Juan Silva sobrevive en el MTC tras cuatro gabinetes por estos motivos | INFORME

Silva es también el ministro que ha alineado la política del gobierno sobre transporte con la del Congreso y la de gremios detrás de empresas con miles de soles en papeletas.

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Si ya el anterior Congreso se encargó de aprobar por insistencia la legalización del taxi colectivo para rutas interprovinciales e interregionales, la actual gestión del MTC ha iniciado un proceso de empadronamiento con la Sutrán como ente que pasará de fiscalizador a encargado de registrarlos con apenas una declaración jurada y reuniones con pactos cuestionables con empresarios informales.

¿Qué procesos que impactan en la reforma del transporte están en pleno desarrollo?

Empadronamiento y reglamento de colectiveros

El 28 de diciembre pasado inició el proceso de empadronamiento de taxis colectivos como parte de la Ley N° 31096, aprobada en el 2020 por el Congreso de entonces.

Aunque se trata de un paso derivado de la norma, especialistas en transporte consultados por El Comercio cuestionan que la gestión de Silva decidiera hacerlo exigiendo apenas una declaración jurada.

Si bien Silva ha insistido que la inscripción en el padrón no garantizará que se les brinde la autorización futura para operar, la Resolución Ministerial 1354-2021-MTC/01.02, que crea el Padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en auto colectivo, indica que este será un insumo para la reglamentación de la Ley N° 31096. Es decir, recién plantearán los requisitos luego de empadronarlos.

Además, pone la tarea en manos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutrán), que por años ha sido blanco de agresiones por parte de taxistas informales y colectiveros.

“La Sutrán por ley tenía la competencia de fiscalizar y erradicar a los informales de las carreteras. Con qué malicia precisamente le designan esta tarea y la ponen de rodillas ante los informales”, cuestiona Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

Una fuente cercana a Sutran informó a este Diario que hasta el momento solo se han empadronado 8 mil de los aproximadamente 150 mil colectiveros que operan en el país sin ningún tipo de control. El bajo nivel de registro evidencia el poco interés en ingresar a un eventual sistema formal.

La parcialidad del gobierno hacia los colectiveros también se refleja en que a inicios del año, la campaña #Notepases de El Comercio informó que Silva colocó en la cabeza de la Dirección General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal al ex congresista de Frente Amplio Lenin Abraham Checco Chauca, uno de los impulsores de la ley del taxi colectivo y que además cuenta con una denuncia por acoso laboral.

“Queda claro que hay intereses muy fuertes de por medio que llevaron al poder al presidente y a muchos congresistas. Lo que está haciendo Silva es defender intereses personales y empresariales de algunos grupos, no piensan en lo que necesita la ciudadanía”, opina Alfonso Florez, gerente general de Transitemos.

Sobre la reglamentación de la ley de colectivos, Candia agrega que no existe ninguna garantía de que incluya mecanismos para asegurar la calidad y salvaguardad la vida de los pasajeros. “No hay argumento válido que acredite que se tenía que empadronar a los colectivos para hacer el reglamento. El mismo Tribunal Constitucional reconoció que la ley contraviene la libre competencia y que se tenía que perfeccionar, indicando dónde puede haber [el servicio]. Todo eso falta y están empezando por registrarlos”, dice.

De hecho, proyecto del reglamento, publicado en enero del año pasado, solo exigía que los colectivos cuenten con frenos ABS (sistema antibloqueo), GPS y otras especificaciones que para especialistas como el coronel PNP (r) Franklin Barreto, cx jefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, son insuficienten. En este informe de El Comercio, Barreto explicaba que el propio diseño de los vehículos livianos los hace vulnerables ante las fuerzas del viento en carretera frente a vehículos de mayor tamaño y peso como buses o tráilers.

Florez reconoce que hay zonas del país donde el servicio de colectivo es necesario, debido a la naturaleza de las vías donde un bus interprovincial no puede circular, sin embargo, sostiene que la forma en la que se está haciendo busca contentar a los empresarios por encima de la seguridad del usuario. “Sutrán no puede juez y parte, tenía que haberlo hecho las oficinas regionales del MTC que son las que autorizan finalmente las rutas y circulación de vehículos”, indica.

Kely Alfaro Montoya, investigadora asociada de URBES - LAB, recuerda que los problemas de informalidad en el transporte no son nuevos, pero tener un ministro que mantiene la lógica implementada hace 30 años es más que preocupante. “La informalidad es una política que viene desde el gobierno de Fujimori con la desregulación del sistema de transporte. El actual ministro Silva, que está desde el origen del gobierno de Castillo, continuó esa línea y la ratifica”, opina.

Esto no solo se evidencia en la ausencia de requisitos para implementar la ley de los colectivos, insiste Alfaro, “no garantizan la seguridad de las personas”, sino también en el nombramiento de personas cuestionadas en altos cargos en el MTC. Solo de agosto a noviembre, la gestión de Silva nombró a diez directores y jefes de direcciones que fueron retirados o renunciaron luego de denuncias periodísticas. Cargaban con multas por infracciones de tránsito, denuncias, procesos penales, conflicto de intereses y, en el mejor de los casos, inexperiencia en el sector.

“Es importante una mayor rigurosidad sobre quienes están colocados en las cabezas de las instituciones. Hay personas nombradas por Silva que tenían papeletas, incluso una persona tenía una sentencia por atropello, es una falta de respeto para todos”, dice en referencia a Mario Rubio Uriarte, ex Secretario General del MTC, que tenía una sentencia por daños y perjuicios en un atropello.

