Gremios empresariales rechazan intervención del Estado en Arbitraje

Diversos gremios empresariales mostraron su rechazo ante la reciente publicación del Decreto Legislativo 1606, que exige a los árbitros y las instituciones arbitrales registrarse obligatoriamente en el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (Renace).

Mediante un comunicado los gremios indicaron que la norma ha sido aprobada contra la opinión de los operadores relevantes del mercado arbitral y sin consultar a la comunidad en general. “Solicitamos que en su reglamentación se convoque a los usuarios y expertos en la materia para una regulación técnica y eficiente”.

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Asimismo, señalaron que la creación del Renace “ha contribuido a la proliferación de centros de arbitraje que no cumplen con estándares mínimos de calidad y que atentan contra la seguridad jurídica.

“La concurrencia de dos registros, el Renace y el Registro de Instituciones Arbitrales a cargo del OECE, es ineficiente, antitécnica y genera mayores costos para los usuarios y para el propio Estado”, remarca el documento que sugiere que debe existir un único registro de instituciones arbitrales que establezcan requisitos exigentes para administrar arbitrajes.

Cabe precisar que el comunicado está suscrito por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Centro de Arbitraje, ICC Perú, Cámara de Comercio de Piura, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, entre otras entidades.

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Los gremios antes mencionados también se refirieron con preocupación a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, indicando que “no establece requisitos para garantizar que las instituciones arbitrales que actúen en el mercado cuenten con trayectoria y experiencia suficiente para asegurar que se respete el acuerdo de las partes, aplicación de las normas legales así como la adopción de estándares exigentes”.

Finalmente, hicieron hacen un llamado al Gobierno para que adopte medidas efectivas basadas en fundamentos técnicos y buenas prácticas, para controlar los problemas que se han presentado en los arbitrajes con el Estado.