Rutas de Lima se acoge a liquidación tras suspensión de cobros en peajes.
Por Redacción EC
Mediante un comunicado, Brookfield informó que la Junta General de Accionistas de su subsidiaria Rutas de Lima se ha visto obligada a aprobar el inicio de un proceso de disolución, con fecha del 29 de septiembre, y liquidación de dicha empresa.
Mediante un comunicado, Brookfield informó que la Junta General de Accionistas de su subsidiaria Rutas de Lima se ha visto obligada a aprobar el inicio de un proceso de disolución, con fecha del 29 de septiembre, y liquidación de dicha empresa.
“Esta lamentable decisión se debió tomar como consecuencia de una serie de medidas arbitrarias y abusivas, así como un hostigamiento sostenido por parte de diferentes entidades del Estado peruano”, indicaron.
Las medidas que indica Brookfield son la Sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, que ocasionó una pérdida de más del 50% de sus ingresos.
Además, de la Sentencia judicial que suspendió el cobro de peajes en la estación de peaje de Conchán, que aumentó la pérdida de ingresos a más del 60%; la toma del Tramo Ramiro Prialé, que, según indican, ha impedido que se pueda construir y operar dicho tramo, pese a los más de S/500 millones que Rutas de Lima invirtió en la Concesión.
También, los laudos arbitrales internacionales por un valor de más de S/700 millones, decenas de procesos de hábeas corpus, solicitudes de medidas cautelares y acciones penales “promovidos por autoridades estatales que han buscado perjudicar la Concesión y cancelar sus ingresos”.
La decisión de una liquidación de Rutas de Lima también se debe, según Brookfield, a la continúa campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde Lima, Rafael López Aliaga, junto a otras autoridades, así como ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales.
“La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima. En efecto, como reflejan los estados financieros auditados más recientes de la empresa, la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo. Ante esta situación y, en aplicación de la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas se ha visto en la necesidad de aprobar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa”, agregaron.
Frente a estas conductas, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional en contra del Estado peruano al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Ben Vaughan, Global Chief Operating Officer de Brookfield Infrastructure Group indicó que la disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado.
“La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos y desconoce las normas aplicables. El Perú asegura que busca atraer la inversión extranjera, pero el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario”, concluyó.
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