Crimen en Pataz: ¿Son suficientes las medidas dictadas por el Gobierno? Expertos y gremios las analizan

El secuestro y la posterior muerte de 13 trabajadores mineros de la empresa R&R al interior de un socavón ubicado en Pataz, región La Libertad, ha originado que el Gobierno dicte una serie de medidas con el propósito de hacerle frente a la criminalidad en la zona, según indicó la presidenta Dina Boluarte. Unas de las principales acciones dispuestas tiene que ver con el toque de queda en el distrito de Pataz entre las las 6pm y las 6 am, a través del cual las Fuerzas Armadas tomarán el control total del sector donde se ubica la compañía minera Poderosa.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte también anunció la instalación de una base militar, así como la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz por 30 días prorrogables. Durante este plazo, se procederá con la exclusión de aquellas personas que figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) bajo la condición de suspendidos.

Del mismo modo, señaló que esta semana el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano. Refirió que esta y las otras medidas ayudarán a que las fuerzas del orden puedan actuar de manera más efectiva en Pataz.

Cabe mencionar que, la mañana del último domingo, fueron hallados sin vida los 13 trabajadores mineros secuestrados el pasado 26 de abril, en la provincia de Pataz. El hallazgo fue realizado por la Policía Nacional dentro de un socavón ubicado en una zona de constante tensión por la actividad minera ilegal.

Según un comunicado de la compañía Poderosa, las víctimas laboraban para un minero artesanal que operaba en la zona bajo contrato de explotación. Al respecto, la presidenta instó a las empresas mineras a no subcontratar sus concesiones, ya que esto dificulta el control de las actividades en el sitio.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, dijo a El Comercio que la minería informal e ilegal en La Libertad tiene larga data, por lo que considera que el paquete de medidas anunciado es una solución muy provisional, pues no se aborda el problema de la minería en su integridad. En ese sentido, precisó que esto es consecuencia de la falta de decisiones firmes por parte del Ejecutivo y del Legislativo.

“Está el tema logístico, por ejemplo, que tiene que ver con la dinamita que entra de contrabando, el financiamiento que se produce también por vías informales, con toda la criminalidad asociada a la logística de entretenimiento, los prostibares y la explotación humana bajo condiciones de trabajo forzoso en la zona, entre otros factores”, indicó.

Por ello, Valdés opinión que resultaría muy importante tener censada toda la actividad minera al menos en la provincia de Pataz. “Conocer socavón por socavón, cuáles están autorizados, quiénes los explotan, bajo qué condiciones. Están pensando en un toque de queda, pero eso no tiene sentido si no intervienes en los otros aspectos que he mencionado“, aseveró.

Respecto a legislar en materia de terrorismo urbano, Valdés señaló que se trata de una medida que intenta distraer, pues ya hay suficientes tipos penales para juzgar y perseguir un acto criminal como asesinato, secuestro o extorsión.

“A mí la verdad es que lo pueden denominar como quieran. Para yo juzgar y perseguir un acto criminal de asesinato, extorsión y sicariato no requiero que se denomine terrorismo urbano. Esto que ha pasado es cadena perpetua. Está en el Código Penal. De nada va a ayudar que lo llame terrorismo urbano. Es nuevamente distraernos. No estoy de acuerdo con eso. Ya hay suficiente legislación. No sé cuál va a ser la diferencia”, enfatizó.

Por su parte, Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, consideró que este paquete de medidas es en realidad un “paliativo“. Sostuvo que el gran tema a abordar respecto a la minería ilegal en Pataz es la trazabilidad y a dónde llevan ese oro a procesar. Lamentó que no se hayan planteado medidas sobre eso.

También resaltó la necesidad de impulsar el desarrollo de inteligencia policial y militar en la zona, que a su vez requerirá de que haya una estrecha coordinación con el Ministerio Público.

"Poderosa ha denunciado que la cantidad de camiones que salen es enorme. Todo eso acaba en plantas de procesamiento. ¿Qué se piensa hacer al respecto? Tiene que ver con el tema de inteligencia policial. En tanto, así como se propone debatir sobre terrorismo urbano, se debe tomar posición frente a un proceso de formalización que sea efectivo y no fallido“, manifestó.

Para Noam López, experto en política públicas de la PUCP, estamos viendo la reacción ante un hecho criminal violento, más no el planteamiento de estrategias de índole más amplio que son necesarias. Señaló que existen zonas muy críticas en el país donde delincuentes terminan acabando con la vida de muchas personas y muchos de ellos quedan sin resolver.

“Pataz está a 10 horas de Trujillo en camioneta, los servicios básicos son bastante deficientes, la comisaría de Chahual está a dos horas y las condiciones en las que viven la población es crítica. Dado que no hay presencia del Estado, cualquier tipo uso de violencia, organización criminal, tiene un contexto muy favorable para poder expandirse, fortalecerse y terminar lucrando como lo viene haciendo”, indicó.

López añadió que bajo estas condiciones sí amerita la presencia militar en la zona, pero más que para una vigilancia, lo que se necesita de los militares es su labor de inteligencia. Esta es muy útil para que la policía luego pueda tomar acción. “Deben fortalecer las capacidades que tenemos de inteligencia y de policía proactiva, no para poder desarticular bandas, sino para poder atacar las causas del problema”, sostuvo.