Ampliación automática de autorizaciones por 10 años

Uno de los puntos de coincidencia entre Ejecutivo y Congreso es el intento por prorrogar sin requisitos las autorizaciones de todas las empresas de transporte, incluso las deudoras.

Tras la famosa reunión de Silva con representantes de gremios de transportes, incluidos informales, realizada el 7 de noviembre pasado – de la cual se desprendió un acuerdo que incluía “regularizar” sanciones y bajar la valla para la obtención de brevetes –, uno de los transportistas confirmó que el propio ministro de Justicia de entonces, Aníbal Torres, hoy jefe de la PCM, les dio una “salida legal” para autorizar a combis por diez años más.

Actualmente hay un proyecto que se encuentra en evaluación en las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso y en la de Transportes y Comunicaciones. Este fue presentado el 21 de diciembre de 2021 por el congresista Héctor Valer Pinto (Perú Democrático, ex Somos Perú, ex Renovación Popular), que brevemente fue presidente de la PCM. Se trata del Proyecto de Ley N°1048-2021-CR, que busca modificar la Ley 30900 (que creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao) y ampliar la circulación de las combis por 10 años más.

La propuesta de Valer Pinto dice que busca evitar que estas empresas de transporte quiebren por la pandemia del COVID-19. Esto pese a que la precariedad de los servicios pone, precisamente en términos sanitarios, en riesgo a la población. Sin contar con los miles de soles en papeletas sin pagar por infracciones de tránsito que cargan muchas de ellas.

El proyecto, según anunció el mismo Valer Pinto el 17 de diciembre, había sido realizado junto a gremios de transportistas. Junto a él estaba Wilfredo Chávez Falconí, dueño de la empresa Orión (hoy llamado Holding Real Express) y presidente del Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), con quien estuvo en noviembre el ministro Silva.

Con un Ejecutivo en la misma línea, de aprobarse este proyecto en el Pleno no sería observado y el gobierno de Castillo perpetuaría el reinado de las combis en Lima y Callao.

Promesa de amnistías y menor valla para el brevete

Otro punto que ha pasado desapercibido por la crisis política es que sigue vigente el acuerdo de Silva con nueve empresas de transporte que en suma adeudan casi 53 millones de soles en papeletas. Según reveló El Comercio en este informe de diciembre pasado, el acta firmada al término de la reunión contenía el compromiso del MTC para evaluar un proyecto de ley para generar una amnistía de multas

“El MTC, en coordinación con la Sutrán, evaluará la aprobación de un programa de regularización de sanciones que comprendan aquellas que no constituyan conductas delictivas y que no tengan incidencia en la seguridad vial”, decía el número 5 del documento.

Para Candia, esta es una de las promesas más nocivas porque significa favorecer a los choferes y empresarios que llevan incumpliendo las normas durante décadas. “Es premiar al que no paga, una lección pésima en cualquier país del mundo”, dice.

El experto sostiene que los intentos por desaparecer las papeletas tiene varios años y se sustenta en que el sistema actual brinda al infractor una serie de beneficios administrativos que evitan que los cobros sean ejecutados a tiempo. Por ello Luz Ambar presentó un proyecto para que las sanciones de tránsito y transporte tengan una atención sumaria, tanto para el cobro como para la absolución.

“Las papeletas son sanciones administrativas y están ceñidas a la Ley de procedimiento administrativo general. Esto permite que el ciudadano, cuando recibe la sanción, pueda presentar un descargo, recurso de reconsideración, de apelación, ir al juzgado contencioso administrativo e incluso hasta la Corte Suprema. Gracias a eso hay millones de deudas y no hay voluntad de las autoridades de querer resolver el problema de fondo”, cuestiona.

Alfaro coincide con que las promesas de amnistías se alejan de cualquier intento de implementar una política preventiva de infracciones, en salvaguarda de la vida de las personas. “Las normas no son preventivas sino recaudadoras, el foco está puesta en la papeleta, no se implementan lógicas de educación vial ni exámenes rigurosos para acceder a los brevetes. Y si al conductor no cumple la ley y acumula papeletas ¿qué hace el Estado? Amnistía, eso es una mala señal al sistema de regulación”, sostiene.

En opinión de la especialista es evidente la ausencia de una mirada integral al sistema de transportes donde se reconozca las responsabilidades del MTC, pero también de la Policía Nacional y de los municipios.

“¿Qué pasó con la intermodalidad? ¿Qué pasó con los intentos, en la primera ola de la pandemia, de interconectar a la bicicleta en un sistema de transporte público. ¿Qué pasó con las vías exclusivas de transporte público? El foco de la gestión está puesta en movilidad motorizada y para colmo han flexibilizado la regulación”, cuestiona.

Otro de los acuerdos que quedaron en papel – con la correspondiente firma de Silva – es la eliminación el examen de conocimientos para la segunda revalidación de la licencias de conducir profesionales (AII y AIII) en choferes de más de 55 años. Con ello, los conductores que excedan esa edad no tendrán que demostrar que conocen las normas aunque los reglamentos se actualicen cada año.

Pese a todo, tal como ocurre con otros cuestionados ministros, el presidente Pedro Castillo se mantiene en silencio sobre las críticas.

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