Clientes, nuevas víctimas de las extorsiones: en represalias sicarios atacan a balazos a negocios que se niegan a pagar cupos

La noche del 6 de abril de 2025, Lindbergh Cubas Pérez, un hombre de 36 años, fue asesinado a sangre fría mientras cenaba con su familia en la pollería ‘Chic Chic’, ubicada en Puente Piedra. Lo que prometía ser una tranquila cena familiar terminó en una escena de horror, cuando dos sicarios entraron al establecimiento y dispararon contra él. El joven mecánico recibió dos impactos de bala y no logró sobrevivir. Su muerte no fue un hecho aislado: días antes, los propietarios del local habían recibido amenazas de una organización criminal conocida como ‘Los Sicilianos del Cono Norte’. En sus mensajes exigían S/50.000 a cambio de no matar a mozos, dueños o incluso a los clientes.

En los últimos meses, los grupos criminales han escalado su nivel de violencia con una ferocidad cada vez más indiscriminada. No solo amenazan a los dueños de negocios o a los propietarios de las empresas de transporte: ahora disparan sin reparo contra niños, adultos mayores, pasajeros o comensales que simplemente se encuentran cerca de sus objetivos extorsivos.

Apenas un día después del hecho en Puente Piedra, dos choferes de transporte público fueron baleados en la avenida Venezuela, en el límite entre San Miguel y Bellavista. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. Ambos cubrían la ruta Lima-Callao. La semana anterior, otros dos choferes -uno de la línea Etuchisa y otro de la empresa Aquarius- también fueron asesinados a balazos, elevando a más de 15 los trabajadores del transporte público fallecidos desde el año pasado por negarse a pagar cupos a bandas criminales.

La ola delictiva también ha alcanzado al sector salud. El 4 de abril, un adulto mayor de 89 años, identificado como Fausto Sánchez Montemayor, falleció tras un atentado armado contra un policlínico ubicado en la cuadra 56 de la avenida Túpac Amaru, en Comas. Este centro médico ya había sido víctima de una amenaza previa con la detonación de una granada de guerra que resultó en un cierre temporal. Sin embargo, al reabrir, los extorsionadores cumplieron su amenaza y abrieron fuego contra el local, alcanzando fatalmente a Sánchez Montemayor, quien esperaba recibir atención médica.

El 22 de enero, en San Juan de Miraflores, delincuentes armados dispararon contra un bus de transporte público en Pamplona Alta, hiriendo a una niña de apenas cinco años y al conductor de la unidad. Los testigos identificaron a los atacantes como parte de una banda criminal dedicada al cobro de cupos.

Solo días antes, el 16 de enero, ese mismo distrito fue escenario de otro crimen: Jhon Vigney Romero Melchor, un joven de 27 años que manejaba una combi de la empresa La Unidad de Villa, fue asesinado de dos balazos en el pecho. Un pasajero que viajaba con él también murió en el ataque. Según sus compañeros, la empresa había dejado de pagar extorsiones semanas atrás, lo que habría motivado la trágica represalia.

El panorama se replica en los colegios. Según reportes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), más de 500 instituciones educativas privadas en Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y otros distritos, han sido amenazadas por bandas criminales dedicadas a la extorsión. Padres del colegio Pitágoras, en Comas, denunciaron ante el Rotafono de RPP que sus hijos están en peligro, lo que ha obligado a muchas escuelas a optar por clases virtuales y contratar seguridad privada para proteger a los alumnos.

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Ni las fans del K-Pop se salvan de las extorsiones. La tarde de ayer, en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, seguidoras de la agrupación surcoreana Stray Kids denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de delincuentes que les exigían el pago de cupos para permitirles acampar en paz a las afueras del estadio universitario.

Según un video grabado por una de las afectadas, los extorsionadores les advirtieron que se encontraban en una zona peligrosa y que debían pagar una “colaboración obligatoria” -de hasta S/200- a cambio de supuesta seguridad. “Nos dijeron: ‘Todos vamos a dar una cuota, vamos a colaborar con el negocio y para que nos cuiden, porque este barrio es un poquito movido’. Así nos hablaron”, relató una de las jóvenes. Otra fan afirmó que los sujetos incluso habrían amenazado con incendiar sus carpas si no accedían a pagar.

Estos crímenes se suman a una alarmante cadena de ataques vinculados a la extorsión en distintos puntos de la ciudad, donde cada vez son más las víctimas que, sin ser el blanco principal, terminan heridas o asesinadas. Se trata de personas que mueren o resultan afectadas simplemente por estar en el lugar y momento equivocados, ya sea por trabajar en un negocio extorsionado o, incluso, por consumir en él.

El exdirector de Investigación Criminal, general PNP (r) Juan Carlos Sotil, explicó que estas víctimas se clasifican en dos tipos: periféricas y circunstanciales. Explicó que se cataloga como víctimas periféricas a todo aquel que guarda cierta relación con la principal víctima de la extorsión, es decir, si extorsionan a un empresario de transporte y atacan a un trabajador de su compañía, se cumple la regla de víctima periférica. En cambio, si durante el ataque a una pollería asesinan a un cliente, y no al dueño extorsionado, se trata de una víctima circunstancial.

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Ambas categorías reflejan la brutalidad del crimen organizado, que ha dejado de tener límites en su accionar. “Hemos llegado a un extremo en que las bandas de extorsionadores aplican los mecanismos más crueles en una demostración de poco respeto a la vida, impunidad y problemas conductuales”, señaló Sotil, al referirse a esta escalada de violencia. En el caso de las víctimas periféricas, añadió que los criminales las utilizan como una forma de presión directa sobre los extorsionados.

Frank Casas, experto en crimen organizado y seguridad ciudadana, advierte que el Perú atraviesa un fenómeno complejo, donde bandas criminales cada vez más desorganizadas, violentas y precarias están tomando el control del delito extorsivo. “Hemos visto que el perfil de la personas que muchas veces participan en las extorsiones y en el sicariato son algunos menores de edad, otros bastante jóvenes, poco especializados incluso en la actividad criminal”, indicó.

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Hoy, cualquier persona puede ser víctima. Ya no basta con no tener vínculos con el crimen o evitar zonas peligrosas. El riesgo es constante, incluso en los espacios cotidianos. “Hoy no te puedes salvaguardar en un restaurante, en el transporte público, no hay nada que te permita salvarte, a no ser que vayas a un lugar con mayor vigilancia que probablemente sea mucho más caro”, explicó Casas.

Además del dolor que dejan estos crímenes, muchas víctimas circunstanciales quedan fuera del radar del sistema de justicia y reparación. Este tipo de víctimas no necesariamente podrán recibir una reparación, entonces no solo se afecta la economía de los locales, sino también quedan totalmente afectadas las familias de los heridos o fallecidos a causa de los ataques extorsivos, señaló Casas. “En este marco de plan de crisis, se puede plantear una estrategia que te permita contener el nivel de violencia”, concluyó.

Por su parte, el general Sotil subrayó la urgencia de un verdadero trabajo de inteligencia en el marco del actual estado de emergencia. “Se necesitan acciones concretas de inteligencia policial, investigación criminal, con buena capacitación de los nuevos detectives, y mejor equipamiento de logística, infraestructura y tecnología para las unidades de investigación”, remarcó.