Los retos de la exploración minera: tramitología, demora en plazos y problemas institucionales

La presencia y aporte de la minería en la economía peruana es indiscutible. Ello se refleja, por ejemplo, a nivel de exportaciones, donde concentró el 65% de los despachos. La primera etapa del ciclo minero es la exploración, donde se determinan las condiciones geológicas y económicas que puede tener un proyecto minero, explicó Patricia Vizcarra, gerente de Responsabilidad Social, Permisos y Propiedad Minera en BHP, en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProExplo 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En un contexto donde el mundo requiere de recursos, sobre todo en épocas de transición energética, el Perú puede jugar un papel determinante como proveedor de los recursos que se necesitan a nivel internacional, apuntó.

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Adan Pino, presidente del ProExplo 2026, comenta a Día 1 que hacia el 2050 la demanda mundial de cobre fino será de 37 millones de toneladas. Sin descubrimientos mineros, la producción puede caer a 17 millones. Para que el Perú se vuelva un actor principal para atender la demanda, necesita realizar descubrimientos mineros ahora, lo que se traduciría en producción de minerales y metales hacia el 2040 y 2050.

Sin embargo, como también ocurre en las actividades de explotación, la exploración enfrenta desafíos frente a la llamada tramitología.

Vizcarra y Miyanou Dufour, socia del estudio Hernández & Cía, comentaron en el panel ‘La ruta del permiso: diagnóstico de la tramitología para la exploración minera en el Perú’ que uno de los retos es la fragmentación de normas en el sector.

Para Vizcarra, las normas regulatorias han aumentado con diversos permisos sectoriales, pero en muchas ocasiones estos no se encuentran integrados. A su vez, se puede aplicar el mismo tipo de norma para distintas etapas de la minería, como un proceso de consulta previa similar en la exploración y explotación.

Otro desafío son las capacidades institucionales, señalaron, por la falta de recursos técnicos y/o humanos, la alta carga operativa y la rotación de personal en el sector público. A ello se suma la falta en la articulación entre entidades y en el seguimiento de los permisos.

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Frente a ello, Dufour señaló que una de las preguntas que realizan las empresas mineras para invertir en el país es el tiempo que demorará realizar perforaciones.

En la exploración, los presupuestos y objetivos son anuales, por lo que esperar dos o tres años para obtener un permiso deja en incertidumbre al inversionista.

En otro momento del evento, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, sostuvo en su presentación ‘Exploración geológica: el desafío de una estrategia comunicacional exitosa con ecosistema social’ que el costo de tener una comunicación tardía puede elevarse en cada etapa de la actividad minera.

Es así que el costo para gestionar un conflicto en la etapa de operación puede ser 60 veces más alto que en una exploración temprana. Por conflictos sociales, la minería en América Latina perdió US$12.000 millones en inversión entre 2015 y 2024, añadió.

“Es uno de los mayores problemas la comunicación. Manejamos mucho el discurso técnico. Sin embargo, las comunidades necesitan un relato distinto”, señala a Día 1, y agrega que al menos el 70% de los conflictos sociales en el sector se deben a una falla comunicativa.

Soluciones y oportunidades

¿Qué puede ayudar a la exploración minera? Para Augusto Navarro, gerente legal regulatorio de Antamina –quien participó en otro de los bloques del evento minero–, se requiere de una mejor gestión del Estado y de seguridad jurídica. Son necesarias reformas bajo una mirada integral, así como evitar duplicidad en las evaluaciones o permisos.

“La idea no es rebajar los estándares, sino ser más eficientes”, apuntó en el bloque ‘Reformas legales y regulatorias para una exploración minera ágil y responsable’. Esta duplicidad puede llevar a dilatar los plazos para obtener permisos, complementó Diego Pachas, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, quien participó en el mismo bloque.

De acuerdo con Navarro, se requieren mayores recursos y personal en el Estado, así como herramientas modernas. Un aspecto importante es la implementación de un catastro unificado nacional, consideró, en donde se tenga información consolidada. Otro aspecto que puede ayudar es la creación de una ventanilla única para el sector, añadió.

A su vez, Angélica Remuzgo, jefe de la Unidad de Áreas Restringidas de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), consideró que actualmente los silencios administrativos positivos en los procesos mineros son una solución inmediata, pero para un cambio en la administración pública se debe optar por procedimientos automáticos y la IA para cotejar de información.