En cada elección general, el Perú repite el mismo ritual: una avalancha de promesas, planes de gobierno repletos de buenas intenciones y una sospecha generalizada de que “nada va a cambiar”. No es que falten ideas. Lo que falta —y se siente en la calle— es una secuencia: por dónde empezar, qué hacer primero, cómo medir avances y quién responde por los resultados.
En ese contexto, Videnza Instituto ofrece agendas sectoriales para el período 2026-2031 concebidas como insumo técnico para el Ejecutivo, el Congreso y, especialmente, el Senado. Es, en el sentido más literal, un bien público: diagnósticos amplios con propuestas de reforma construidas no como discurso electoral, sino como base para decisiones concretas.
La tesis central es que el principal cuello de botella del Perú ya no es la falta de normas o de planes, sino la debilidad para implementarlos. En modernización del Estado, justicia, seguridad, infraestructura o finanzas públicas, el patrón se repite: los marcos legales existen, las prioridades se conocen, pero los resultados no llegan porque el sistema no está diseñado para ejecutar bien, de manera coordinada y sostenida. Lo urgente es pasar del “qué” al “cómo”.
Por eso, el valor distintivo de este esfuerzo no está solo en sumar propuestas al debate electoral, sino en ordenarlas, darles lógica de ruta y traducirlas en metas, actores responsables y cronogramas. Si la política peruana quiere recuperar confianza, necesita reformas con una metodología distinta: secuenciar, coordinar, medir y sostener. Presenta metas verificables al 2031, porque sin medición no hay reforma, solo retórica. Reducir obras paralizadas, mejorar justicia, fortalecer seguridad, prestar servicios básicos de calidad y formalizar la economía son resultados que el país debería poder exigir al cierre del mandato.
La apuesta de un “plan bien público” es que también sirva para elevar la calidad de las políticas que emprendan las próximas autoridades. Un primer uso clave será presentar esta agenda en siete ciudades del país, para lo cual convocaremos a candidatos al Senado en alianza con cámaras de comercio regionales. Discutiremos desde el territorio qué trabas normativas frenan la inversión, qué reformas destraban infraestructura y qué rol debe cumplir el Senado para sostener políticas públicas más allá de cinco años.
El segundo uso apunta a la segunda vuelta. Con los dos partidos finalistas, realizaremos un ejercicio de contraste entre sus planes de gobierno y este “plan de gobierno bien público”. No para imponer una agenda, sino para sincerar coincidencias, tensiones y omisiones: qué promesas chocan con sostenibilidad fiscal o capacidad institucional, y qué propuestas son viables si se busca un cambio real. Este esfuerzo no busca reemplazar la política, sino elevarla: convertir el debate electoral en un proceso menos emocional y más responsable. Y, a la par, dejar instalada una pregunta decisiva para el próximo quinquenio: no si queremos cambiar, sino si estamos listos para ejecutar el cambio.
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