Los resultados de la XIII Encuesta Sobre Percepciones De La Corrupción, elaborada por Ipsos para Proética en alianza con APOYO Consultoría, muestran que el 31% de los peruanos pagó una coima o conoce a alguien que lo hizo para acceder a servicios o acelerar trámites y que 45% de quienes pagaron lo hizo porque “si uno no paga, las cosas no funcionan”. Así, la microcorrupción es una manifestación de la ineficiencia en la provisión de servicios públicos y las coimas una vía para destrabar esa provisión.
Este comportamiento se explica por una estructura de incentivos que la favorece. Por un lado, si la provisión de servicios es lenta, poco predecible y burocrática, pagar se vuelve un atajo que puede brindar beneficios. Por otro, si la probabilidad de sanción es baja, el costo por incurrir en corrupción también es bajo.
Los resultados de la encuesta sugieren que, en el Perú, estas condiciones se cumplen y se reflejan en la experiencia cotidiana con servicios y trámites. Sobre lo primero, por ejemplo, 13% de encuestados declaró haber dado —o conocer a alguien que dio— una coima para ser atendido o conseguir una cama en un hospital público. Lo mismo sucede con trámites administrativos: 17% de los encuestados dio o conoce a alguien que entregó una coima para realizar o agilizar un trámite. Sobre lo segundo, 90% de los encuestados indicó que, ante un pedido de coima, regalo o pago indebido, no denunció ni conoce a alguien que haya denunciado. La razón más frecuente es la desconfianza en la respuesta del Estado: quienes no denuncian señalan que “no sirve de nada” o que las autoridades no hacen caso.
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La microcorrupción tiene dos efectos principales sobre los hogares. En primer lugar, genera un impacto económico que es mayor para quienes tienen menores ingresos. La carga de estos pagos es casi cinco veces más alta en los quintiles inferiores que en el superior (6,3% y 5,6% del ingreso monetario mensual en los quintiles de menores ingresos, frente a 1,3% en el quintil de ingresos más alto). En segundo lugar, afecta el acceso a los servicios públicos. La encuesta muestra que 27% considera que la corrupción limita su acceso a estos servicios, resultado consistente con la evidencia empírica. De acuerdo con estimaciones de APOYO Consultoría, en zonas con mayor corrupción las personas tienen menor probabilidad de usar servicios públicos, aun cuando se comparan hogares con características similares.
La corrupción tiende a ganar espacio cuando convergen tres factores: dependencia del ciudadano de un único proveedor, discrecionalidad en la atención o en el trámite y baja rendición de cuentas con un riesgo de sanción reducido. En la provisión de servicios públicos, la dependencia de un proveedor suele estar dada por diseño. Por eso, la agenda de política más efectiva implica actuar sobre los otros dos factores.
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En esta línea, se puede acotar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la gestión de trámites y servicios a través de:
1. Digitalizar procesos clave —turnos, pagos y seguimiento— para reducir el contacto y dejar trazabilidad.
2. Estandarizar trámites frecuentes, unificando requisitos y plazos y haciendo la información pública.
Por otro lado, para fortalecer la rendición de cuentas y elevar el costo de pedir o aceptar pagos indebidos, se deben controlar los puntos críticos del trámite, con revisiones aleatorias y sanciones efectivas cuando se detecten pagos indebidos; y mejorar los canales de denuncia, para que protejan al ciudadano, respondan rápido y no se perciban como un acto inútil o riesgoso.
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