Hoy se debatió el dictamen que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado del Congreso. La propuesta original fue presentada por el Ejecutivo a inicios de abril y recibió las opiniones de diversas instituciones públicas y privadas que fueron tomadas para su actualización.
Cabe recordar que esta propuesta busca la creación de una entidad que disponga la formulación, ejecución y mantenimiento de proyectos o grandes inversiones de infraestructura. Esta será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, teniendo autonomía funcional, administrativa, técnica y económica. Se constituirá como un pliego presupuestal.
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Esta versión del proyecto define que la ANIN tiene como ámbito de competencia la infraestructura vinculada a proyectos o programas de inversión nacional de los tres niveles de gobierno, teniendo una cartera de grandes proyectos de inversión pública. Además, especifica que estos proyectos deben “contribuir al cierre de brechas de infraestructura para garantizar una efectiva prestación de servicios públicos y dinamizar la economía, así como promover el desarrollo sostenible”.
Esta cartera estará integrada por obras con montos de inversión iguales o mayores a S/200 millones que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física. También se podrá incluir a otros proyectos sin ejecución física cuyo monto de inversión se encuentre entre los S/40 millones y los S/200 millones solo cuando se traten de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico.
Asimismo, la entidad tiene la potestad de ejecutar proyectos y programas de inversión que le sean encargados y realizará su mantenimiento hasta por cuatro años, cuando la función deberá pasar al operador designado.
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Por otro lado, el dictamen omite que la ANIN absorba a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). En una primera instancia el Ejecutivo planteó que todos los proyectos a cargo de esta última pasaran a ser controlados hasta su culminación por la ANIN.
“No se incluye la fusión por absorción de la ARCC ni tampoco se hace referencia a esta institución. Estas son decisiones que se han tomado, pero esta [absorción] se puede definir a través de algún Decreto Supremo que el Ejecutivo puede aplicar, si es que lo hace pertinentemente. Pero la ARCC no va a guardar ninguna relación con esta fórmula legal”, señaló Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, durante su exposición ante la comisión.
En ese sentido, Otárola confirmó que la ARCC continuará los proyectos que tiene a cargo mientras esté en vigencia (actualmente tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2023).
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Por otro lado, el funcionario indicó que actualmente en el Perú hay 1.879 obras paralizadas.
“Esto refleja la débil capacidad de ejecución de obras en los tres niveles de gobierno. Esta situación se debe a la falta de recursos financieros, liquidez, incumplimientos contractuales, eventos climáticos, discrepancias, arbitrajes, adendas y, también hay que decirlo, corrupción”, afirmó.
La Comisión de Descentralización no llevó a votación el dictamen, que también deberá ser debatido en la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
