En marzo del 2020, un profesor fue denunciado por presunta violación sexual a dos mujeres de 19 y 35 años. Según se detalla en el caso fiscal, los hechos se habrían dado en el 2019, en una escuela primaria ubicada en el centro poblado de Oscollo, distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros (Apurímac). El acusado era el director del colegio.
Este caso, que aún se encuentra en estado de investigación preparatoria en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincheros, no es el único en el que un maestro es señalado como presunto agresor por un delito de violencia sexual. A través de pedidos de acceso a la información pública, ECData obtuvo el número de denuncias contra profesores por violación sexual que se realizaron ante la Policía entre enero del 2015 y junio del 2023.
En total, en este periodo se han denunciado 596 de estos casos. En promedio, cada año más de 70 profesores son denunciados por este delito. Solo este año, se ha realizado una denuncia cada seis días.
¿Por qué hay más reportes en SíseVe?
Por otro lado, en el mismo lapso de tiempo se reportaron 958 casos de presunta violación sexual de parte de personal educativo a escolares ante SíseVe, una herramienta del Ministerio de Educación (Minedu) para denunciar casos de violencia en las aulas. Es decir, existen más de 350 casos que, si bien fueron reportados ante el Minedu, no fueron eleva-dos a las autoridades policiales o fiscales.
Víctor Sausa, abogado especializado en violencia escolar, explica que esta diferencia en las cifras se debería a que el decreto supremo que obliga a los directores a denunciar por la vía legal todos los casos de presunta violencia sexual que reciben recién se publicó en mayo del 2018.
“Además, hay directores y personal de las UGEL que no capacitan a los padres de familia sobre los protocolos de actuación ante casos de abuso sexual. Por ello, ellos tampoco denuncian ante la policía o la fiscalía. Muchos creen que basta con hacerlo vía SíseVe”, señala Sausa, quien agrega que “la existencia de estos procesos paralelos es sumamente revictimizante (para las denunciantes)”.
Este Diario le envió un cuestionario al Minedu, pero pese a haberlo recibido, hasta el cierre del informe no obtuvo respuestas.
Casos fiscales
ECData también solicitó al Ministerio Público las cifras de casos de presunto abuso sexual -que no solo incluyen violación, sino también acoso, tocamientos indebidos, entre otros- contra docentes a nivel nacional. Solo seis fiscalías transparentaron dicha información. Entre ellas suman 167 casos ingresados desde enero del 2012 hasta agosto de 2023.
Solo el 22% de estos casos ha obtenido una sentencia. En promedio, estas fiscalías tardan dos años en resolverlos.
Dada la presunción de inocencia, hasta que no se emita una sentencia firme, los profesores no son inhabilitados para enseñar. Si bien, algunos son sacados de las aulas de la institución a la que pertenecían mientras se dieron los supuesto hechos, es posible que brinden clases en otras instituciones.
Para conocer los antecedentes del personal que se contrata, los directores y administrativos de los colegios cuentan con un buscador de sanciones del Minedu. Este se implementó con el objetivo de identificar antecedentes de docentes con sentencia confirmada, aquella que ya no se puede apelar. Por ello, la herramienta no muestra si un profesor tiene alguna investigación o proceso.
Así mismo, algunas veces, a los maestros denunciados y sancionados por la vía administrativa tampoco se les destituye o apelan a las sentencias que les dieron. De esta manera, continúan en las aulas. En agosto de esta año, ECData reportó que más de 400 docentes sancionados por abuso sexual no habían sido destituidos y 150 que sí lo fueron ya no lo estaban.
Por ello, es importante la celeridad en la resolución de casos. Para Sausa, además de la carga procesal, otros motivos para la demora en emitir sentencias es la falta de cámaras Gesell en diversas regiones “y la carga de procesos que deben asumir los pocos defensores públicos del Ministerio de Justicia”, sostiene.
Según el abogado, “es muy probable que los casos que presenten celeridad tengan una defensa privada y especializada”.
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