SBS: propuesta sobre seguro desgravamen le devuelve al usuario el derecho a elegir

Sergio Espinosa, superintendente de banca, seguros y AFP, sostuvo que la propuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sobre el seguro de desgravamen, que sea una condición únicamente para la contratación de los créditos hipotecarios y opcional en los demás tipos de productos crediticios (crédito de consumo, tarjetas de crédito, etc.), busca devolverle al usuario el derecho a elegir el producto financiero de su preferencia.

Durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso de la República, el superintendente reiteró que la propuesta de la SBS no elimina el seguro de desgravamen, ni tampoco pretende privar a los usuarios del sistema financiero del acceso al crédito, ni afectar el proceso de inclusión financiera.

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“Si una persona o microempresario quiere un producto con seguro de desgravamen porque le resulta más barato en términos de tasas de interés, lo puede adquirir. Si no lo quiere, tendrá que pagar la diferencia de tasa de interés, si es que la hay”, refirió Espinosa.

“Lo que está haciendo esta propuesta es algo bastante básico, le está devolviendo al cliente el derecho de elegir el producto financiero que quiere. Actualmente, se asume que la entidad financiera decide mejor que el usuario, lo que creo es altamente discutible”, explicó.

Igualmente, destacó que la propuesta plantea hacer transparente el pago del usuario por concepto del seguro de desgravamen; que se conozca cuánto de este pago corresponde a la compañía de seguros (que emite la póliza) y cuánto a ganancia de la entidad financiera. “Esto es legítimo, pero hay que hacerlo transparente” comentó.

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De otro lado, informó sobre las propuestas de modificación que está trabajando la SBS, destacando la mejora de la legislación de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) para fortalecer su gestión y gobierno corporativo, así como su capacidad de reacción frente a situaciones de crisis.

Asimismo, reiteró que se presentará una propuesta para elevar el monto máximo de las multas aplicables a las entidades del sistema financiero (actualmente, el máximo es de 200 UIT); y anunció también una propuesta para la creación de los establecimientos de operaciones básicas para que las entidades financieras lleguen directamente a sus clientes en las zonas rurales e impulsar así el proceso de inclusión financiera.