Ingreso a penales en manos del privado: ¿de qué trata esta medida y cuáles son sus implicancias?

El ingreso a los penales ya no estará más en manos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno dispondrá que el sector privado se encargue de administrar y resguardar dichos accesos. Esto sucede a solo días de la fuga de un reo del penal de Lurigancho, en Lima.

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso este miércoles, el titular del Minjusdh explicó que la medida responde a los problemas que se han vuelto evidentes en el sistema penitenciario. Asimismo, se ejecutará conforme a un decreto legislativo de hace más de diez años, el cual establece la posibilidad de que la entrada a los penales sea privatizada.

Arana detalló que en un inicio el sector privado estará a cargo de esta labor en los centros penitenciarios que a la fecha presenten más complicaciones. “Primero [empezaremos] por los penales con más problemas y riesgos, para que pueda la empresa privada hacer control.

En tanto, informó que, en los próximos días, su sector firmará un Decreto de Urgencia que permitirá convocar a un concurso, con el objetivo de que la actividad privada apoye al Estado en esta tarea.

“Nosotros vamos a poner en valor [ello] y, en estos próximos días, debemos estar aprobando el decreto de urgencia mediante el cual se somete a consideración de la inversión privada para que esta pueda hace control y verificar el ingreso y salida de todas las personas. Se va a someter a concurso“, señaló Arana.

El ministro también precisó que la administración y el control de los internos dentro de las cárceles seguirá estando en manos del Estado, a través del INPE.

Cabe mencionar que este anuncio se da tras la fuga de un reo del penal de Lurigancho el pasado 21 de abril, luego de trepar uno de los muros posteriores del recinto. También tras un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, que da cuenta de un fallo del Tribunal Constitucional del 2020, el cual estableció que si en 5 años no se adoptaban medidas para superar deficiencias como el hacinamiento, las prisiones debían cerrarse. Este plazo vence en mayo próximo.

Finalizada su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro Eduardo Arana declaró a la prensa y brindó detalles de la próxima incorporación de empresas privadas para el control de los ingresos de los penales. Aseguró que la medida solo se aplicará en los accesos a dichos recintos, ya que actualmente existe un déficit de personal y equipos en estos espacios.

“Hay ausencia de agentes penitenciarios y hay problemas en el ingreso de las personas. ¿Qué sucede? No hay bodyscan. Los rayos X para las maletas, los alimentos, las cosas que ingresan, no funcionan. Y si funcionan, funcionan mal. Entonces, tenemos déficit de personal y déficit de equipos en los ingresos. Hemos decidido una norma que permita que convoquemos, solo en los ingresos, a la actividad privada para que pueda atenderlos“, explicó.

Arana resaltó que este escenario de falta de equipos para una adecuado control en los ingresos de las cárceles ha perdurado por más de una década. En ese sentido, reconoció que el INPE no está más en capacidad de hacerse cargo de dichos accesos. “El INPE no lo puede hacer y hemos estado más de diez años sin bodyscan y el sistema de rayos X que no funciona”, enfatizó.

En tanto, ante las críticas por la ausencia de un jefe del INPE, tras la renuncia de Javier Llaque (por fuga en penal de Lurigancho), el ministro de Justicia afirmó que dicha situación no implica que la política penitenciaria, las órdenes y el control hayan sido afectados.

Erika Solis, investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP y experta en criminalidad, indicó a El Comercio que la medida de privatizar el ingreso a los penales puede generar contradicciones ético-jurídicas tomando en cuenta que la seguridad de las cárceles también implica el uso de la fuerza y el manejo de mecanismos de información sensible. Asimismo, dijo que pareciera que desde el Estado se está tratando de darle una mirada solo punitiva a la gestión de cárceles y de no querer hacerse cargo de la misma.

“Puede ser incluso muy cuestionable el hecho de que se ejerza por un privado que no sabemos si está realmente capacitado para este tipo de cosas, y más allá de eso, no se sabe cuál es el aval que tiene para realizar el ejercicio de mecanismos de seguridad que se requieren en cárceles tan hacinadas como las nuestras. No está comprobado empíricamente que sirve, porque no es una política nueva a nivel global, ya esto se ha tratado de aplicar en muchos lado y la situación de crisis sobre seguridad no ha cambiado en nada", indicó.

En tanto, Solis señaló que entre los posibles escenarios que pueden presentarse con los privados es que no se quieran hacer cargo de situaciones en el que tengan que hacer uso de la fuerza; incluso, de hacerlo, van a tener que notificar a la policía o a la seguridad penitenciaria. En ese sentido, precisó que tendría que quedar claro en qué lugar van a quedar los trabajadores del sistema penitenciario, sobre todo los relacionados a seguridad, así como qué pasará con ciertas funciones como investigación, requisas, entre otras. Agregó que hay determinadas formas de pericia para revisiones de personas y alimentos que el privado probablemente no las tenga.

“Puede ser que se cometan violaciones en muchos sentidos y lo peor es que no va a haber transparencia, porque el privado tiene una lógica de no generar ni reportar problemas, algo que ya ha pasado en muchos otros países. Estados Unidos es un claro ejemplo, pues tiene actividades de sistemas penitenciarios privatizadas y nada ha cambiado, incluso se ha agravado en las situaciones de uso de la fuerza mal fundamentado, violencia institucional por parte de los privados hacia los presos”, comentó.

