Inseguridad en el país: Oportunidades para abordar el impacto en las empresas

Nuestro país, que se encuentra en la ruta hacia la recuperación económica, viene afrontando desde hace años el problema de la inseguridad y violencia, que viene afectando a distintos tipos de empresas y que impactan en su productividad.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó que, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial del primer trimestre de 2024, un 13% de empresas encuestadas a nivel nacional señaló ser víctima de un hecho delictivo en ese periodo. Asimismo, de acuerdo con este reporte de la SNI, la inseguridad ciudadana limitó la producción de un 11% de empresas.

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En el caso de la ciudadanía, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2023 el 27,1% de personas mayores de 15 años fueron víctimas de un hecho delictivo, superando las cifras de 2022 (22,9%), 2021 (18,2%), y 2019 (26,6%), año prepandemia.

Hay un incremento en la inseguridad, lo que se refleja en un mayor uso de armas y la presencia de delitos como extorsión y sicariato, sostuvo Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y exviceministro de Seguridad Pública.

“Estamos en un contexto donde hay un crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado”, expresó.

El experto señaló que hay dos vertientes que devienen de la criminalidad organizada: actividades ilegales -como la minería ilegal- y la mencionada línea de delitos de extorsión, secuestro y sicariato.

El experto de seguridad pública agrega que la informalidad en el país también permite el flujo de dinero ilícito, dado que no hay obligación de señalar el origen de este dinero.

Quienes son los más afectados son los pequeños empresarios, comentó Zevallos. Pero esta problemática también alcanza a empresas de distintos tamaños. Tal es así que, Minera Poderosa comunicó a inicios de diciembre del año pasado que sufrió un atentado criminal. Ya en agosto de ese año, la compañía aurífera había informado sobre la situación de inseguridad en la zona de Pataz, en La Libertad.

Además…

Según el IPE, un 44% de las exportaciones de oro en el 2023 provinieron de la minería ilegal.

Asimismo, en agosto de este año en la capital peruana, diversos choferes que recorren la ruta A de la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A., denunciaron que hubo disparos en una de las unidades vehiculares la noche del 20 de agosto.

“El 45% de empresas de este sector de transporte han sido víctimas de un delito y gastan cerca del 10% de sus ventas netas en seguridad”, comentó Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE). En otras ciudades, como Piura, Chiclayo y Trujillo, las extorsiones ya venían ocurriendo años atrás, complementó Zevallos.

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Esto afecta el crecimiento económico en el país, que necesita avanzar a tasas de 4%, consideró James, para la creación de puestos de trabajo.

“Con una inseguridad creciente, [los inversionistas] van a tener menos posibilidades de invertir. Si hay dudas de inversión, no invierten y no hay crecimiento económico”, declaró.

Otro caso, que también alcanzó a los sindicatos fue el asesinato del secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Lima, Arturo Cárdenas, en La Victoria el mismo agosto.

¿Cómo se puede atender la problemática de inseguridad ciudadana? Un punto importante a atender es la rotación de ministros en la cartera del Interior, sostuvo Valencia del IPE. En la gestión de la presidenta Dina Boluarte hubo seis titulares a cargo del sector y siete cuando Pedro Castillo fue mandatario. Esto no necesariamente ha significado la entrada de personas con una mayor capacidad, añadió Zeballos.

Para el jefe de Estudios Económicos del IPE, estos cambios también se trasladan a otras áreas del ministerio, lo que no permite el avance de los programas de seguridad que desarrolla el sector.

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Otro punto es tener una visión estratégica de seguridad, consideró Zevallos. Es decir, no solo pensar en casos de asaltos o robos, sino dar seguridad a las actividades claves para el desarrollo económico, como lo es la minería, al igual que a los conglomerados comerciales y a proyectos como el Puerto de Chancay.

Asimismo, se necesita una mirada en conjunto entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial y una coordinación de estas instituciones con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, coincidieron el experto y Felipe James.

Este último consideró que también se necesita de un mayor trabajo en inteligencia e investigación policial.

Una vía que han optado las empresas ha sido la implementación de equipos de seguridad y destinen parte de sus presupuestos a ello, señalaron James y Valencia. Sin embargo, esto termina reduciendo la rentabilidad potencial que podrían percibir los negocios, precisaron.

Este uso de seguridad privada también refleja una desconfianza en la Policía, según el experto del IPE. “Creemos que la desconfianza en la Policía había llegado al 25% en 2020 y al 2023 subió a 36%”, acotó.

Pero también un punto importante es la contribución del sector privado. En ese sentido, Valencia consideró que el Ministerio del Interior podría trabajar de manera más cercana con los gremios empresariales, escuchando a estos grupos.

A su vez, Zeballos consideró que la preocupación que pueden tener las empresas se debe llevar a una plataforma donde se soliciten respuestas reales del Estado.

Justamente, la ola de violencia generó que gremios empresariales y sindicatos de trabajadores unan sus voces para expresar su preocupación por la situación de inseguridad. Ejemplo de ello es la marcha de estas agrupaciones por la paz y solicitando acciones participativas al Estado.

Esta postura en conjunto también se ha traducido en tener un Comité Contra la Delincuencia y por la Paz, donde se agrupan gremios como la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la SNI, entre otros, y sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil.