado y los propios lineamientos de Perupetro dicen que se debe optar por un proceso competitivo para que el Estado gane con la mejor oferta de inversión”, añadió.

Por tanto, Gonzáles explicó que no solo el texto está mal hecho, sino que hay otras formas de ayudar a Petroperú que deben contemplarse y que son más lógicas y técnicas.

Por ejemplo, explicó, buscar una asociación de Petroperú con los privados y ver su participación con el compromiso de que la empresa estatal comprará el petróleo y con el compromiso de que el privado va a venderle a las refinerías el petróleo, anotó.

Asimismo, que haya un compromiso por las reservas no desarrolladas para que los provados hagan las inversiones que se requieren. “Hay fórmulas que no se han intentado y lo que se ha aprobado es solo para la galería. En la práctica no va a funcionar”, dijo.

En opinión de Eduardo Guevara, expresidente de Petroperú, este proyecto no es necesario pues las normas existentes establecieron las reglas y la política que se quería para Petroperú.

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“La 30130, la 1292 (...) son reglas que se hicieron para que Petroperú se enfoque en lo más importante y que se haga de manera eficiente: el oleoducto, la refinería y su reorganización”, anotó Guevara.

Para el experto, con las normas que se tienen hoy, Petroperú tiene la posibilidad de acceder a los lotes pero con una restricción que es la de ir con un socio y esto, explicó, se debe a que las normas se aprobaron vinculados a dos temas principales que es la refinería de Talara y el oleoducto norperuano.

Asimismo, recordó que la petrolera estatal tiene tareas pendientes y prioritarias y no se debe olvidar que, mediante decreto de urgencia, el gobierno aprobó dar un aporte de capital de US$ 1.000 millones sumado a otras fuentes de financiamiento que vinieron condicionadas.

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“Se exigía contratar una consultora, un estudio para la reestructuración de la compañía, presentar un informe en junio que luego debe ejecutarse. El objetivo principal es tener una empresa ordenada y preparada para recibir capital privado y no volver a tener que voltear a su accionista principal y pedir un salvataje”, sentenció.

Debate en comisión

Durante el debate, el congresista de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, manifestó su disconformidad con la redacción del documento pues se estaría planteando una norma abiertamente incostitucional y que colisiona con leyes orgánicas que regulan la actividad petrolera y de hidrocarburos en el país.

“Plantear que se va a otorgar todos los lotes petroleros a través de contratos de hidrocarburos es incostitucional. Entiendo que lo que plantean es que Petroperú tenga una actividad preponderante en la actividad petrolera por la caída enorme de la producción y la exploración petrolera de los últimos años”, dijo.

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Mencionó, además, que en el numeral “e” de las disposiciones complementarias fianles se expresa que después de celebrados los respectivos contratos de hidrocarburos entre Perupetro y Petroperú, esta última quedará facultada a convocar y seleccionar, conforme a ley, socios estratégicos.

Sobre ello, la ley de hidrocarburos dice que antes de firmar el contrato cualquier empresa privada nacional o extranjera que quiera operar hidrocarburos tiene que demostrar que tiene capacidad técnica y económica.

“Primero acredita y luego se pueden firmar los contratos. Acá se está haciendo al revés, estamos dando a priori y sabemos la situación económica en la que se encuentra Petroperú”, anotó.

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En esta opinión coincidió el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, quien lo calificó de inconstitucional y argumentó que Perupetro es la empresa del Estado que debe garantizar la competitividad en el sector hidrocarburos y buscar la mayor competencia y capacidad de actores para lograr mejores contratos petroleros.

“Creo que en el proyecto de ley se han olvidado de algo, si todos los lotes petroleros van a estar a cargo de Petroperú, para qué existe Perupetro, sus facultades de fiscalización las podría asumir la Dirección General de Hidrocarburos”, agregó.

A su turno, la congresista Elizabeth Medina, de la bancada Perú Libre- Bloque Magisterial de concertación nacional, explicó que han sido cuidadosos al plantear buscar socios estratégicos responsables en aras de tener un verdadero desarrollo del sector.

Asimismo, refirió que la ley planteada no es inconstitucional y está amparada en el artículo 66 de la Constitución y dentro de la ley orgánica de hidrocarburos, los contratos que ya van a culminar.

“El Ministerio de Energía y Minas ha fundamentado la capacidad técnica y económica”, agregó.