

Educación que no responde al mercado laboral, un sistema de justicia debilitado y niveles de inseguridad en ascenso: estos problemas fueron identificados en los Conversatorios por el Perú, espacios en universidades que recogen preocupaciones ciudadanas centrados en gobernabilidad, seguridad y crecimiento económico, que nutrirán la agenda del primer día de CADE Ejecutivos 2025 de IPAE Acción Empresarial.
Estos temas complementarán la agenda del foro empresarial que se realizará del 4 al 6 de noviembre en Lima en el Lima Convention Center. El encuentro reunirá a más de 1.000 líderes empresariales, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil en torno a los grandes desafíos nacionales.
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En el conversatorio de Educación, especialistas como Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, y Miriam Ponce, decana de Educación de la Universidad de San Martín de Porres, coincidieron en que la formación superior y técnica no está respondiendo a las demandas del mercado laboral. Señalaron, que las brechas en aprendizajes básicos y en la profesionalización docente, plantean reformas urgentes que prioricen la primera infancia y eleven la calidad del sistema.
Respecto al de Justicia, abogados como Natale Amprimo y César Nakazaki advirtieron que la alta provisionalidad de jueces y fiscales, junto con la falta de meritocracia y recursos para la investigación criminalística, debilitan gravemente la confianza ciudadana.
Entre sus propuestas destacan la eliminación de la ratificación periódica de magistrados, la creación de una Policía Fiscal especializada y la autonomía presupuestal para el sistema de justicia.
En cuanto a la conversación sobre Seguridad, que fue liderado por Luis Gil, Experto en inteligencia estratégica y analista político y Fernando Rospigliosi, Exministro del Interior y experto en temas de seguridad, se alertó del avance del crimen organizado y las economías ilegales, que ya controlan territorios en alianza con redes extranjeras.
Ambos coincidieron en que lo que disuade al delito no son penas más duras, sino la certeza de una investigación y sanción efectiva, asimismo, reclamaron un liderazgo político firme para devolver eficacia a las instituciones encargadas de combatir la inseguridad.
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