Por otro lado, la experta subrayó que a lo largo de los años se ha tratado de implementar garitas y arcos de seguridad como parte de la política para evitar el ingreso de drogas y demás bienes prohibidos a las cárceles, pero partiendo de una mala premisa, que es que la visita la que ingresa estos objetos. Sin embargo, sostuvo que los especialistas en mercados ilegales saben que en realidad en los penales la mayoría de cosas entran por medio de las grandes cantidades de madera y comida.

“No hay ningún mecanismo que pueda hacer un registro de todo ello, porque eso no se puede hacer de forma manual. Entonces, se han implementado medidas, pero estas no tienen ningún tipo de claridad sobre dónde están en realidad los puntos débiles de las cárceles. Se centran en colocar arcos de seguridad, los cuales luego de tres o cuatro meses de inaugurados ya no funcionan. Allí también es muy importante ver los contratos“, manifestó Solis.

Por su parte, Noam López, experto en política públicas de la PUCP, dijo que la corrupción en el ingreso a los penales es muy evidente, con casos que están en el Poder Judicial sobre agentes penitenciarios que dejaron pasar equipos terminales, droga y bebidas alcohólicas. Frente a este escenario, añadió, la salida siempre parece ser “mandar todo a privatizar” y suponer que así habrá una mejora del servicio, cuando no necesariamente puede ser así.

“Yo creo, por ejemplo, que la dotación de tecnología en los accesos es algo que lo tienen más al alcance las empresas. Hablamos de sistemas biométricos, sensores, software de visitas, creo que en buena cuenta sí sería eficiente en comparación con lo que hoy en en día tiene el INPE. A veces hay como una carga administrativa muy fuerte, largas colas de espera siempre en la salida de los penales, no obstante, señaló que no hay que considerar la presencia del sector privado en este servicio como algo perfecto o ideal, pues también puede haber filtración de datos sensibles”, expresó.

Un informe de El Comercio reveló que el 26 de mayo del 2020, el TC declaró inconstitucional el hacinamiento en las prisiones y ordenó que, de no superarse esta adversidad, podrían cerrarse los seis penales más sobrepoblados del país. El fallo estableció un límite de 5 años para su cumplimiento, es decir, vence en mayo de este año.

“Declarar que si, en el plazo de cinco años, que vencerá en el año 2025, no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas, según se trate del nivel de hacinamiento”, señala el fallo.

Además, se planteó que las instituciones públicas respectivas, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberán asumir la responsabilidad de la omisión o deficiencia.

En diálogo con la prensa, el ministro sostuvo que el fallo del TC no establece que en cinco años los penales cierren, sino que no ingresará ningún interno más a los penales. A su vez, señaló que por diversas circunstancias, como el contexto de la pandemia, el Estado «no pudo disponer dinero» para la construcción de más recintos penitenciarios.

Recién en el 2024, añadió Arana, su gestión incorporó en la ley de endeudamiento del sector público un monto tres mil millones para la construcción de próximos penales.

El ministro Arana también informó que la presidenta Dina Boluarte habría de formar este miércoles el reglamento del Decreto Legislativo 1688, que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en penales.

Explicó que el reglamento establece que la responsabilidad de las señales electromagnéticas será de los operadores y, en consecuencia, no podrán disponer de señal externa de telefonía a esos recintos.

“Se debe firmar la norma por la cual se pone en vigencia la responsabilidad de los operadores de telefonía para que controlen que no haya señales electromagnéticas que ingresen a penales y centros juveniles”, indicó Arana.

Asimismo, precisó que en los próximos meses entrarán en funcionamiento bloqueadores de señales en 33 penales a cargo de una empresa privada, luego de que el INPE levantara las observaciones administrativas. Agregó que de 17 bloqueadores que había se ha pasado a 26. “La empresa a cargo de los bloqueadores se ha comprometido a actualizar el sistema para que funcionen a la perfección”, refirió.

El pasado lunes 21 de abril, un recluso del penal de Lurigancho, identificado como Jhon Kennedy Javier Sebastián, protagonizó una insólita fuga, luego de trepar el cerco perimétrico ubicado en la parte trasera del centro penitenciario. Ya afuera, mientras se alejaba, el interno exclamó “¡Aleluya! Cristo vive”.

El incidente ocurrió durante una actividad rutinaria realizada por el personal del INPE en dicho penal. Tras la fuga, las autoridades desplegaron en la zona un operativo en conjunto con la Policía Nacional, a fin de recapturar al reo lo más pronto posible.

Esta fuga desató una serie de cambios en el sistema penitenciario peruano, incluyendo la salida del quien fuera presidente del INPE, Javier Llaque Moya, y del director del penal. Asimismo, puso en evidencia fallas en la seguridad de una de las cárceles más importantes del país.

Jhon Kennedy, originario de Falcón, Venezuela, había sido detenido en Lince el 14 de agosto de 2023, tras ser acusado de robo agravado. Posteriormente, el Poder Judicial lo declaró culpable y lo condenó a una pena de 10 años, siete meses y siete días de prisión efectiva.

Por su parte, el ministro de Justicia dijo que tras la fuga se han identificado a los agentes penitenciarios que estaban a cargo de la seguridad en los puntos vulnerados, contra quienes se han iniciado las acciones disciplinarias correspondientes. En paralelo, se ha puesto en conocimiento al Ministerio Público, que también realiza una investigación.