Limitación a tercerización laboral debería derogarse, aseguran especialistas

Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, señaló que, de no derogarse, cerca de un millón y medio de trabajadores se verían perjudicados, diseminados en todos los sectores de la actividad económica, incluyendo el Estado.

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Sin embargo, señaló que existen en pre - agenda del debate del Pleno del Parlamento dos proyectos acumulados (N.º 1726 y 2129), aprobados por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de la congresista Norma Yarrow y del congresista Jorge Morante, respectivamente, cuyo objetivo es dejar sin efecto el DS del Ejecutivo.

Asimismo, hay un tercer proyecto (1522) de Avanza País que también propone la derogatoria, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Constitución.

“La propia Comisión de Constitución del Parlamento está afirmando que este DS es ilegal e inconstitucional”, señaló Herrera.

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Asimismo, anotó que la norma del Ejecutivo fue gestada ilegalmente porque no ha cumplido con un requisito fundamental que es el de, antes de ser aprobado, tener un informe favorable de la Comisión Inter viceministerial de todos los sectores involucrados, además de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

“No ha sido aprobado por el pleno del Consejo de Ministros, es más, una de las razones por las que censuraron a la exministra de Trabajo, Betssy Chávez fue, precisamente, este DS. Por donde se mire es una norma que debe ser derogada y el Congreso está a vísperas de discutir proyectos que así lo proponen”

Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz

Efectos

Carla Benedetti, socia del área laboral del Estudio Benites, Vargas & Ugaz, anotó que, si bien las empresas mineras, en aplicación de la ley general de minería, tienen una disposición específica que les permite subcontratar actividades principales y cuentan con una salida para enfrentar los efectos de esta norma, otros sectores económicos solo se podrían permitir iniciar acciones legales para poder eludir la aplicación de los efectos de la normativa.

Sin embargo, todo apunta a que se debatirá la derogación del DS con la ampliación de la legislatura del Congreso hasta el 15 de julio y el haber completado las firmas para el debate.

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Tercerización

Herrera explicó que muchas empresas delegan parte de sus procesos productivos en sus plantas industriales a terceros para que destaquen trabajadores que desarrollan una actividad calificada y que por eso contribuyen a la mejora de la productividad de la compañía.

Así, la calificó como una fuente importante de formalidad laboral, pero, sobre todo, de darle oportunidad de trabajo a aquellos que buscan su primer empleo como son los jóvenes cuya tasa de desempleo está en14%.

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“Tenemos 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y ahí está la oportunidad que tiene el país, en la tercerización, para dar trabajo a estos jóvenes y que consigan experiencia laboral y puedan integrarse luego en empleos formales y mejor remunerados”, anotó.

Para Benedetti, una forma de mejorar la tercerización es a través de la fiscalización y en la legislación actual, sin la modificación que se plantea que afecta el derecho a la libertad de empresa, la normativa en materia de tercerización tiene dispositivos que permiten que se respeten y no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores de las empresas contratistas.

“La mejor manera de poder desarrollar esta forma de contratación empresarial es que exista fiscalización más eficiente de parte de la autoridad administrativa de trabajo”

Carla Benedetti, socia del área laboral del Estudio Benites, Vargas & Ugaz

Más proyectos

La bancada de Perú Libre presentó un nuevo proyecto de ley que busca que trabajadores tercerizados participen en las utilidades de la empresa principal a la cual son destacados, además de las utilidades que le corresponden por laborar en la empresa tercerizadora.

Sobre esto, Benedetti explicó que está en contra de lo que significa una relación laboral porque se desnaturalizaría la tercerización como tal.

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“Uno de los elementos principales de la tercerización es que el que asume y ejecuta el servicio a favor de una empresa asume por su cuenta y riesgo todas las actividades que ello genera, es un sin sentido que se pueda disponer que una empresa que no es empleador directo de un trabajador le pague utilidades”, anotó.

Por otro lado, la Comisión de Trabajo también aprobó un proyecto de ley que propone modificar leyes y dispositivos que regulan condiciones de la tercerización e intermediación laboral.

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Para Herrera, el proyecto pretende lo mismo que el DS, que es prohibir la tercerización de la actividad principal y, apenas entrada en vigencia la ley, si se llega a aprobar que todas las tercerizaciones de actividad principal serían ilegales desde el inicio del destaque, dándole carácter retroactivo a la ley.

“Según la Constitución solo se puede dar carácter retroactivo a una ley penal cuando sea favorable al reo, no hay retroactividad en la actividad laboral. Son proyectos que tienen el germen inconstitucional”, anotó.

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OIT

Herrera anotó que la tercerización es una corriente que forma parte de organizar el trabajo en el mundo y seguir lo que dice el DS del Ejecutivo sería ir en contra de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La OIT señala que se puede tercerizar actividad principal y lo que se tiene que hacer es velar por los derechos de los trabajadores tercerizados: que estén en planilla, que reciban sus beneficios y puedan ejercer sus derechos, lo que hace la ley de tercerización actual”, dijo.

Prohibir esta modalidad de contratación laboral implicaría que pueda ocurrir lo que pasó en México donde se llevó a cabo la última reforma de tercerización de América Latina en el 2021 y donde se estableció la prohibición de tercerización para actividad principal y originó que cerca de 1 millón 250 mil trabajadores perdieron sus empleos, dijo el laboralista.