Nuestros funcionarios públicos y políticos no terminan lo que empiezan. ¿Será por decisión personal, por la enquistada corrupción, por las burocracias transversales, por la falta de presupuesto?, ¿O, quizá, por el errado juego de no darle luz al predecesor ni permitir el brillo del que sigue? Cual fuese la motivación, lo cierto es que existe un modus operandi, casi institucionalizado, de decisiones y gestiones informales. Somos, económica y socialmente, informales.
Analicemos el problema de la informalidad desde una problemática municipal recurrente: el pago de arbitrios. ¿Cómo podría el alcalde de San Juan de Lurigancho mejorar los servicios públicos, si aproximadamente el 70% de los vecinos de este distrito –el más grande de Lima– no pagan impuestos? Y, ¿qué incentivos debe construir el Estado para que la formalidad sea atractiva desde el nacimiento de un pequeño emprendimiento hasta la construcción de una holding?
Hemos asociado estrictamente la formalidad al empleo y a las características de lo que se entiende por “trabajo formal” con una mirada tradicional, que luego escaló a formalizar empresas y perseguirlas con el cumplimiento de los tributos.
Para enfrentar los problemas del Perú de hoy, el concepto de formalidad debe evolucionar e incluir, entre otras cosas, el civismo –una noción básica de ciudadanía– como parte de la misma ecuación. ¿Por qué? Porque ciudadanos que paguen sus arbitrios habitarán distritos donde se tenga el presupuesto para sostener servicios básicos –primero–, y de calidad –después–. Los ciudadanos debemos aprender y reforzar el valor del cumplimiento y de respetar las reglas que construyen una convivencia ciudadana respetuosa.
Un civismo que nos fuerce a vivir con formalidad imposibilitará procrastinar obras y facilitará que la gestión pública sea, en todos sus niveles, un acto real de servicio.
