(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

Hace pocas semanas, el Congreso de la República aprobó con una amplia mayoría y por insistencia –es decir, a pesar de la oposición del Poder Ejecutivo– una ley de muy mala e injusta. Es injusta al menos por tres razones y, paradójicamente, sus promotores la llaman “ley de pensiones justas”.

La primera razón es que beneficia a pocos a costa de muchos, sin una justificación razonable. Esta Ley (N°30683) consolida un régimen pensionario de lujo para poco menos de 100 mil policías y militares en retiro, imponiendo a los contribuyentes un costo mayor a 1.000 millones de soles anuales.

Para que tengan una referencia, la factura que todos vamos a pagar para beneficiar a este selecto grupo de retirados (que entrarían en dos estadios nacionales) es mayor de lo que cuesta todo el programa social Juntos –que beneficia a cerca de 800 mil familias en situación de pobreza extrema– o todo el gasto en alimentos del programa Qali Warma –que atiende a 3,7 millones de niños–.

Está claro que todos quisiéramos pensiones más altas y que la sociedad debe agradecer a quienes garantizaron la seguridad de la población. Pero lamentablemente cuando tenemos recursos escasos tenemos que priorizar y asegurarnos de sacarle el máximo retorno social a cada sol adicional que gasta el Estado. ¿Por qué preferimos beneficiar a 100 mil pensionistas en lugar de 3,7 millones de niños? No está claro.

La segunda injusticia es frente a los demás pensionistas. Este régimen de lujo tiene condiciones que nadie más tiene. Con las contribuciones más bajas (6% del salario versus más de 10% que pagamos todos los demás) tiene las pensiones más altas (S/2.000 en promedio versus S/600 del SNP y S/1.100 SPP) y no tiene edad mínima de jubilación.

¿Cómo se logra eso? El Estado subsidia el 87% de esas pensiones, mientras que en el SNP el subsidio es de 26% y en el SPP es 0%. Por si fuera poco, este régimen permite que los jubilados puedan seguir trabajando para el Estado, recibiendo dos ingresos. Finalmente, la tercera fuente de injusticia es frente a los militares y policías en actividad. Esta medida no solo reduce el presupuesto para sus salarios, sino que además hace más difícil que se les pueda dar aumentos en el futuro. Antes de esta ley, subir en 100 soles el sueldo a un policía en actividad tenía un costo anual total para el fisco de 147 millones de soles, ahora ese mismo aumento le costará el doble al Estado. Esto porque la ley nivela la pensión de los jubilados a los salarios de los trabajadores en actividad.

Todas estas son razones económicas para afirmar que esta es una ley de pensiones injusta. Pero también hay razones legales potentes. Es una ley que viola la Constitución, la cual deja claro que el Congreso no puede aprobar leyes que incrementen el gasto público y que la nivelación de pensiones está prohibida.

En tiempos de turbulencia política como la actual, siempre aumenta el riesgo de ver malas políticas económicas. Pero esta violación al sentido común, a la responsabilidad fiscal y a la Constitución es muy alarmante.

REACCIONES A ESTA COLUMNA
Los argumentos de José Carlos Saavedra fueron cuestionados en dos cartas remitidas a este Diario los días 16 y 17 de enero.

Una de las misivas fue enviada por el congresista Edwin Donayre, quien sostiene que "sin fundamento" el señor Saavedra critica la norma que modifica la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En la misma línea, la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas, presidida por Luis Manuel Sayán Gómez Velásquez, remitió una carta en que se señala que el artículo del señor Saavedra desconoce las normas y los principios jurídicos. Además, dice la Ley 30683 solo tiene por finalidad solucionar el agravio constitucional que afecta a un sector de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

RESPUESTA DEL COLUMNISTA
Luego de recibir las cartas, esta es la respuesta de nuestro columnista.

"Como respuesta a las cartas enviadas quisiera reafirmar dos mensajes claves de mi artículo. Primero, que reconozco la ejemplar labor que ejercen los militares y policías en beneficio de la sociedad. En segundo lugar, que lamentablemente los recursos son escasos y por eso debemos asegurarnos de sacarle el máximo provecho social a cada sol adicional que gasta el Estado. Eso es particularmente necesario ahora, dado que la recaudación fiscal como porcentaje del PBI está en su punto más bajo en 15 años. Esto exige que prioricemos no en función de nociones absolutas, sino relativas. No está en cuestión cuánto valoramos a los pensionistas, sino qué es lo que dejamos de hacer y a quiénes excluimos por asignar un beneficio tan alto a una población tan pequeña. Por eso es necesaria la comparación con los usos alternativos de los recursos públicos. El sistema de pensiones aprobado por el Congreso establece beneficios a 100 mil pensionistas que ningún otro pensionista más tiene: con las menores contribuciones, ofrece las pensiones promedio más altas; no tiene edad mínima de jubilación, y los jubilados pueden seguir trabajando y así recibir dos ingresos del Estado. Esa factura, de 1.000 millones de soles anuales, sacrifica recursos que podrían ser muy útiles, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida del 40% de los niños menores de 5 años en todo el país que tienen anemia o desnutrición crónica. Es una pena que nadie en el Congreso de la República apruebe por insistencia políticas en beneficio de ellos ni que haya grupos de presión bien organizados que defiendan sus intereses".

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