A propósito de una reciente resolución (Caso Bimbo) se ha desatado una cacería de brujas con sabor a purga en Indecopi. Alegando la existencia de conflictos de interés (se habla de un 48% de funcionarios sospechosos) se ha lanzado un cuestionamiento al diseño mismo de la institución. Su principal fortaleza es presentada como una debilidad.
El caso que gatilla la historia es una discusión sobre si un producto determinado debe o no consignar el octógono en su empaque. Indecopi falla exonerando a la empresa. La decisión dispara la crítica. La encabeza quien dirige la institución y tiene como responsabilidad defenderla. Se señala la existencia de un conflicto de interés en una de las cuatro personas que participaron en la decisión. Se alega que trabaja en un gremio empresarial opuesto al establecimiento de los octógonos. Se habla de captura de la industria.
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Difícil creer en esa teoría conspirativa. Ese mismo Indecopi ha sancionado previamente otros casos en contra de empresas de ese sector. Pero si en este asunto existe algún conflicto no develado, corresponde activar los mecanismos previstos en la ley.
Pasar de este asunto puntual a levantar sospechas sobre el 48% de los funcionarios de la institución, y poner en cuestión la participación de personas de fuera de la institución en sus órganos funcionales, implica un salto gigantesco. Esto genera dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta movida.
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A diferencia de otras entidades públicas, quienes toman las decisiones en Indecopi son órganos colegiados integrados por profesionales que tienen diferentes ocupaciones. Algunos se dedican a actividades académicas, empresariales o de consultoría privada.
Este diseño ha permitido atraer a la función pública a profesionales capacitados y de prestigio que no podrían ser atraídos de otra forma. Pero sobre todo se ha logrado limitar el poder del Presidente del Consejo Directivo. Profesionales con “peso propio” y cuyo sustento principal no dependen de Indecopi, son una “barrera de contención” ante cualquier intento de usar la institución con fines políticos o para intereses particulares. No es de extrañar que este diseño moleste tanto a quienes ocupan la Presidencia de Indecopi.
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¿Y los conflictos de interés? Hasta un juez tiene que enfrentarlos. Reglas y procesos claros pueden evitarlos. Ayuda en este caso que se trate de órganos colegiados donde uno controla al otro.
Seguro que el diseño de Indecopi requiere ajustes. La OCDE ha recomendado varios. Pero no es precisamente dicha “barrera” la que debe ser removida. Actualmente cualquiera puede ocupar la Presidencia de Indecopi. No existe ninguna limitación para que alguien que ha participado recientemente en procesos de elección popular ocupe el cargo. A eso hay que ponerle atención. También a la forma cómo se designan vocales y comisionados. El Banco Central de Reserva debiera tener a su cargo estas designaciones. Se requieren de más “barreras de contención” para evitar el riesgo de un uso político de Indecopi. Eliminar las que existen, sólo aumenta el riesgo. Nadie quiere eso, ¿no?
El alza del precio del gas licuado (GLP) es una de nuestras principales preocupaciones hoy en día y nos lleva a pensar en el gas natural vehicular, un segmento olvidado en los últimos años. Si vemos las cifras de Osinergmin, el precio promedio de GLP en Lima aumentó en 59% entre enero del 2020 y agosto de este año. El gas natural vehicular, subió apenas 0,63%. ¿Por qué y cuáles son sus barreras de masificación en el transporte? 
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