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El caso por discriminación en el que terminó envuelto este fin de semana el restaurante La Panka podría costarle nada menos que S/1’935.000 como multa administrativa, según detalló el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Esto “en caso se confirme que hubo discriminación a las personas en sus relaciones de consumo”.
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La denuncia la realizó José Carrión Cabrera en su cuenta de Facebook. Según el denunciante, el sábado 15 de febrero llegó al local de Barranco junto con su madre, quien usa silla de ruedas, y con su hija, que presenta discapacidad visual.
En la zona de parqueo del negocio, Carrión encontró una camioneta estacionada en la zona rígida y sobre la rampa de acceso para las personas con problemas de movilidad. Según su denuncia, lo que vino fue el maltrato por parte del personal del restaurante. Señaló que un hombre que dijo ser el gerente bajó del segundo piso y empezó una tensa discusión. Finalmente les impidieron el ingreso al local y su familia tuvo que retirarse.
Esta persona fue identificada como Jorge Mendoza Ríos, quien negó la acusación. “En ningún momento les dije que se fueran”, declaró en un programa radial, y aseguró que esta familia ya había ingresado.
Una vez conocida la denuncia, la empresa titular de la franquicia anunció que resolvería el contrato con La Panka Bordemar y que “se solidariza de forma absoluta con el denunciante”. Tomarán medidas para que se sancione a los responsables, indicaron en un comunicado.
El último domingo, el local fue clausurado por la Municipalidad de Barranco por prácticas discriminatorias.
—Dos vías de sanción—
Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, señaló que habrían cometido varias faltas como estacionar en zona restringida para personas con discapacidad (Ley 28084) y la falta de atención preferencial para adultos mayores, personas con discapacidad (Ley 28683).
“Lo que tiene que quedar claro es que estacionarse por en zona para personas con discapacidad es una infracción grave porque se está obstaculizando el acceso”, indicó Pineda.
Según la Ley N°28084, estacionarse en zonas de parqueo destinadas a vehículos conducidos o que transporten a personas con discapacidad constituye una infracción y se aplicará una multa equivalente al 5% de una UIT (S/. 215). Además, corresponde a los municipios y la Policía Nacional fiscalizar el cumplimiento de dicha norma.
Pero, además de la vía administrativa como la investigación iniciada por el Indecopi, el caso podría seguir la vía judicial. Rosa Marroquín, directora de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), indicó que la discriminación es un delito y se sanciona con dos o tres años de pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida.
Detalló que dicha norma señala al delito de discriminación como una práctica que tiene "el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, voto o ejercicio de los derechos de la persona”. Por ello, el Conadis inició también una investigación sobre este caso. “En relación al caso La Panka ya iniciamos una supervisión dentro del marco de la fiscalización de lo que nos corresponde. Nosotros no vamos a llevar a cabo el proceso. Lo que sí vamos a hacer es el seguimiento a la municipalidad para ver en qué va a terminar este proceso”, indicó.
–Discriminación de todos los días–
Día tras día, las personas con discapacidad tienen que enfrentar la discriminación, entre otros aspectos, por la falta de sensibilización de las personas. "No es solo un problema de los funcionarios o entidades públicas. En sí, la población no está sensibilizada con este tema”, comenta Marroquín, quien también recalca que mucho se cree que deben ser asistidos siempre por un tercero.
En este contexto es que reciben varias denuncias, en la mayoría de casos cuando se impide la entrada a los espacios culturales, deportivos o recreativos, cuando se niegan a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de discapacidad y cuando no se permite el acceso o permanencia en una institución educativa pública o privada.
“Al día, nosotros podemos recibir entre 30 o 50 denuncias. Tenemos 149 expedientes en los que se han visto que se han cometido infracciones que giran en torno a educación, accesibilidad, empleo, discriminación, entre otros”, indicó Marroquín.
–¿Cómo denunciar una caso de discriminación?–
Debe acudir a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Hay otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, Indecopi o el Conadis a las que también puede acudir a denunciar estos casos.
El libro es una herramienta legal para la protección de los derechos del consumidor mediante quejas o reclamos, y está en los locales. Las redes sociales también se han convertido en una alternativa.
Finalmente, Indecopi cuenta con la línea gratuita 224 7777 (en Lima) o 0800-44040 (en otras regiones) para hacer denuncias similares. Conadis también tiene el número 0800-00151 para consulta y orientación.