Sobre suspender toda la actividad minera en Pataz, Ricardo Valdés opinión que esta medida afectará indudablemente al sector formal, pues el informal e ilegal se aleja de cualquier regulación y por lo tanto ninguna decisión legal les va a impedir que sigan operando.

“No les va a afectar. Va a afectar al formal. El ilegal está prohibido de operar, pero lo hace igual, con prohibición o sin ella“, sostuvo.

Asimismo, respecto a la exclusión de quienes figuren suspendidos en el Reinfo, Valdés dijo que se trata de otro ”paliativo", ya que quien se encuentra bajo esa condición es porque no pudo reunir todos los requisitos para tener un registro activo y de igual forma va seguir operando.

“Hará lo mismo que el que no tiene permiso para operar. Hay un montón de mineros que trabajan en Pataz sin Reinfo alguno. Poco importa si lo tiene suspendido o no. Trabajan con la fuerza que les dan estos grupos criminales que les brindan la seguridad y que se quedan con un porcentaje del oro", explicó.

En tanto, Zevallos opinó que es un buen inicio la exclusión de suspendidos del Reinfo, pero que de todas maneras es urgente un debate de fondo. Concluyó que hoy por hoy este registro no ha cumplido sus objetivos y sirve más bien como “patente de corso” (permiso o autorización) para muchos ilegales. Agregó que es llamativo que no se proponga nada sobre inteligencia e investigación criminal.

Por su parte, Pablo De la Flor, representante de la minera Poderosa, dijo a El Comercio que la empresa espera confirmar los reales alcances del anuncio sobre la suspensión de la actividad minera en Pataz, pues señaló que de alcanzar al sector formal sería desfavorable y conllevaría a un significativo un perjuicio económico.

“Sería contraproducente suspender las operaciones de los formales, algo que precisamente vienen buscando los ilegales hace años. Ello entrañaría no solo enormes pérdidas para las empresas formales que operan en la zona, sino también una menor recaudación para el fisco”, indicó.

Sobre los otros anuncios, los catalogó de “muy apropiados”, sobre todo el otorgarle el liderazgo de la zona de emergencia a las Fuerzas Armadas y la eliminación de quienes estén suspendidos en el Reinfo. “Esperemos que se vea una mejor actuación coordinada entre el Ministerio Público y las fuerzas del orden”, agregó.

De igual manera, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidió que se aclare si la medida sobre suspensión de actividad minera en Pataz incluye a empresas legales como la Compañía Minera Poderosa, una de las más grandes de la región.

“Suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente. No se debe castigar al que actúa dentro de la ley, sino a quien la viola o está vinculado al crimen”, sostuvo.

Por otro lado, expresó su respaldo a las otras medidas anunciadas por el Ejecutivo, pero insistió en que se debe dar un paso más decisivo: eliminar de forma definitiva el Reinfo y fortalecer la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley MAPE).

El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se presentó este lunes, dese las 3 y 30 de la tarde, ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, con el fin de que responda una serie de preguntas sobre el asesinato de los 13 trabajadores mineros en Pataz, así como exponer las medidas preventivas que tiene el Mininter para disminuir el riesgo de que ocurran nuevos actos de violencia en la zona.

Durante su intervención, se le consultó a Díaz Zulueta sobre si la suspensión de la actividad minera en Pataz incluía a las empresas formales, a lo que respondió que creería que sí, de acuerdo a lo anunciado por la presidenta, pero que no estaba seguro del todo.

El Ministerio Público informó que a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz continúa realizando diligencias como parte de la investigación contra los que resulten responsables del delito de secuestro agravado, con subsecuente muerte, de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la Compañía Minera Poderosa, en La Libertad.

El fiscal provincial Enrique Valverde Cabrera informó que luego del internamiento de los cadáveres en la morgue de Trujillo se realiza la identificación de los cuerpos y las necropsias médico legales. Además, dispuso la incautación de municiones percutadas y artefactos explosivos hallados en tres accesos a la zona denominada Rampa Yuli, a fin de que la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional en Trujillo realice la pericia balística forense.

En tanto, mediante una conferencia, el Ministerio Público informó que fueron identificados 5 cuerpos de los 13 mineros que fueron asesinados en Pataz, mientras que los otros permanecen sin reconocimiento por su avanzado estado de descomposición ya que se ha determinado que tienen un promedio de 7 días sin vida.

El pasado 30 de abril, en conferencia de Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, sostuvo en ese momento que la información del secuestro de los 13 trabajadores mineros en Pataz no era “veraz” y que hasta esa fecha no existía denuncia alguna. En ese sentido, indicó que el Gobierno no tenía noticias de que el hecho efectivamente se había producido.

Sin embargo, Enrique Carbonel, padre de uno de los trabajadores asesinados, aseguró que ya se había presentado una denuncia por el secuestro un día antes de la conferencia del primer ministro y que este no ha dicho toda la verdad. Asimismo, exigió al Gobierno que aceleren las investigaciones para encontrar a los responsables.

“Señor Adrianzén, usted sale el día viernes y dice que ni sabía nada y que no había ninguna denuncia, y es una mentira grande. Que sepa toda la nación que esa denuncia se presentó el día martes. Estoy indignado con esta actitud”, dijo. Además, lamentó la falta de control policial en la zona pese al estado de emergencia que rige en Pataz.