Treinta años después...

Cada cierto tiempo, el Perú ‘redescubre’ el mismo debate: que si tenemos demasiadas vacaciones, que si 30 días de descanso desde el primer año de trabajo más unos 16 feriados anuales explican nuestra baja productividad...

El problema es que esa discusión ocurre casi en el vacío. El 70% de la PEA en nuestro país es informal, según la OIT (2025). Siete de cada 10 trabajadores no tienen esos 30 días, ni feriados pagados, ni CTS, ni gratificaciones, ni pensión ni remuneración mínima vital. Cuando debatimos vacaciones, RMV y otros derechos, debatimos en realidad las condiciones de un 30% formal, como si el otro 70% no existiera.

Allí está la pregunta del millón: llevamos décadas legislando y reformando derechos laborales –ampliando beneficios, creando regímenes especiales, ajustando remuneraciones mínimas– sin que el Estado, los sindicatos ni ninguna autoridad hayan logrado revertir esa proporción. La informalidad no ha cedido; más bien, en varios períodos ha crecido y no es un dato menor: es la prueba de que la estructura normativa no fue pensada para incluir a la mayoría, sino para administrar los derechos de una minoría cada vez más pequeña frente al tamaño real de la fuerza laboral.

La comparación regional lo confirma. Panamá tiene las mismas vacaciones que el Perú y una informalidad de 45% a 50% (bastante menor). Uruguay, con solo 20 días y 5 o 6 feriados, tiene la informalidad más baja de Sudamérica: 22,4%. Si el exceso de descanso explicara la informalidad, esos países se parecerían al nuestro. No es así: lo que distingue a esas economías no es necesariamente cuánto descansan sus trabajadores, sino cuántos acceden efectivamente a esos derechos esquivos.

Quizás sea momento de invertir la pregunta: en vez de seguir puliendo beneficios para quienes ya los tienen, o de discutir si hay que agrandarlos o recortarlos, cabría preguntarse si toda esa acumulación de normas de los últimos 30 años ha servido realmente para algo a todos los ciudadanos. Una legislación que solo alcanza a 3 de cada 10 trabajadores no es, en rigor, una política laboral nacional: es un traje a la medida para una parte minúscula del país, mientras la mayoría sostiene la economía desde fuera de la propia ley.

El desafío no parece ser el pretender legislar más para los mismos de siempre. El desafío real es reconocer que más de 30 años de reformas no han tocado el fondo del problema, y que la reforma pendiente es la que nadie –Estado, sindicatos ni gremios– ha querido encarar: un camino real hacia la formalidad para el 70% que la ley hoy simplemente no parece querer mirar.