El triste proceso de la exclusión financiera en el Perú

Querer solucionar algo, sin haber analizado el cómo, puede terminar siendo altamente dañino. De hecho, la famosa frase que reza que “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones” es una lamentable realidad en el Perú. En lo que podría denominarse el segundo episodio de la serie producida por el Congreso de la República, bajo el título, ¿Cómo hacer imposible que más peruanos accedan a un crédito?, la Comisión de Economía ha dictaminado recientemente un proyecto de ley que busca beneficiar al denominado buen pagador. Esto que suena muy bonito va a terminar consolidando nuestro triste proceso de exclusión financiera.

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Esta iniciativa propone el reconocimiento como buen pagador a los deudores de créditos de consumo, microempresa y pequeña empresa que hayan pagado puntualmente cuotas por seis meses consecutivos, obligando a que la banca mejore la calificación crediticia y reduzca así la tasa de interés. Aunque lo anterior pudiera sonar razonable, el problema está en que el dictamen ignora olímpicamente otros factores, incluso más importantes, para determinar los riesgos involucrados.

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Por ejemplo, en los tipos de créditos de baja cuantía como los que contempla el proyecto, tiene mayor peso factores tales como el nivel de ingresos del cliente, recurrencia en la generación de flujos, grado de formalización, historial crediticio, sector económico y las garantías que respalden sus obligaciones. Y no solo eso, no podemos olvidarnos de los factores de oferta que influyen sobre el coste del crédito, como los gastos que asume la entidad financiera para el otorgamiento del crédito que no dependen del cumplimiento de pago, como son el interés que se debe pagar por el fondeo y los gastos operativos de gestionar el financiamiento en todo su ciclo.

Y esto sin dejar de lado que una entidad financiera debe preservar la sostenibilidad, dado que el proceso de intermediación se financia sobre todo con los ahorros del público. Por tanto, el dictamen no debiera ir en contra del salvaguardo de la solvencia y la estabilidad del sistema. De hecho, sin violar este principio, la Ley vigente permite brindar un mejor trato al deudor que el que plantea el actual dictamen del Buen Pagador. Así, por ejemplo, si este paga todas sus cuotas atrasadas, se le recalifica de inmediato a la categoría de riesgo normal, sin esperar acumular seis cuotas consecutivas de pago puntual. Viéndolo así, el dictamen de la Comisión de Economía es absolutamente innecesario.

Si es que este proyecto llega a convertirse en ley significaría una exclusión financiera de facto sobre actuales y potenciales clientes financieros. Esto porque la banca deberá ajustar aún más sus criterios de aprobación de crédito teniendo en cuenta el daño que traerá esta nueva normativa sobre sus carteras. Y esto, se debe a que la Ley buen pagador, tal como lo estamos explicando, al distorsionar la realidad de las características de riesgo del crédito se termina convirtiendo en un esquema de topes a las tasas de interés encubierto que expulsaría a más peruanos del sistema financiero y que bloquearía el ingreso de otros tantos que necesitan financiamiento. Y ya tenemos evidencia reciente de lo que significa los topes a las tasas de interés en el Perú.

En efecto, para ilustrar lo anterior, señalemos que la Ley promulgada por el Congreso de la República a finales del 2020 bajo el rimbombante título de Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es una mentira hecha Ley, pues lejos de brindar protección como se señala, ya ha empezado su proceso de expulsión dejando a los peruanos más vulnerables a merced de la banca informal. Así, de acuerdo con el análisis del Banco Central de Reserva en su Reporte de Estabilidad Financiera-Mayo 2022, todo indica que los topes a las tasas de interés introducida por la Ley del 2020, ha significado que sólo en el período mayo-diciembre de 2021 (ocho meses), se haya perdido casi 100 mil clientes recién bancarizados. Comparándose este dato con similar período del año 2019 (antes de la pandemia), se ha terminado perdiendo cerca de 7% de clientes bancarizados. Y esto recién ha comenzado, pues es de esperarse que lo efectos negativos de los topes se profundicen en el largo plazo, si tenemos en cuenta las relaciones endógenas con el crecimiento y bienestar económico.

Así, en este difícil escenario, si se añade la Ley del buen pagador, el Congreso terminaría consolidando una política de exclusión y pobreza, que desafortunadamente se va haciendo común en estos días.