Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),  instó a la aprobación del Plan de Lucha contra la minería ilegal, elaborado por el Ejecutivo y que involucra a 19 entidades del Estado. Foto: GEC.
Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), instó a la aprobación del Plan de Lucha contra la minería ilegal, elaborado por el Ejecutivo y que involucra a 19 entidades del Estado. Foto: GEC.

Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que la suspensión de actividades mineras formales en sería contraproducente. Las declaraciones se dieron tras el asesinato de trece personas en dicha provincia, región La Libertad.

Condenamos el ajusticiamiento de trece peruanos que buscaban llevar el pan a sus casas. La forma en que se ha matado a estas personas debe hacernos reflexionar sobre la violencia y la criminalidad que se han infiltrado en la actividad minera”, declaró para Canal N.

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Maro Villalobos

Sobre la suspensión de actividades mineras en Pataz, la titular de la SNMPE pidió que se aclare si la medida incluye a empresas legales como Compañía Minera Poderosa, una de las más grandes de la región.

Suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente. No se debe castigar al que actúa dentro de la ley, sino a quien la viola o está vinculado al crimen”, sostuvo Torreblanca.

La representante del gremio minero también respaldó las medidas anunciadas por el Ejecutivo, incluyendo la suspensión de los Registros de Saneamiento (Reinfo) ya inactivos, pero insistió en que se debe eliminar de forma definitiva y fortalecer la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley Mape).

El Reinfo fue un mecanismo transitorio. Quienes en más de 15 años no han cumplido con declarar su zona de actividad o sus insumos, es porque no tienen voluntad de formalizarse”, precisó.

La presidenta del gremio instó a la aprobación del Plan de Lucha contra la minería ilegal, elaborado por el Ejecutivo y que involucra a 19 entidades del Estado, entre ellas los gobiernos regionales, el Ministerio del Ambiente, Osinergmin, la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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