Es el tiempo que demora pasar de la exploración al inicio de producción y supera al promedio global de 28 años estimado por S&P. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC
El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, elaborado por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el cual evidenció los reales de la puesta en marcha de las minas más relevantes en el país, en un contexto de mayor complejidad regulatoria y expansión de la minería ilegal.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, elaborado por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el cual evidenció los reales de la puesta en marcha de las minas más relevantes en el país, en un contexto de mayor complejidad regulatoria y expansión de la minería ilegal.
Respecto a la tendencia global, el tiempo para la puesta en marcha de los proyectos mineros es cada vez más largo a nivel mundial. Según un estudio de S&P Global, pasar del descubrimiento al inicio de la producción toma casi 28 años en promedio, cuatro veces más que hace dos décadas.
La cantidad de descubrimientos mineros en el mundo se ha reducido drásticamente. Además, estos tienen una menor probabilidad de entrar en operación y el proceso para lograrlo es también más lento. Hasta hace 50 años, el 20% de los proyectos entraba en operación luego de 10 años de su descubrimiento; hoy, apenas lo hace el 3%.
Panorama en el Perú
En cuanto al Perú, entre la exploración y el inicio de producción, los proyectos mineros tardan 40 años, en promedio, y va en aumento. Incluso, en el caso del cobre, este promedio alcanza los 62 años.
Además, 60% de este tiempo corresponde solo a la fase de exploración hasta la factibilidad mientras que el otro 40% a la obtención de permisos y autorizaciones ambientales, y el tiempo para la construcción de la mina, entre otros.
Sumado a ello, la puesta en marcha de un proyecto requiere, en promedio, la participación de más de tres empresas diferentes antes de concluir las exploraciones y estudios que determinan que un proyecto minero será factible. Ello es muestra de los desafíos técnicos y financieros que enfrenta el desarrollo de una operación minera.
El informe indicó que esto se da en un contexto en el que el Perú impone más procedimientos administrativos que otros países mineros, lo que complejiza y retrasa la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, los plazos reales suelen exceder largamente los límites legales, particularmente aquellos vinculados con los permisos ambientales y la consulta previa. En esa línea, comparado con otros países mineros, Perú demora más en otorgar concesiones mineras.
El IPE sostuvo que la falta de políticas adecuadas ha reducido la competitividad del sector minero peruano. Pese a su alto potencial geológico, según el Instituto Fraser, el país ha perdido atractivo para nuevas inversiones, en un contexto de menor confianza empresarial, debilidad institucional y creciente inseguridad.
“Resolver estos retrasos es urgente pues la minería es motor clave para el crecimiento del Perú y genera 2.1 millones de empleos directos e indirectos (8,2% del total). Además, su impacto regional es evidente. Apurímac pasó de ser la región más pobre al puesto 16 en el 2024, triplicando su PBI; en contraste, Cajamarca redujo en 64% su producción de oro y hoy es la más pobre, pese a su enorme potencial”, explicó el IPE.
El IPE estima que si se ejecutara la cartera de proyectos aportaría a la economía más de 2 veces el valor del PBI, dinamismo que permitiría replicar la reducción de más de 20 puntos porcentuales que se vio en la pobreza entre 2007 y 2019, que cayó de 42% a 20%.
¿Qué políticas impulsar?
La institución señaló que se requieren medidas integrales que permitan acelerar el desarrollo de proyectos mineros. En ese sentido, en el evento "Jueves Minero" realizado el 14 de agosto, el IPE presentó recomendaciones para simplificar y agilizar la tramitología, además de fortalecer instituciones clave en el proceso de certificación ambiental, como Senace y ANA; fortalecer las relaciones con las comunidades, y combatir la minería ilegal.
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