(Foto: Archivo)
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(Unidad de Análisis Económico) No reconocer la real dimensión de la en el Perú, como lo hizo el primer ministro , durante su discurso en el Congreso por el voto de confianza, subestima el problema de la falta de cobertura previsional en el país y puede restar efectividad a la política de competitividad y productividad que planea el Ejecutivo.

Según el primer ministro, alrededor de 4 millones son los trabajadores afectados por la informalidad laboral que, bajo la definición del Ministerio de Trabajo, comprende a aquellos cuyos derechos y beneficios laborales han sido menoscabados. Como, por ejemplo, la omisión de ser registrados en planilla, que a su vez implica privarlos de cotizar en un .





Pero dicho monto representa solo un tercio de la informalidad laboral, porque en la actualidad el número de trabajadores que no cotiza para su jubilación por estar al margen de la regulación laboral, como los trabajadores independientes, alcanza los 12,3 millones, lo que representa el 72,8% de la , tal como lo reconoce la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en el Decreto Supremo N°345-2018-MEF.

El problema se agudiza si se considera que solo el 37% de la población mayor de 60 años está cubierta por algún sistema previsional y que el Estado gastó el año pasado S/3.403 millones para financiar las pensiones y bonos de reconocimiento en la ONP y los subsidios en Pensión 65.

Además, el sistema previsional público ha sido diseñado para financiar las pensiones de un grupo de personas con los aportes de otro grupo que no recibirá nada, y las pensiones en las AFP representan apenas el 38% de los ingresos que tuvieron los trabajadores antes de jubilarse, según el BID.

Ante esta problemática, se han planteado una serie de propuestas complementarias para financiar las pensiones como el uso del 2% del IGV.

USO DEL IGV

Existen varias iniciativas para proponer el uso del para financiar las pensiones. La última ha sido presentada por los congresistas Miguel Torres y Luis Galarreta de la bancada .

Los legisladores proponen destinar a una cuenta individual dos puntos porcentuales del IGV que pagamos cada uno de los peruanos para obtener una pensión cuando nos jubilemos.

La norma fija una serie de regulaciones para que el dinero sea administrado de la mejor manera y a bajos costos. No obstante, la medida exagera la capacidad de ahorro y los costos de transacción de llevar a cabo un planteamiento como este.

(Infografía: Antonio Tarazon)
(Infografía: Antonio Tarazon)

Esta Unidad de Análisis hizo un ejercicio para estimar la pensión que obtendría una persona por ahorrar dos puntos porcentuales del IGV que paga por los consumos que realiza, en períodos de 5, 10, 20 y 40 años, recogiendo así distintas edades iniciales de los trabajadores. Se asumió que las personas destinan el 70% de sus ingresos para el consumo, por lo que el pago del IGV se haría sobre esa base; y que los ahorros generados se capitalizarían a una tasa de interés anual del 5%.

Así, los resultados indican que la pensión promedio resultante de la propuesta, para una persona que gana S/1.000 al mes y que ahorra por cinco años, llegaría a S/4,66 mensuales; la cifra sube a S/10,6 mensuales si el ahorro es por 10 años y a S/27,9 y S/101,8 si el ahorro es por 20 y 40 años, respectivamente.

Pero si el contribuyente gana S/3.000, por ahorrar 5, 10, 20 y 40 años, generaría una pensión mensual de S/14, S/31,8, S/83,6 y S/305,5, respectivamente.

Cabe indicar que el ingreso en este ejercicio está muy cerca del promedio de los trabajadores que cotizan en una AFP (S/3.425,5).

Sin embargo, las pensiones estimadas no incluyen la comisión de 1,4% sobre los ahorros que cobraría la por recaudación, ni el 1,2% de comisión que hoy cobran las AFP por administración de los fondos, ni el costo del seguro por invalidez ni sobrevivencia. Además, aproximadamente, el 12,5% de los productos de la canasta familiar como los productos agrícolas están exonerados del IGV.

Por otro lado, tampoco se ha considerado la alta evasión que existe en la recaudación del IGV que, según la Sunat, suma S/23.306 millones al año, ni tampoco el costo que implicaría a la ajustada caja fiscal.

De acuerdo con el BCR, por cada S/10 de ingresos que percibe el Estado, S/4,2 provienen de la recaudación del IGV.

En resumen, más que buenas intenciones se requiere una propuesta integral, realista y colectiva que ayude a solucionar el problema de la falta de cobertura e informalidad.

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