Avanza una nueva ley agraria, ¿cómo le fue a las agroexportaciones en los últimos cinco años?

El Congreso de la República aprobó en primera votación una nueva ley agraria que reduce a 15% el Impuesto a la Renta de las empresas agrarias por un período de 10 años, además de otros beneficios tributarios tales como depreciación acelerada, reintegro del IGV y deducciones adicionales por compras a pequeños proveedores. Siendo un sector que ha recibido incentivos tributarios por más de dos décadas y que, según el MEF, tendría un costo fiscal anual de S/1.888 millones entre el 2025 y 2035, es cuestionable que se continúe con un tratamiento especial.

El agro sigue creciendo

Entre el 2020 y 2024, el valor de las agroexportaciones peruanas creció en promedio 13,5% anual, ritmo superior al de la década previa, pese a la derogación de la antigua ley agraria, la pandemia y los fenómenos climáticos. Este dinamismo se vio favorecido tanto por el alza en los precios internacionales de los cultivos exportados como por el crecimiento sostenido de la producción. Por ejemplo, solo en los últimos cuatro años, la cantidad exportada de arándanos se duplicó; mientras que la de la palta y uva aumentó más de 30%. Además, desde el 2020, la productividad laboral del sector agrícola creció 20%.

En este contexto, cabe anotar que la evidencia sugiere que en el Perú los incentivos tributarios tienen impacto limitado en el desarrollo sostenido de actividades económicas. Lo que sí tiene impacto real son estrategias integrales y articuladas, dentro de lo fiscalmente responsable, asegurando un crecimiento sostenido que no dependa de beneficios temporales. Ejecutivos de empresas agroexportadoras y gremios vinculados al sector reconocieron en una encuesta del 2019 realizada por el BCR que las principales limitantes para su crecimiento se encontraban vinculadas no solo a la finalización de la ley de promoción agraria, sino también a la disponibilidad del agua, la gestión de las entidades públicas vinculadas al sector, la infraestructura de puertos y aeropuertos, la disponibilidad de mano de obra, entre otros. Un mayor desarrollo del sector agroexportador pasa entonces por una estrategia que aborde estas problemáticas.

La solución no es tributaria

Los más de 20 tratados comerciales fueron claves para que el Perú avance del puesto 36 en el 2001 al 12 en el 2024 en el ránking de principales países exportadores de frutas y hortalizas, con acceso a 140 destinos a escala mundial, según AGAP. Así, en los últimos 30 años fue sumamente importante para el sector contar además con un marco regulatorio estable para la inversión, el desarrollo de infraestructura de conectividad e irrigación, el cumplimiento de requerimientos sanitarios y fitosanitarios, y una mayor coordinación público-privada. Más aun, según el BCR, el régimen laboral del sector –en línea con sus características estacionales– ha sido de vital importancia en el crecimiento de las exportaciones agrícolas, el aumento del empleo de calidad, la mejora de los ingresos y la mayor productividad. Cabe anotar que la ley de promoción agraria, vigente desde el 2021, le restó competitividad a este régimen laboral, haciéndolo más costoso. Así, por ejemplo, la introducción del bono “beta” significó un salario mínimo para el sector, 30% mayor que el salario mínimo general.

“Impulsar el agro mediante incentivos tributarios es una pésima señal, y en el contexto actual, fiscalmente irresponsable”.

El desarrollo del sector agrario es vital y requiere de la continuidad de estas reformas estructurales. Sin embargo, impulsarlo exclusivamente mediante incentivos tributarios es una pésima señal y, en el contexto actual, fiscalmente irresponsable. En cambio, se requiere de una estrategia integral que cierre las brechas estructurales que aún limitan su potencial.

Por ejemplo, en los últimos 30 años se duplicó la superficie agrícola bajo riego gracias a la puesta en operación de grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic (La Libertad), Majes (Arequipa) y Olmos (Lambayeque). Sin embargo, es urgente el destrabe de sus ampliaciones y del desarrollo de otros proyectos de irrigación, sobre todo considerando que casi dos tercios de la superficie agrícola aún dependen de la lluvia. Asimismo, en el aspecto logístico, apremia mejorar especialmente la calidad de los servicios y de la infraestructura disponible, según el Banco Mundial.

La competitividad del agro requiere de una ley de promoción enfocada en resolver sus principales limitantes: régimen laboral competitivo, infraestructura de conectividad, disponibilidad de agua, gestión de entidades públicas vinculadas al sector, ordenamiento de tierras, innovación, desarrollo productivo, apertura de nuevos mercados, entre otros. No se debe confundir el impulso de la competitividad con subsidios e incentivos tributarios que se vuelven permanentes.