“El Ejecutivo recientemente aprobó un decreto supremo que perjudica los esfuerzos por generar puestos de trabajo formales, presentando argumentos que no tienen sustento y yendo más allá de lo que la ley permite”, refirió.
Horas antes, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se mostró en la misma línea y aseguró que la ley es inconstitucional ya que transgrede el “principio de jerarquía normativa previsto en la Constitución Política del Perú”.
“El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó esta normativa (DS 001-2022-TR) argumentando que la utilización indiscriminada de la tercerización la convierte en una de las principales causas de abaratamiento de los costos laborales, sin presentar evidencia que sustente dicho argumento”, señaló CPC.
El gremio aseguró que no se han evaluado debidamente las consecuencias que acarreará la aprobación de esta norma, entre las que se encuentra “afectar a sectores clave de la economía” como construcción y minería.
En cifras concretas, la ley perjudicará a 950 empresas de tercerización y a más de 150.000 trabajadores formales. Este último grupo representa al 3% del empleo formal privado asalariado.
“En otros países como Ecuador, Bolivia y México la evidencia sugiere que las prohibiciones al proceso de tercerización han resultado perjudiciales para la competitividad y el empleo”, puntualizó.
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